Los valencianos no necesitamos más protocolos ni que se eleve a la categoría de Consellería la gestión de emergencias. Sería una huida hacia adelante, dejando atrás el objeto de revisión.
Ya existen muchos protocolos, normativas y entidades para gestionar emergencias, que delimitan claramente las funciones y coordinaciones. Estamos ante un incumplimiento de estos, de su puesta en marcha, y quizás ante una falta de mejoras de sus funciones. Lo que esta crisis pone de manifiesto es la necesidad de revisar lo que no se ha activado, desde la pre-emergencia hasta la post-emergencia, dónde están las responsabilidades en la evidente dejación de funciones que hubo, y qué aspectos cabría mejorar.
El CECOPI forma parte de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), bajo la dirección del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Este organismo tiene rango de sección dentro de la Subdirección General de Emergencias de la AVSRE. ¿De verdad creen que haya que crear más entidades y protocolos sin marearnos?
¿La activación de bomberos, policía, servicios de salud y complementarios se hizo desde el CECOPI como marca la normativa?, ¿o se hizo por reinos de taifa desde cada ayuntamiento conforme surgían sus necesidades en un sálvese quien pueda? ¿Activó el CECOPI la pre-emergencia comunicando los avisos de la AEMET, que venían del día anterior en alerta naranja y elevado a roja desde el fatídico día 29 a las 07:31h? ¿Y los avisos de desbordamientos, de los que empezó a avisar la CHJ desde las 11.50h? ¿Trasladó estos avisos en tiempo real a través de un sistema de mensajería interna, seguro y compartido con todos sus integrantes, y asimismo, dioconsejos de autoprotección a los ayuntamientos como marca la normativa?
A tenor de las informaciones que van saliendo, podemos ya asegurar que el CECOPI no estaba funcionando ni tan operativo ni tan integrado. Y que carecía de medios suficientes, por lo que habrá que determinar si esto guarda relación con recortes presupuestarios y de personal cuya formación fuera incluso insuficiente.
Que no emitiera actas ni hubiera grabado la reunión crucial del día 29 de noviembre es una grave anomalía, impropia de un centro de operaciones, donde todo tiene que quedar registrado. ¿Monitorizaba el CECOPI infraestructuras y zonas críticas 24/7? ¿Tenía cámaras situadas en zonas previamente clasificadas como críticas de la Comunidad Valenciana, que pudieran visualizarse desde pantallas gigantes? ¿Trabajaba con mapas el personal de sala, tenían sala de operaciones? ¿Disponía de drones con visor nocturno? ¿Se emplearon en la fatídica noche? ¿Cuántos se emplearon en los días posteriores para el rescate y valoración de daños? ¿Y en toda la zona afectada? ¿Disponía de varios sistemas de comunicaciones “internos” grupales, automáticos, donde en tiempo real todos sus integrantes recibieran la información, incluido el President, pudiendo interactuar?
Y cuando digo internos me refiero también a si crearon un canal con los municipios afectados. ¿Tenían sistemas alternativos para cuando fallen las comunicaciones, como teléfonos satelitales o/y Bgan? ¿Tenía clara todo su personal la cadena de coordinaciones con los municipios que establecen sus normativas y protocolos? Porque con las informaciones aparecidas hasta la fecha vemos que algunos alcaldes recibían la información solo desde uno de los integrantes del CECOPI, y no del mismo CECOPI, casi como un favor.
¿Tenía el CECOPI un sistema de seguimiento interno con todos sus miembros, teniendo como tiene asignadas las funciones de análisis y procesamiento de información, y la coordinación hacia los municipios? Si yo misma como una ciudadana más estaba siguiendo los avisos de la AEMET y CHJ en tiempo real a través de las redes sociales, el CECOPI estaba obligado a integrarlo antes de forma interna con sus fuentes primarias. ¿Siguieron el CECOPI y el CCE la cadena de mando?
Tanto la regulación del CECOPI como la Circular de Prevención de Inundaciones 2014 de la Generalitat, le confieren la monitorización con los municipios, la activación de los protocolos en contacto con la AEMET y “permanente comunicación con la CHJ”, así como que el CCE transmita la activación de emergencias a los municipios. Siendo que el gabinete de información AVSRE difunde los avisos oficiales, evidencian, todo junto, que estamos ante una cadena de incumplimientos. Por todo ello, creo que introducir las mejoras de ley tendría que ir más encaminado a especificar de lleno en los protocolos ya existentes, las etapas, desde la pre-emergencia hasta la post-emergencia, detallando quién hace qué y cómo, de obligado cumplimiento y bajo sanción, incluido el registro de todas las actuaciones.
Y también obligar a lanzar alertas masivas, de forma automática; es decir, sin tener que jerarquizarlas sobre la práctica esperando a que llegue el President, cuando se superen determinados niveles de caudal, y seguir así el mismo modelo para incendios, vientos fuertes (tendremos cada vez más tornados), nevadas, olas de calor, riesgos sísmicos, químicos, etc. Junto con campañas de educación a la población.
No se caiga en la tentación de entender las alertas como una sola cosa, el mensajito al móvil, que cabría no obstante perfeccionar acompañándolo de instrucciones más precisas y simples para la población como: evitar cauces y barrancos, suspensión de movimientos, refugiarse en zonas de altura, etc. La directiva de la UE obligaba a los Estados miembros a asumir el sistema de alertas antes de junio de 2022, que la Generalitat de entonces presentó en rueda de prensa; es decir, que ya no era un borrador. Ya es amplia de por sí, pues incluye mensajes televisados y por radio (los que interrumpen la programación son muy efectivos en España), altavoces exteriores, sirenas, pantallas y vallas publicitarias. Con esto quiero decir que había mil y otros modos de lanzar la alerta, si es que la Consellera no se había enterado aún que ES-ALERT era de obligada asunción desde junio de 2022, hecho ya grave de por sí.
Mandar confinar, inmovilizar, teletrabajar, restringir movimientos y circulación de vehículos, evitar zonas específicas, e incluso evacuar, es el vocabulario propio a emplear en una alerta, que tiene que ser breve y concisa para que toda la población la entienda de inmediato.
Hemos tenido buenos ejemplos antes de esta crisis, como los de la DANA 2019, y las anticipaciones de la Universitat de València, las restricciones de Elche y Bombers de la Diputación de Castelló, entre otros, con la actual crisis. Y para ilustrar lo rápido que han aprendido otras administraciones tras esta catástrofe, con la segunda DANA son buenos ejemplos de gestión pre-emergencia la suspensión de clases y aprobación del teletrabajo en cinco comarcas de Tarragona, y que el mismo alcalde de dicha ciudad, además de decretar el teletrabajo, suspendió las obras, cerró mercados y centros deportivos, y puso a la guardia urbana en vigilancia de cauces y ríos, además de limitar el estacionamiento en zonas susceptibles de ser afectadas.
En Andalucía se desalojaron 3.000 personas de la ribera del río Guadalhorce malagueño, se suspendieron las clases en dicha provincia y en cuatro poblaciones de Granada. Deberían los periodistas recuperar unas declaraciones del Jefe de Bomberos de Valencia, que no recuerdo si fueron el día 29 o el 30, en que respondiendo a preguntas de los periodistas dijo que no se inmovilizo a la población porque no se quería paralizar la actividad económica. Quizás ahí esté una de las claves que nos indique el grado de conciencia con que se gestionó esta DANA, y lo innecesario que resulta a estas alturas negar que el confinamiento climático, muy asumido en Centroeuropa, salva vidas y sale mucho menos costoso que paralizar la actividad económica, aun con el teletrabajo, un solo día.
