No se trata de un episodio puntual ni de un fallo del mercado: es una crisis sistémica que cuestiona la base del modelo social europeo. Y en este escenario, las metrópolis se han convertido en el verdadero campo de batalla, tanto por la intensidad con la que se manifiesta la crisis como por el potencial transformador que acumulan para buscar soluciones.
En la región metropolitana de Barcelona, cerca del 40% de los hogares inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda, y la gran mayoría no tiene ninguna expectativa de ser propietaria, ni por heredar un piso, ni por tener capacidad financiera o ahorros para comprar uno. Este escenario no es exclusivo de nuestro territorio, sino que se repite en Atenas, Bolonia, Budapest, Dublín, Gante, Leipzig, Lisboa, Lyon, París, Roma y Varsovia, donde las administraciones locales y los movimientos sociales reclaman herramientas para intervenir en un mercado especulativo y financiarizado.
Ante un mercado globalizado, especulativo y desarraigado, son precisamente los gobiernos locales y metropolitanos —los más cercanos a la vida cotidiana de la gente— quienes están proponiendo respuestas más ambiciosas y tangibles. Y lo hacen, a menudo, sin tener ni las competencias ni la financiación suficientes para llevarlas a cabo.
La paradoja europea: creciente exclusión en el continente del bienestar
Europa presume de ser el continente del bienestar, pero el mapa residencial europeo muestra otra realidad: una en la que crece la exclusión habitacional incluso en países con una larga tradición de intervención pública.
Solo el 10% de la población europea vive en vivienda social o subvencionada. Desde 2015, los alquileres han subido más de un 15%, mientras que los salarios lo han hecho solo un 7%. En 2024, un 10,6% de los hogares urbanos destinaban más del 40% de su renta a la vivienda, un porcentaje que baja al 7% en zonas rurales. Y el peso de esta crisis es desigual: castiga especialmente a los hogares con menos ingresos, personas jóvenes, migrantes, monoparentales y en situación de vulnerabilidad.
Pero si el problema tiene una escala europea, también debería tener una respuesta a esa misma escala. El European Housing Action Plan, elaborado por la alianza Mayors for Housing y presentado recientemente a la Comisión Europea, recoge propuestas concretas para hacer frente a la emergencia residencial y a la crisis de asequibilidad, buscando influir en el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, previsto para 2026.
Pero esta hoja de ruta no puede quedarse en una visión centralista de las grandes capitales. La crisis de la vivienda, por su naturaleza sistémica y territorialmente desigual, trasciende con fuerza las fronteras administrativas y llega hasta los barrios periféricos, las ciudades medianas y los municipios dormitorio o universitarios que conforman el tejido real de las metrópolis. Es aquí —en la cotidianidad de una región metropolitana fragmentada pero interdependiente— donde se juega, de verdad, el futuro del derecho a la vivienda.
El reto metropolitano: donde la crisis se hace tangible
En la región metropolitana de Barcelona, la crisis se vuelve estructural: escasez de vivienda asequible, descalificación de vivienda protegida hasta 2050, presión turística y acumulación de inmuebles para usos más rentables que el alquiler habitual. Además, las desigualdades socioeconómicas se territorializan en un contexto con vivienda pública insuficiente (≈ 2%), generando una segregación residencial cada vez más acentuada por el desmesurado esfuerzo económico que supone vivir en la metrópoli.
La misión de las metrópolis es crítica: deben garantizar una oferta adecuada y asequible de vivienda, regenerar un parque existente antiguo e ineficiente energéticamente, y al mismo tiempo regular la especulación para priorizar los usos residenciales. Si esta misión fracasa, las consecuencias se extienden más allá de los límites de la capital: condiciones de vida precarias, desplazamiento de población trabajadora a zonas periféricas, segregación social, pérdida de atractivo económico y riesgos climáticos.
Para poder responder a esta complejidad, las metrópolis necesitan instrumentos, competencias y recursos a la altura del reto. Y esto solo es posible si los Estados y las instituciones europeas reconocen y refuerzan su papel central en la política de vivienda. No es solo una cuestión de subsidiariedad: es una necesidad estructural para proteger aquello que hace Europa habitable.
De Dublín a Barcelona: el valor de las alianzas para activar el derecho a la vivienda
Muchas metrópolis europeas han entendido que la crisis de la vivienda no se puede abordar desde una visión localista, sino desde una mirada metropolitana que integre el conjunto de municipios interdependientes. Algunas de estas experiencias fueron presentadas durante el International Social Housing Festival 2025, celebrado en Dublín.
Es el caso de la Metrópolis de Lyon y la del Gran París, que tienen competencias plenas en vivienda y las ejercen de forma coordinada sobre todo el territorio metropolitano: 58 municipios en el caso de Lyon y 131 en el del Gran París. Esta escala supramunicipal les permite desarrollar una planificación conjunta, activar instrumentos propios e impulsar proyectos que no tendrían el mismo impacto si se ejecutaran solo desde la ciudad central.
En Lyon, por ejemplo, se ha impulsado la creación de la cooperativa mixta “Logement d’abord“, que adquirirá y rehabilitará 350 viviendas del parque privado para convertirlas en vivienda social, con apoyo del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y una inversión inicial de 1,6 millones de euros. Además, tanto en Lyon como en París se están desplegando iniciativas inspiradas en los Community Land Trusts, como la “Foncière Solidaire“ y el sistema de tenencia “Bail Réel Solidaire“, que permiten separar la propiedad del suelo y de la vivienda para garantizar precios asequibles a largo plazo y evitar la especulación.
En Viena —caso emblemático—, casi el 50% de la población de la ciudad vive en vivienda social de titularidad municipal o de cooperativas subvencionadas. Sin embargo, este modelo de éxito se aplica exclusivamente dentro de los límites del municipio, ya que no existe una entidad metropolitana con competencias de vivienda que cubra el área urbana extendida. Esta falta de gobernanza metropolitana limita el impacto redistributivo del modelo más allá de los 23 distritos vieneses.
Barcelona, Viena y Ljubljana comparten experiencias durante el International Social Housing Festival 2025
Estas experiencias comparten tres elementos: gobernanza pública fuerte, alianzas estables y financiación estructural. También demuestran que ninguna ciudad puede avanzar sola, y que para garantizar el derecho a la vivienda a escala europea, es necesario reforzar las metrópolis como espacios clave de innovación, coordinación y acción estructural.
Europa no puede quedarse al margen
Aunque las competencias en vivienda son principalmente estatales y autonómicas, la dimensión y naturaleza de la crisis exige una respuesta europea coordinada y ambiciosa.
Europa debe pasar de ofrecer financiación dispersa a asumir un papel activo, estableciendo objetivos comunes, criterios sociales vinculantes y un fondo específico para la vivienda asequible y social, gestionado con acceso directo por parte de las ciudades y las metrópolis. También permitiendo, e incluso impulsando, regulaciones locales como el control de alquileres o la limitación de los usos turísticos; y activando una plataforma europea de inversión con instrumentos financieros adaptados a las necesidades reales del territorio.
La política de vivienda europea debe dejar de ser marginal para convertirse en un verdadero pilar del bienestar. Y eso solo será posible si se escucha —y se dota de recursos— a aquellos territorios que hoy están en primera línea: las ciudades y regiones metropolitanas.
Durante el International Social Housing Festival celebrado en Dublín la semana pasada, se habló mucho del poder de las historias. Pero las historias solo transforman cuando se convierten en política. Y hoy, la política de vivienda necesita ser reescrita desde los territorios donde la crisis se vive con más intensidad.
Las ciudades y metrópolis europeas no pueden esperar y ya están actuando. Están comprando viviendas, rehabilitando barrios, movilizando suelos, adjudicando terrenos a cooperativas, poniendo límites a los alquileres, convirtiendo la resistencia cotidiana en acción institucional. Pero no pueden hacerlo solas. Necesitan alianzas, marcos legales, financiación estructural y voluntad política a todas las escalas.
Reconstruir el derecho a la vivienda es una tarea colectiva y urgente. No empieza ni acaba en Bruselas, pero tampoco puede quedarse en los márgenes de los barrios. Es necesaria una coalición multinivel y a todas las escalas, porque Europa no será justa, ni democrática, ni sostenible si no garantiza el derecho a la vivienda.
Catalunya Plural, 2024 
