Ione Belarra, secretaria general de Podemos, diputada en el Congreso y exministra del gobierno de Pedro Sánchez, ha manifestado en el diario Ara que si Cataluña dispusiera de competencias en inmigración “los Mossos harían redadas racistas basadas en el perfil étnico”. Lo más curioso es que Belarra afirma que eso “es lo que hace ahora la Policía Nacional”.
Las competencias sobre inmigración más allá de la demagogia
Vayamos por partes. Juristas de prestigio como el profesor Joan Ridao intentaron en su momento aclarar en artículos en el propio diario Ara o en El País cuál podría ser el alcance real de esta delegación de competencias que Junts, que la había pactado con el PSOE, intentaba inflar y magnificar. Ridao recordaba que el Estatuto de Cataluña de 2006 ya atribuye a la Generalitat competencias sobre inmigración en conexión con otras de tipo laboral, de justicia, vivienda, sanidad, prestaciones sociales y educación. Más allá de estas facultades, es bien sabido que la Constitución otorga al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración, pero el artículo 150.2 contempla la delegación de potestades estatales que por su naturaleza puedan ser transferidas. Ridao considera que algunas de las nuevas competencias relacionadas con extranjería y protección internacional sí serían delegables; opina, en cambio, que la controvertida facultad de expulsión administrativa (no la expulsión por delito, que es competencia de los jueces), requeriría reformas de leyes como la de Extranjería o la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sea cual sea el alcance final de la delegación, que aún no se conoce, el hecho de que Cataluña pudiera ver incrementadas sus competencias en materia de inmigración permitiría acercar su gestión a nuestra realidad, sería una forma de garantizar mejor los derechos de las personas migrantes y abriría la posibilidad de un mayor control, por ejemplo, por parte de la Síndica de Greuges (Defensora del Pueblo), sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), que ahora no puede inspeccionar porque depende de la administración central, en el supuesto de que no se proceda a su cierre.
En estos momentos la migración es un tema sensible. Vox realiza cada día declaraciones xenófobas que la sitúan al margen de la Constitución y anuncia la deportación de ocho millones de personas, mientras busca encender situaciones como la de Torre Pacheco. El PP, por miedo a perder votos de la extrema derecha, asume buena parte del discurso del partido de Abascal. Y lo mismo ocurre en Cataluña, donde Junts no deja de mirar hacia Ripoll y endurece sus posiciones para evitar la fuga de votos hacia Aliança Catalana, como detectan las encuestas. Por eso es muy grave que un partido de izquierdas como Podemos frivolice sobre un tema tan delicado que afecta a los derechos de miles y miles de personas. Y es también inaceptable que el secretario de organización de Podemos, en lugar de rectificar, eche más leña al fuego y equipare a Junts con Vox, una comparación que ni los más críticos con el partido de Puigdemont podemos compartir.
El centralismo de Podemos. Contra los Mossos d’Esquadra
Las palabras de Belarra son de un centralismo de manual: piensa que es mejor que todas las competencias de inmigración sean gestionadas por el Gobierno central antes que por la Generalitat, porque el Gobierno catalán podría “recriminalizar a las personas migrantes”; esta prevención podría extenderse, sin embargo, a las competencias sobre seguridad ciudadana, prisiones, servicios sociales, lucha contra la violencia machista y a todas las demás, lo que implica cuestionar la capacidad de Cataluña para autogobernarse: es decir, según Belarra, ni Estado plurinacional, ni Estado federal, ni siquiera Estado de las autonomías. Podemos hace tiempo que envuelve en bellas palabras vacías una concepción centralista del Estado y de su organización interna como partido, que en las nacionalidades solo dispone de sucursales sin autonomía ni política ni financiera. No olvidemos que Pablo Iglesias, tan mimado por sectores del independentismo, llamó a no ir a votar el 1 de octubre de 2017.
Belarra olvida que ni Junts ni Aliança Catalana están en el Gobierno de la Generalitat y no parece factible que puedan estarlo a corto o medio plazo. Pero prefiere que la inmigración esté gestionada en un futuro por un posible gobierno español del PP y Vox que por un gobierno catalán del PSC, que cuenta con el apoyo de ERC y los Comuns: lo importante es que lo haga España. Y su razonamiento se vuelve aún más ridículo cuando atribuye a los Mossos d’Esquadra la voluntad de realizar redadas racistas, reconociendo al mismo tiempo que eso es lo que hace hoy la Policía del Estado. Es evidente que todas las administraciones tienen la obligación de evitar identificaciones o detenciones basadas en el perfil étnico, y que ningún cuerpo se escapa de la posibilidad de esta mala praxis, que en todas partes debe corregirse con contundencia. Pero insinuar que los Mossos actuarán peor que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía es olvidar episodios recientes que Belarra debería recordar, porque se produjeron cuando ella era ministra; y es desconocer también cómo se produjo el proceso de creación del cuerpo de Mossos d’Esquadra, avalado en los años ochenta por CiU, PSUC, ERC y PSC, con el objetivo de formar una policía nueva, democrática y de proximidad a partir de una reflexión colectiva sobre el modelo de seguridad que en el Estado español aún no se ha producido. Hoy los Mossos son un cuerpo con miles de efectivos que intenta ejercer sus funciones como policía integral de Cataluña aplicando la proporcionalidad y ateniéndose a las formas de actuación establecidas por el Parlamento, tal como recordó la sentencia de la Audiencia Nacional en relación al juicio al mayor Trapero derivado de la actuación sensata y correcta de los Mossos el 1 de octubre de 2017, que provocó la ira de la derecha y la extrema derecha españolas. Que Ione Belarra desprecie ahora a la Generalitat y a los Mossos es un síntoma preocupante de la evolución política en el Estado español.
Romper puentes, un grave error político
Ione Belarra con sus declaraciones ha cometido, además, un enorme error político: ha roto puentes; ha sido una actuación equivalente a la de Díaz Ayuso despreciando el catalán, que tanto ha complicado las relaciones del PP con PNV y Junts. Ha hecho más difícil no solo la relación con Sumar y los Comuns, que defienden la transferencia, sino también con ERC, Bildu y BNG. Si alguien en Podemos soñaba con algún tipo de alianza electoral con los independentistas, ya puede ir pensando en una estrategia diferente. La virulencia de las descalificaciones entre Oriol Junqueras, que ha equiparado a Podemos con Ciudadanos, y Pablo Iglesias, que ha actuado como siempre como si aún fuera el máximo dirigente de su partido, deja sin espacio los intentos de acercamiento de Gabriel Rufián al partido de Ione Belarra. Han hecho bien el Govern, PSC, ERC y Comuns en no dejar la respuesta a Podemos solo en manos de Junts; la crítica a Belarra es más contundente y legítima si surge desde la izquierda: en este tema nos jugamos mucho como sociedad, porque hay que defender más que nunca la voluntad de seguir siendo un solo pueblo, ante los ataques de unos y las incomprensiones simplistas de otros.
Catalunya Plural, 2024 
