El 29 de julio de 2015, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad la Ley 24/2015, conocida como la ley contra los desahucios y la pobreza energética. Una ley que no nació en ningún despacho ni como fruto de voluntad política. Surgió desde abajo, desde la calle, de las asambleas, de los bloques ocupados por familias desahuciadas, de las vecinas que se organizaban contra los cortes de luz, de las firmas recogidas en mercados y plazas.
Impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESCA, la Ley 24/2015 llegó al Parlament mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por casi 150.000 firmas. Un apoyo transversal de la sociedad catalana con un objetivo claro: poner fin a la impunidad con la que bancos, fondos buitre y grandes suministradoras estaban provocando una crisis de vivienda y de derechos básicos.
La ley establece mecanismos concretos y valientes: alquiler social obligatorio antes de un desahucio por impago de hipoteca o alquiler, prohibición de cortes de suministros básicos a familias vulnerables, creación de mecanismos de realojo con la cesión de viviendas vacías en manos de grandes tenedores, entre otros. Una ley justa, clara y valiente. Y por eso fue atacada desde el primer día.
A pesar de los obstáculos judiciales, políticos y burocráticos, la Ley 24/2015 ha evitado una catástrofe social aún mayor. Según datos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC), entre 2017 y 2023, gracias a la aplicación de la norma se han conseguido más de 20.000 alquileres sociales, forzando a bancos y fondos buitre a mantener alquiladas a familias que habían perdido su casa. Esto ha permitido proteger a más de 50.000 personas que, de otro modo, habrían acabado en la calle.
Son cifras impactantes, aunque aún insuficientes si se tiene en cuenta que en Cataluña, el territorio con más desahucios del Estado, se han producido 70.552 desahucios en el mismo periodo. La Ley 24/2015 ha dado respuesta a 3 de cada 10 casos, y podrían haber sido muchos más si la Generalitat y los ayuntamientos hubieran tenido más voluntad para forzar su cumplimiento.
También ha evitado más de 200.000 cortes de suministros básicos, gracias a la prohibición legal de cortar luz, agua o gas a personas vulnerables. Estas cifras, a menudo invisibilizadas, representan vidas enteras: familias que pueden seguir viviendo con luz y agua, niños que pueden estudiar y ducharse, abuelos que pueden calentarse en invierno.
La 24/2015 supuso un cambio de paradigma. Dejó claro que las empresas responsables de la crisis no podían salir impunes. Que quienes se habían lucrado con las necesidades de la gente —grandes tenedores y suministradoras— debían formar parte también de la solución.
El alquiler social obligatorio: el gran mecanismo que los fondos quieren destruir
Una de las herramientas más transformadoras de la ley es el alquiler social obligatorio para grandes tenedores (bancos, fondos buitre, inmobiliarias con más de 10 viviendas). Esta obligación se aplica tanto en casos de ejecución hipotecaria como por impago de alquiler. Y debe hacerse antes de iniciar un procedimiento de desahucio, tal como establece la ley.
Este mecanismo hace algo poco habitual en la política de vivienda: señala responsables. No se trata de un remedio general para todos, sino que exige soluciones concretas a quienes han especulado con la vivienda y han provocado la emergencia habitacional.
Desde el primer momento, bancos y fondos de extracción han hecho todo lo posible para eludir esta obligación: falsean titularidades, fragmentan la propiedad en sociedades pantalla, ofrecen falsos alquileres sociales inasumibles o simplemente no responden.
Cuando estos grandes tenedores incumplen, la ley es clara: la administración debe sancionarlos. No lo ha hecho. Ni la Generalitat, ni la mayoría de ayuntamientos han aplicado las multas correspondientes. Este incumplimiento no es menor: convierte a las instituciones públicas en cómplices activos de la especulación y del sufrimiento de miles de familias.
El incumplimiento del realojo y de la cesión obligatoria
La ley también obliga a las administraciones a garantizar el realojo de las personas desahuciadas sin alternativa habitacional. Y ofrece una herramienta poderosa: la cesión obligatoria de pisos vacíos en manos de grandes tenedores.
Sin embargo, en la práctica se ha observado una negligencia institucional sistemática: los realojos son escasos, el uso de la cesión obligatoria es anecdótico, y las mesas de emergencia acumulan retrasos de hasta tres años. Mientras los ayuntamientos improvisan alojamientos de urgencia o recurren a pensiones precarias, miles de pisos vacíos siguen en manos de especuladores.
Las empresas energéticas siguen vulnerando la ley
El ámbito energético de la Ley 24/2015 también ha sido atacado. La norma establece que ninguna empresa puede cortar suministros a una familia vulnerable sin antes consultar con servicios sociales y ofrecer una solución. Pero en la práctica, las grandes suministradoras —especialmente Endesa y Naturgy— continúan amenazando con cortes, acosando con empresas de recobro, y negándose a instalar contadores sociales en muchos hogares protegidos por la ley.
Endesa envía miles de cartas de amenaza a familias cubiertas por la ley y sólo después de una presión sostenida por parte de las entidades sociales se logró firmar un convenio parcial con Endesa que cubre la deuda acumulada. Sin embargo, el resto del oligopolio energético aún no ha firmado ningún convenio, a pesar de su obligación legal.
Este incumplimiento agrava la vulnerabilidad de miles de hogares y pone de nuevo en evidencia la pasividad de las administraciones públicas, que ni sancionan ni presionan para que se cumpla la norma.
Lucha colectiva, pero responsabilidad institucional
La Ley 24/2015 nació como un ejercicio radical de democracia: personas organizadas que legislaron para proteger la vida. Y diez años después, su impacto sigue vigente gracias al compromiso diario de los movimientos sociales.
Pero la ley sólo puede funcionar si la administración actúa con valentía, proactividad y responsabilidad. Cuando no sanciona a quien incumple, cuando no realoja, cuando no utiliza los mecanismos que la ley le otorga, es la propia Generalitat y los ayuntamientos quienes están incumpliendo la legalidad. Y, aún peor, se convierten en cómplices de quienes provocan la miseria.
Si la Ley 24/2015 sigue viva es por la fuerza de la ciudadanía organizada. Pero no es suficiente. Se necesita una nueva ofensiva institucional que garantice la aplicación íntegra de la norma, que persiga los incumplimientos de los grandes poderes económicos y que ponga la vida en el centro de todas las políticas públicas.
Como decían hace una década y siguen diciendo hoy: Sí se puede. Pero solo si quieren.
Catalunya Plural, 2024 
