La vivienda ha escalado en el último año en la primera posición de las preocupaciones ciudadanas, apuntan los estudios de los organismos oficiales que sondean a la opinión pública en Barcelona y Cataluña. Esto no ocurría desde el 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria —pero los analistas no se ponen de acuerdo si es pertinente o no hacer el paralelismo entre ambos momentos. La demoscopia indica, además, que la escalada de precios y el desbarajuste del mercado están produciendo un deterioro de la vida cotidiana de mucha gente.
Así, el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat revela que una parte sustancial de la población de las comarcas metropolitanas de 16 y más años nota los efectos de la situación de la vivienda en la calidad de vida: el 36% afirma que le afecta negativa o muy negativamente, mientras que sólo el 8% nota efectos positivos.
El grupo más numeroso es el de los que declaran no percibir consecuencias positivas ni negativas (53%). Y tiene una explicación: casi todos (96%) son propietarios de la vivienda donde viven o utilizan lo que les ponen a disposición los padres.
Son datos de la Encuesta sobre actitudes y preferencias hacia la vivienda en Cataluña, publicada recientemente, y de la que Catalunya Metropolitana ha extraído y procesado parte de la información correspondiente a una muestra de 2.145 residentes en la región metropolitana de Barcelona, las cinco comarcas (Baix Llobregat, Barcelonés, Maresme, Vallés Occidental) catalanes.
El trabajo del CEO, realizado entre el pasado 13 de febrero y el 14 de abril, concreta que, por sobrecarga en el coste o por dificultades de acceso, la afectación personal por la carestía de la vivienda se traduce en decisiones forzadas: el 38% ha tenido que reducir otros gastos esenciales (comida, transporte), el 22% ha tenido que vivir en viviendas que están en peores condiciones de las que querría y el 21% ha ido a vivir más lejos de lo que le convenía para los desplazamientos diarios en el trabajo o en el centro de estudio. Otras contrariedades experimentadas con menos frecuencia serían verse obligado a compartir piso a regañadientes (18%) o tener que volver a vivir en casa de los padres (12%).
Otro indicador del problema es la incidencia de distintas deficiencias en las viviendas habituales de los encuestados: el 33% reconoce que su casa tiene mal aislamiento térmico, el 26% mal aislamiento acústico y el 22% acusa falta de metros cuadrados para la vida cotidiana. Humedades y deficiencias de los cerramientos exteriores también son frecuentes. Sólo el 35% de los encuestados no apunta ningún inconveniente del espacio en el que viven.
El malestar asociado a los problemas de vivienda puede explicar la intensificación de los movimientos de población en la región metropolitana (136.000 cambios de municipio en 2023) y el saldo migratorio negativo que mantiene con el resto de comarcas catalanas y el resto de España, fenómenos detallados en un artículo anterior.
Parte del estudio está dedicado a indagar en los valores de la ciudadanía en relación con la vivienda y su opinión sobre las políticas que las instituciones han empezado a aplicar para frenar la escalada de los precios de compra -del orden del 90% en diez años según el índice del Idescat- y la falta de disponibilidad de alquiler ordinario. Los resultados presentan contrastes que llaman la atención y conectan con el debate público actual, en el que existen sectores económicos y políticos que tratan de detener las medidas que puedan comportar restricciones al simple juego entre oferta y demanda. Unas restricciones que sintonizan con los valores de la población: el 59% de residentes metropolitanos discrepa de la idea de que la vivienda es un recurso económico más, como otros bienes o servicios que se compran y venden libremente en el mercado. Por el contrario, el grupo más numeroso (37%) es el de los que hacen énfasis en su calidad de necesidad básica y rechazan que se utilice para el mercadeo y la generación de beneficios.
Como puede apreciarse en el gráfico anterior, el rechazo a la idea de la vivienda como pura mercancía es más firme en la región metropolitana de Barcelona que en el resto de Cataluña. Sumando a los encuestados que están bastante en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, la diferencia es de 6 puntos: redondeando, 59% en el ámbito metropolitano contra 53% en el resto.
Para acabar de matizar el panorama de preferencias y sensibilidades respecto a la crisis de la vivienda y las medidas para afrontarla, el sondeo del CEO indica que al mismo tiempo son mayoría (61%) los residentes metropolitanos que creen que debe respetarse siempre el derecho a la propiedad privada, con muy pocas excepciones, por encima de los partidarios que a este principio. En esta cuestión también existe un diferencial de unos 5 puntos en el posicionamiento de la población metropolitana y del resto de Cataluña, que se muestra más inflexible a favor del derecho de propiedad.
La Constitución de 1978, recordémoslo, proclama que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero a la vez reconoce “el derecho a la propiedad privada ya la herencia” y especifica que “nadie podrá ser privado de sus bienes ni de sus derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o de interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con aquello que las leyes dispongan”.
En la historia reciente la fórmula mayoritaria de tenencia de la vivienda principal en España y en Cataluña es la propiedad, si bien en los últimos años han ganado peso el alquiler y otras modalidades. En el ámbito metropolitano, los últimos datos del Idescat, de 2021, dibujan un reparto 69%-24%-7% entre los tres regímenes de tenencia.
Por ahora tener una vivienda en propiedad sigue siendo un objetivo importante en la vida, piensan tres de cada cuatro encuestados. El estudio del CEO, además, permite calcular la proporción de personas que tienen más difícil alcanzar este objetivo vital: son el 25% de la muestra, que no poseen ninguna vivienda en propiedad y tampoco esperan heredar a ninguno de sus antecesores.
El problema de la vivienda ha ido ganando peso en la agenda política y social, sobre todo a causa del incremento sostenido de su coste, muy superior a la evolución de los ingresos de la población, y por la falta de instrumentos actualizados para la intervención pública en este campo. La Ley estatal por el derecho a la vivienda de 2023 ha supuesto un punto de inflexión al prever por primera vez la regulación del alquiler como fórmula para reequilibrar el mercado en zonas donde está claramente desmarcado. Pero la crisis es de tanta magnitud que las soluciones tendrán que ser múltiples.
En la región de Barcelona, entre las posibles medidas para facilitar el acceso a la vivienda, la que tiene un mayor apoyo es la construcción de pisos protegidos o públicos (85%), como los 50.000 que el presidente Illa anunció que promoverá la Generalitat hasta el 2030 con una inversión de 4.400 millones de euros. La lista de preferencias continúa con la limitación de los pisos turísticos (75%), una medida que 262 ayuntamientos catalanes pueden adoptar en base a la normativa urbanística dictada por el Govern en 2023 y que en el caso de Barcelona el Ayuntamiento ha avanzado que supondrá la supresión de todas las licencias cuando caduquen las actuales, en 2028.
La novedad de la ley estatal de vivienda para las zonas de mercado tensado, la regulación de los alquileres, también tiene un apoyo mayoritario (72%), al igual que las subvenciones directas a jóvenes y familias con rentas bajas (71%), la obligación para los grandes tenedores (empresas o fondos de inversión) de destinar parte de sus propiedades al alquiler social (71%) y 71% huecos (68%). No tienen un consenso tan claro –más partidarios que detractores, pero un grueso importante de indiferentes– la liberalización del suelo urbanizable y la expropiación o compra de pisos por parte de las administraciones.
Dentro del debate público sobre la vivienda aparece a menudo la referencia a la ocupación irregular. O okupación, con k, si aludimos al movimiento que practica la entrada y recuperación de locales vacíos para reivindicar el uso social de la propiedad. Los datos oficiales del Departamento de Interior a partir de las denuncias tramitadas dicen que el fenómeno afectó en 2024 al 0,15% de las viviendas censadas y que el 62% fueron ocupaciones de inmuebles vacíos o pendientes de finalizar, es decir, lo que técnicamente serían usurpaciones con violencia o sin ella. Los casos de allanamiento de morada, la entrada en espacios habitados con la pretensión de quedarse, son escasos. Pero en la conversación pública se mezclan los diferentes episodios y se magnifica su conflictividad, como si fuera muy probable que al volver de vacaciones nos encontremos unos desconocidos instalados en el sofá de casa.
Y la confusión y agitación que practican algunas opciones políticas tienen efecto. Entre la población de la región metropolitana existe una opinión muy negativa sobre la ocupación de viviendas: el 38% encuentra esta práctica “nada justificable” en contraste con el 3% que la ve “plenamente justificable”. Prescindiendo de la dimensión real del problema, prevalece el miedo a perder la casa de un día para otro: el 70% califica la ocupación como un problema grave (valoraciones de 7-10 en la escala de 0-10), entre ellos el 24% lo describe como “el problema más grave de la sociedad actual”.
Catalunya Plural, 2024 
