Glovo ha anunciado un cambio en su modelo de negocio en España ante la presión judicial y política, y contratará a sus trabajadores. La compañía lo ha hecho público un día antes de que su fundador, Óscar Pierre, deba declarar ante el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Este caso, que pasa a la jurisdicción penal, podría conllevar penas de prisión de entre 6 meses y 6 años.
La jueza instructora del caso, María Isabel Hernando Vallejo, deberá determinar si Glovo mantenía un modelo de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal. Según la Fiscalía, la empresa continuó aplicando el mismo sistema para los trabajadores del sector, los riders, a pesar de la histórica decisión del Supremo en 2020. En cambio, la defensa de Pierre argumenta que se adaptaron las condiciones para ajustarlas a un modelo legal de autónomos. Algunas sentencias de la Audiencia Nacional han revocado sanciones de la Seguridad Social al considerar que los repartidores podían conectarse o no a la aplicación con total libertad. Sin embargo, el Supremo rechazó el modelo porque favorecía a los trabajadores con mayor demanda.
La Fiscalía pone el foco en las condiciones laborales de los riders: la falta de un salario conforme a la jornada laboral y la ausencia de cotizaciones a la Seguridad Social, acciones que tenían como objetivo “reducir gastos empresariales” y que perpetuaban un modelo ilegal de falsos autónomos.
Glovo ha acumulado varias sanciones de la Inspección de Trabajo por mantener este sistema a pesar de la sentencia del Supremo. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha mantenido la presión sobre la empresa desde la aprobación de la Ley Rider en 2021, que buscaba acabar con el abuso de los falsos autónomos en el sector. Esta norma recibió el apoyo de la CEOE, pero no de Foment del Treball.
La ministra Yolanda Díaz celebró la decisión como una victoria: “He dicho a mi país y durante la presidencia europea que un joven que va en bicicleta con un móvil en la mano en cualquier ciudad del mundo no es un emprendedor, y las normas así lo determinan”, afirmó desde Bruselas. El cambio de modelo de Glovo implicará la regularización de 60.000 trabajadores, lo que Díaz calificó como “el movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por el Ministerio de Trabajo”. Se prevé que esta regularización genere 267 millones de euros en ingresos, además del doble en sanciones e intereses.
Desde CCOO también celebran la decisión, pero muestran preocupación por la situación de las personas migrantes que trabajan en el sector, ya que “podrían verse en riesgo de perder el empleo”. Además, aseguran que vigilarán que Glovo pague las cotizaciones sociales pendientes de los años en que los trabajadores operaron como falsos autónomos y que no se produzcan casos de cesión ilegal de trabajadores.
Just Eat denuncia a Glovo por competencia desleal
A la causa abierta por la Fiscalía se suma la denuncia presentada por Just Eat España el pasado 29 de noviembre ante los Juzgados del Mercantil de Barcelona por competencia desleal, acusando a Glovo de vulnerar la legislación con la figura de los falsos autónomos. Just Eat, que cuenta con una plantilla de 2.500 trabajadores, fue la primera empresa del sector en aprobar un convenio para los riders en diciembre de 2021 y adaptarse a la legislación contratando a sus trabajadores.
Desde Just Eat denuncian que Glovo acumula numerosas sentencias en su contra, lo que coloca a su compañía en “una clara situación de desventaja competitiva”. Just Eat España calcula que Glovo se ha ahorrado más de 645 millones de euros en los últimos años gracias a su modelo de falsos autónomos, lo que le ha dado una ventaja considerable respecto a las demás compañías del sector.
