Los ataques de Israel contra Palestina, en especial contra Gaza, han sido calificados por Amnistía Internacional y las mismas Naciones Unidas como genocidio, término que fue creado por un judío polaco, Raphael Lemkin, en 1944. Poco después, y ya terminada la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas adoptaron el concepto, que definieron como los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Desde octubre de 2023 hasta el mes de junio de este año, decenas de miles de personas civiles han muerto a causa de los ataques del ejército israelí, más de la mitad de las cuales eran niños, mujeres o personas mayores. Más personas aún han resultado gravemente heridas, muchas con amputaciones de miembros, y otras han muerto por infecciones, desnutrición o falta de acceso a los servicios sanitarios. Los efectos sobre la salud de la población persistirán a largo plazo por afectaciones físicas o psicológicas y por la ausencia de servicios básicos. Con las agresiones continuas y el bloqueo de la ayuda humanitaria, las condiciones de vida son dramáticas. UNICEF advierte que hay un millón de niños y niñas (la práctica totalidad de la población infantil) que están sufriendo escasez de alimentos, de agua potable, de vivienda y de atención sanitaria. Los niños son, junto con las personas mayores, los grupos más vulnerables, que sufrirán de por vida los efectos traumáticos de la guerra sobre su desarrollo. Matar, herir y enfermar a los niños es una manera de hipotecar el futuro de un pueblo.
Otras informaciones, como un estudio publicado en The Lancet, documentan que la esperanza de vida de la población palestina al nacer, solo en los primeros 12 meses de guerra, se redujo casi a la mitad, un 46% (38 años para los hombres y 30 años para las mujeres), aunque probablemente la pérdida sea mayor porque el estudio no ha tenido en cuenta el efecto indirecto de la guerra sobre la mortalidad, según reconocen los propios autores.
Uno de los componentes de la conducta genocida es imponer condiciones de vida destinadas a destruir el grupo dificultando los mecanismos de ayuda y de apoyo mutuo y los sistemas de cuidado educativos o de salud. Así se explica la especial agresividad que durante estos meses ha mostrado el ejército israelí contra los equipamientos y los profesionales sanitarios. Según informa recientemente Health Workers For Palestine Spain, la totalidad de los 36 hospitales han sido bombardeados desde octubre de 2023 hasta el actual mayo. El 40% han sido destruidos y el resto funciona parcialmente. En el norte no hay ninguno operativo. También han sido atacados los centros de atención primaria, de los cuales solo la mitad están en funcionamiento y de manera parcial. Estas acciones culminan décadas de ocupación, de control del sistema sanitario palestino y de vulneración del derecho de acceso a la atención a la salud de su población.
El Ministerio de Salud en Gaza ha referido que se han producido 720 ataques (más de uno por día) contra estructuras sanitarias y que 1.581 trabajadores de la salud han sido asesinados; 361 han sido ilegalmente detenidos y probablemente torturados en prisiones israelíes, en una acción deliberada contra las personas que trabajan por la protección y el cuidado de la vida. Se puede hablar, pues, de la existencia de una guerra sanitaria de grandes dimensiones, nunca vista hasta ahora en la historia reciente, como componente del plan genocida, y que contraviene el Derecho Humanitario Internacional por la denegación sistemática por parte de Israel de agua, alimentos, medicamentos, atención sanitaria, refugio, combustible y electricidad.
Actualmente, los mayores centros operativos son el Complejo Médico Nasser –el hospital de referencia más importante que queda en Gaza, que está funcionando al 180%– y el Hospital Al-Amal, las rutas de acceso a los cuales quedarán obstruidas si se cumplen las amenazas de Israel y ni pacientes ni profesionales podrán acceder. En un comunicado la OMS alerta que si estos hospitales dejan de funcionar supondrá una reducción de 490 camas y consecuencias nefastas para los pacientes que necesitan atención quirúrgica, cuidados intensivos, transfusiones, atención oncológica y diálisis. Por eso pide medidas de protección urgentes para los dos hospitales y que la entrega de medicamentos esenciales y suministros médicos se agilice de inmediato y se facilite el acceso a través de todas las rutas posibles. La OMS hace un llamamiento a un alto el fuego inmediato y permanente y a que se levante el bloqueo de la entrada de los 50 camiones con medicación esencial y alimentos que están esperando en la frontera.
El personal sanitario y los trabajadores humanitarios se enfrentan a riesgos considerables. Algunos abandonan las zonas en conflicto por su propia seguridad y la de su familia. Tan solo otros se quedan y siguen atendiendo a los enfermos. Su testimonio es conmovedor, como el de la doctora canadiense Tanya Haj-Hassan que grabó sus vivencias y las de sus compañeros palestinos en el hospital Nasser durante seis semanas que califica de infernales. Uno de los directores del hospital declaró que la situación “desafía la imaginación humana”. El British Medical Journal se ha hecho eco de este testimonio en un editorial, Gaza: doctors’ testimonies demand a permanent ceasefire, en el que afirma que informar sobre la destrucción gratuita de instalaciones sanitarias y sobre el asesinato de profesionales de la salud y trabajadores humanitarios es asunto de una revista médica y que las revistas que esquivan el impacto de las decisiones políticas no están haciendo su trabajo.
En otra publicación de la misma revista firmada por médicos del Reino Unido, Safeguarding healthcare workers in Gaza and throughout occupied Palestine, también se reclama el alto el fuego y la protección del personal que sigue trabajando en condiciones terribles. La violencia y la deshumanización que sufren los palestinos violan el compromiso con los derechos humanos y con los principios médicos y éticos y tendrán consecuencias negativas más allá de Palestina. Los autores requieren una amplia presión por parte de la sociedad civil y los grupos profesionales para exigir responsabilidades a los gobiernos por el incumplimiento del Derecho Humanitario Internacional.
En relación con el compromiso de los médicos, la revista JAMA ha dado a conocer un estudio que examina las declaraciones y acciones de las sociedades médicas y quirúrgicas reconocidas por el Consejo de Sociedades de Especialidades Médicas en Estados Unidos en relación con la situación de Gaza. De las 53 sociedades analizadas, solo 13 tenían alguna declaración en su página web. Mucho más comprometido es el movimiento Health Workers for Palestine (HW4P), fundado por un grupo de médicos en octubre de 2023 en el Reino Unido, para luchar contra la censura que sufrían al defender los derechos de los trabajadores sanitarios y el derecho de los palestinos a la atención sanitaria. Rápidamente se ha extendido por todo el mundo y ahora es el mayor grupo de defensa de trabajadores sanitarios que aboga por el fin del genocidio y por una Palestina libre.
En nuestro país, algunos colegios de médicos (Toledo, Barcelona, Navarra…) se han pronunciado contra la vulneración del derecho internacional y los ataques a instalaciones y profesionales sanitarios, pero otros se han negado. Hasta hace pocos días no lo había hecho el presidente de la Organización Médica Colegial de España.
Como sanitarias, el atentado contra los derechos humanos, el genocidio en curso, la destrucción de la sanidad palestina, el asesinato de miles de trabajadores de la salud y de la ayuda humanitaria nos interpela, porque nuestra profesión tiene que ver con la salud y el bienestar de las personas y con el máximo respeto por la vida humana. Por eso tenemos el deber profesional y ético de denunciar las acciones criminales que está practicando el Estado de Israel, que no solo son la vergüenza de nuestros días, son la condena moral de una sociedad que las ha permitido.
Catalunya Plural, 2024 
