En 1945, en Mataró, las trabajadoras de las fábricas textiles se vieron inmersas en una situación límite debido al encarecimiento de la vida que las afectaba profundamente. Frente a esta adversidad, iniciaron una huelga caracterizada por la suspensión total de la actividad productiva, conocida como huelga de brazos caídos. Esta acción de protesta fue suficiente para que la patronal accediera a una compensación salarial de 75 pesetas, un primer paso hacia la recuperación del poder adquisitivo de las obreras. Aun así, a finales de ese mismo año, la patronal retiró esta compensación, lo que provocó una nueva intensificación de las huelgas. En la fábrica de Can Minguell, la Guardia Civil intentó desalojar a las trabajadoras, pero la resistencia colectiva impidió la acción represiva. Finalmente, el 22 de marzo de 1946, comenzó una huelga general liderada por figuras como Josepa Agramunt y Costa, conocida popularmente como la Pepa Maca, que concluyó con la victoria de las obreras y la recuperación de su bienestar económico.
Este episodio histórico ejemplifica la eficacia de la protesta mediante la interrupción de la producción y la suspensión de los roles laborales, convirtiéndose en uno de los pilares de la organización obreira durante el capitalismo industrial. Su eficacia como forma de lucha se fundamentaba en la capacidad colectiva de bloquear la producción, forzando a la patronal a negociar. Sin embargo, en el actual contexto del capitalismo digital, esta lógica ha quedado parcialmente obsoleta. Las formas de generación y captura de valor se han diversificado y dispersado más allá de la producción industrial directa, integrando ámbitos como la extracción de datos, el consumo y la vigilancia como parte del sustento de los dominadores. En este escenario, la huelga clásica, centrada en la suspensión del trabajo, encuentra dificultades para incidir en el sistema con la misma fuerza que antes; debemos actualizar los parámetros desde los cuales pensar la protesta.
Maurizio Lazzarato, en su obra La fábrica del hombre endeudado (2013), plantea una crítica profunda al capitalismo contemporáneo, señalando que este sistema no solo explota la fuerza de trabajo, sino que gobierna y controla la sociedad a través de la deuda. Esta no es solo una cuestión económica, sino también una herramienta política, social y moral que establece una relación de poder entre acreedor y deudor, presentando el intercambio monetario como una visión ingenua de la economía. La deuda crea un vínculo de obligación moral y culpa, que obliga al deudor a adoptar conductas conformistas y disciplinadas. Para Lazzarato, esta forma de gobernanza reemplaza, en cierto modo, la represión directa o la legislación explícita por una presión psicológica y social que condiciona el comportamiento individual. El Estado y las instituciones financieras imponen, mediante políticas de austeridad y control del endeudamiento, normas que limitan la autonomía y libertad de las personas. En esta economía de la deuda, el ciudadano se convierte en un empresario de sí mismo, haciéndose individualmente responsable de su bienestar y su deuda para acceder a bienes y servicios básicos como la educación, la sanidad o la vivienda. Así, el conflicto principal ya no es exclusivamente entre capital y trabajo, sino entre acreedor y deudor, y el control se ejerce a través de la disciplina financiera y la moral de la responsabilidad individual. Nos encontramos, por tanto, en un momento en que los dominadores han sofisticado y desplazado los ejes del juego; para responder deberíamos mutar las formas de lucha y adecuarlas a cada caso.
El caso de la educación y la exploración de nuevas formas de lucha sindical
En el contexto más inmediato, hemos sido testigos de la crisis en la gestión de las adjudicaciones de plazas docentes en julio de 2025 en Cataluña. Esta situación culminó con el cese del subdirector general de Plantillas, Enric Trens, acusado de manipulación en el proceso de asignación de plazas, lo que provocó la anulación del proceso y afectó a miles de personas. Esta crisis pone de manifiesto problemas estructurales derivados del Decreto de Plantillas, que permite la reserva y la profilación de plazas con criterios subjetivos y poco transparentes. Los sindicatos han denunciado esta arbitrariedad como un claro signo de la necesidad de cambios estructurales y de la falta de transparencia. Este desbarajuste ha coincidido con un momento en que la función docente se está reconfigurando, con demandas sociales como la reducción de ratios, el impulso de programas de inclusión y la mejora salarial. Todo ello evidencia una posición política del Departamento que se aleja de las reclamaciones del profesorado, lo que deriva en una pérdida de confianza.
Ante este escenario, deberíamos partir de la premisa de que la lucha sindical tradicional, centrada exclusivamente en el aumento del salario, ya no es suficiente para confrontar las formas contemporáneas del poder capitalista basadas en la deuda, tal como recomienda Maurizio Lazzarato. En cambio, el autor sostiene que sería necesario ampliar la estrategia de lucha para abordar la captura del futuro mediante la deuda, y por ello plantea que la reivindicación salarial se inscriba en una crítica más amplia del sistema. No debemos olvidar que la figura del trabajador tradicional ha sido desplazada por la del deudor, que incluye no solo su fuerza de trabajo, sino también su condición de endeudado en múltiples ámbitos. Por tanto, la lucha social debe centrarse en cuestiones más allá del salario, como el control del tiempo, la crítica a la deuda y la desobediencia a las lógicas financieras. Este enfoque supone una transformación radical del conflicto social, pues propone que las luchas se articulen en la desobediencia y resistencia a los mecanismos financieros y neoliberales que gobiernan no solo el trabajo, sino también la vida cotidiana. Esto abre la puerta a formas de protesta más creativas y novedosas, que pueden incluir acciones como la huelga de datos digitales o la huelga de evaluaciones.
La huelga de generación de datos digitales
Una propuesta concreta que encaja con el análisis que desarrollamos es la huelga de datos digitales en la escuela. Esta forma no tradicional de huelga consiste en suspender el uso de servicios digitales como Google Workspace (Gmail, Drive, Docs, Classroom, etc.), que recogen datos personales y educativos que se transforman en valor para el capital privado. Así, esta huelga no paraliza la producción educativa, pero bloquea un mecanismo clave de captura de valor digital y pone en cuestión el control privado del conocimiento y los datos. Esta acción no solo desnaturaliza el uso de plataformas que a menudo se perciben como neutrales, sino que representa una forma de desobediencia cotidiana que ataca la gobernanza neoliberal a través de la captación de datos, ampliando el alcance de la lucha más allá de los límites tradicionales del trabajo y el salario.
La huelga de evaluaciones
Otra forma posible de protesta es la huelga de evaluaciones, en la que el profesorado se niega a realizar las pruebas finales o, una vez hechas, no registra la calificación en las sesiones de evaluación. Este acto, aunque complejo y arriesgado desde el punto de vista legal e institucional, representa una forma potente de resistencia contra un sistema educativo que cuantifica y clasifica al alumnado, reforzando el individualismo y convirtiendo el aprendizaje en un rendimiento medible y explotable. Negarse a hacer las evaluaciones, en un marco colectivo y sindicalizado, es una forma de desobediencia que desafía la gobernanza educativa neoliberal y su lógica de control, distribución de cuerpos y rendición de cuentas. Esta forma de huelga pone el foco en la calidad y sentido de la educación, no solo desde su dimensión laboral o salarial.
Asimismo, la negativa a desarrollar o registrar el resultado de las pruebas diagnósticas o de cualquier sistema de control interno es una forma de resistencia contra la lógica disciplinaria y jerárquica del sistema educativo. Esta forma de protesta resulta especialmente significativa en un momento en el que la educación se rige cada vez más por criterios de rendimiento, métricas y estandarización. Es importante, sin embargo, que esta acción esté inserta en una convocatoria legal de huelga y respaldada colectivamente, ya que individualmente puede suponer riesgos para los profesionales.
La necesidad de actualizar o superar los resortes jurídicos
Los ejemplos históricos muestran que las formas tradicionales de protesta obrera, como la huelga de brazos caídos, han sido clave para lograr mejoras laborales y sociales, porque inciden en las formas de ejercicio del poder por parte de los dominadores. Sin embargo, hoy estas formas ya no son tan eficaces debido a que las nuevas gobernanzas se centran en la deuda. Es necesario, por tanto, repensar las estrategias de lucha y desarrollar formas innovadoras de protesta que complementen la mera suspensión del trabajo y que incidan en la gobernanza de la deuda, la captura de datos y la mercantilización de la vida cotidiana. Estas nuevas formas de huelga, como la huelga de datos digitales o la huelga de evaluaciones, representan una oportunidad para ampliar la base social y política de la protesta, incorporando las nuevas realidades y vulnerabilidades del mundo laboral y social contemporáneo. Una vez identificadas formas de protesta coherentes con las formas actuales de gobernanza, para desarrollar nuevas expresiones de protesta es necesario un proceso de transformación legal y político del derecho a huelga, ya que estas formas pueden percibirse como de mala fe y son vulnerables a ataques bajo el argumento de que no respetan servicios esenciales o son intermitentes.
Hoy, cualquier acción que desborde los límites formales del derecho laboral —como negarse a realizar una evaluación, no utilizar una plataforma digital o desafiar una orden institucional— es inspeccionada rápidamente bajo el influjo de la idea de mala fe. Esta situación ha sido respaldada por la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, calificando así huelgas de celo, rotativas o intermitentes. Esto crea una asimetría entre las herramientas de los acreedores frente a los deudores, es decir, los trabajadores. Más allá de este horizonte de actuación, la ambigüedad de la idea de mala fe ayuda a que el poder defina siempre a su favor muchos de los casos denunciados. Por otro lado, en el Real Decreto-ley 17/1977, artículo 11, también se establece uno de los conceptos más recurrentes en la fagocitación de una huelga: los servicios esenciales.
El debate sobre si la educación pública debería considerarse un servicio esencial para limitar el derecho a huelga del profesorado ha sido analizado por Cristian Pérez‑Muñoz (2023). El autor revisa el argumento según el cual la interrupción de la enseñanza primaria provocaría un daño social tan grave que justificaría restringir este derecho, y concluye que no hay suficiente evidencia para sostener esa clasificación. Al contrario, destaca que prohibir o limitar la huelga tiene costos normativos y democráticos que superan los supuestos beneficios. Así, Pérez‑Muñoz defiende que el derecho a huelga del personal de la educación pública debe ser protegido y no reducido bajo la lógica del servicio esencial.
En la misma línea, Bocheńska (2021) subraya que, según la jurisprudencia y el derecho internacional del trabajo, la educación no puede considerarse un servicio esencial. Solo aquellos servicios cuya interrupción pone en riesgo inmediato la vida, la salud o la seguridad pública —como la policía o los servicios médicos de emergencia— pueden limitar el derecho a huelga. En cambio, incluir la educación en esta categoría no tiene fundamento jurídico sólido y sirve más bien para restringir injustamente la capacidad de movilización del profesorado. Además, Bocheńska explica que en el debate sobre el derecho a huelga en el sector educativo se presenta a menudo una falsa oposición entre el derecho del alumnado a recibir educación y el derecho del profesorado a ejercer la huelga. Tal como muestra Bocheńska (2021), estos derechos no son incompatibles ni deben concebirse como mutuamente excluyentes, sino que pueden y deben equilibrarse mediante mecanismos institucionales que garanticen, por un lado, la protección de las condiciones laborales del profesorado y, por otro, establecer las condiciones mínimas para que, más allá del profesorado, el alumnado pueda ser atendido. El cese de la guardia y custodia en los centros educativos es un problema que deben abordar las instituciones, el cual no debería interferir en el derecho a huelga del profesorado, ya sea mediante el otorgamiento de permisos parentales a familiares y/o mediante otros mecanismos. En este sentido, restringir el derecho a huelga con el argumento de que vulnera el acceso del alumnado a la educación no solo es jurídicamente débil, sino que también ignora la dimensión democrática y social que tiene la movilización del profesorado en defensa de una educación pública de calidad.
Conclusiones: el ejemplo de las huelgas educativas en Sudáfrica
La huelga es un derecho humano, que hoy está en el punto de mira debido a que una nueva configuración del capitalismo ha hecho estallar la comprensión tradicional del trabajo por parte de las nuevas formas de gobernanza determinadas por el capitalismo digital. Por tanto, tanto la jurisprudencia como las formas jurídicas que recoge el derecho a huelga han quedado obsoletas. Debemos ser conscientes de que las vías más efectivas para disputar las nuevas formas de dominación serán rápidamente debilitadas al calificarse de “mala fe”, erosionadas bajo la idea de servicios esenciales. No necesitamos más pruebas para saber cómo actúa el poder: las nuevas formas de concebir el tiempo en el trabajo son válidas para la producción, pero no lo serán para la defensa de los trabajadores. Por eso, hay que trabajar para dinamitar la comprensión jurídica del derecho a huelga, legislar a favor de los dominados y, por otra parte, los trabajadores deben ser conscientes de que es legítimo explorar otras formas de huelga, especialmente cuando tenemos indicios de su eficacia.
En 2007, en Sudáfrica se produjo una huelga extensiva que concluyó con un aumento salarial del 7,5%, pero esto no fue suficiente para paliar la situación precaria del sistema educativo y del profesorado sudafricano. En 2010, una huelga aún más grave, realizada durante julio y agosto, justo antes de los exámenes finales de Matric (el último año de enseñanza secundaria), causó alteraciones significativas en las pruebas, con aplazamientos y algunos casos de cancelación. Tal como explica Tangwe, M. N. (2015), los gobiernos nacionales y provinciales intentaron mitigar los efectos de las huelgas con planes puntuales e intermitentes, exámenes suplementarios y planes de recuperación. El impacto de esta suspensión de pruebas a final de curso y de evaluación fue tan grande que las medidas gubernamentales resultaron insuficientes.
Debemos preguntarnos: ¿qué ocurre cuando aquello que algunos califican de “mala fe” es la única vía para disputar las nuevas formas de dominación? En un momento en el que las coordenadas de la deuda determinan las formas de gobernanza y en que quienes ejercen el poder activan la presión psicológica y la culpa para optimizar el rendimiento sobre los dominados, debemos detenernos y determinar si el uso de lo que algunos catalogan como “mala fe” es legítimo. Si el sistema opera con perversidad al proteger los intereses de los acreedores, ¿por qué se supone que el profesorado, el de condiciones vulneradas, debe permanecer fiel a un marco legal que lo condena? Lazzarato nos ayuda a entender que la verdadera fidelidad reside en la resistencia: cuando las leyes no permiten una disidencia efectiva, aquello que los poderosos han llamado “mala fe” deja de ser un criterio válido y se convierte en una necesidad política. Hace falta una actualización legal y política del derecho a la protesta que permita nuevas formas de organización y movilización, que rompan con la limitación y criminalización de la protesta tradicional y reconozcan la diversidad y complejidad de las luchas contemporáneas. A pesar de la mala prensa de la lucha sindical, si la protesta apunta a lo que hace daño a los dominadores, los dominados tendrán más posibilidades de materializar sus reivindicaciones. Y, aunque el caso de Sudáfrica esté lejos, su ejemplo representa un horizonte a seguir, sin olvidar lo que nos enseñaron en Mataró las trabajadoras del textil.
Catalunya Plural, 2024 
