La crianza en tiempos de precariedad y cómo la renta básica marca la diferencia

Mientras los informes oficiales celebran el empleo o el crecimiento, muchas madres y padres se ven obligados a elegir entre necesidades básicas de sus hijos: alimentación equilibrada o cantidad suficiente de comida, pagar el alquiler o la calefacción, atención dental o apoyo psicopedagógico. Las actividades de ocio a menudo ni se contemplan.

La pobreza infantil ya no es exclusiva de hogares claramente vulnerables: crece entre familias de clase media, que viven con el miedo de que trabajar no garantiza un futuro digno para sus hijos. Los datos llevan años alertando sobre esta situación, pero la respuesta política sigue siendo insuficiente.

El coste de la crianza: un gasto insostenible

El 45,3% de los hogares catalanes tienen hijos a cargo: la mayoría son parejas (33%), pero también hay muchas familias monoparentales (12,3%). Criar hijos en Cataluña es cada vez más costoso. En 2024, el coste medio mensual era de 938 € por hijo o hija (cuando tienen entre 7 y 17 años, el coste medio llega a 993€, y en menores de 0 a 3 años a 796€ al mes), un 50% más que en 2018. Este aumento no es anecdótico: refleja una presión inflacionaria superior a la media, sobre todo en tres ámbitos esenciales: la vivienda, la alimentación y la educación. Criar un hijo o hija en Cataluña se está convirtiendo en un reto que muchas familias no pueden asumir.

Si comparamos estas cifras con los ingresos necesarios para vivir con dignidad, el contraste es evidente: según el Salario de Referencia Metropolitano (SRM), en 2023 un hogar con hijos en el Área Metropolitana de Barcelona necesitaba entre 1.250 € al mes (hogares con tres adultos e hijos) y 2.628 € netos al mes (familias monoparentales).

Sin embargo, los ingresos reales suelen quedar lejos: el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2023 era de unos 1.200 € netos y el salario neto medio de 1.900 €. Esto implica que el coste de la crianza puede consumir entre el 49% y el 78% de los ingresos familiares, según el nivel salarial. Para muchos hogares, criar hijos es económicamente insostenible, convirtiendo la crianza en un “lujo”.

Y las consecuencias las sufren, sobre todo, nuestros niños y adolescentes, con mayor riesgo de problemas emocionales, de salud y más abandono escolar. Pero, a largo plazo, también tiene elevados costes sociales. Un estudio del Comisionado contra la Pobreza Infantil recuerda que el coste económico de la pobreza infantil en 2019 era de 63.079 millones de euros anuales (5,1% del PIB español), superior a la inversión necesaria para prevenirla, e insta al gobierno a buscar propuestas de políticas ambiciosas que luchen contra su persistencia y cronificación.

Cuando tener trabajo no es suficiente

A pesar de la mejora del empleo en Cataluña —máximo histórico de afiliación, menos temporalidad y una leve recuperación salarial— muchas familias han perdido poder adquisitivo real. El mismo estudio informa que la pobreza laboral (tener trabajo pero no llegar a cubrir necesidades básicas) afectaba en 2023 al 11,1% de la población, y sube hasta el 16,5% en hogares con hijos: una de cada seis familias con menores.

Ni el incremento del SMI ni las ayudas actuales han revertido esta situación. Hace años que entidades sociales y organismos internacionales (ECAS, FEDAIA, Save The Children, UNICEF, OIT) alertan de que se necesitan políticas públicas más efectivas para proteger a la infancia.

La clase media, también vulnerable

Una realidad menos visible es que muchas familias de renta media también viven tensionadas. Una de cada dos hogares con hijos destina al menos el 58% de la renta a la crianza. La pobreza infantil ya no afecta solo al 20% de familias con menores ingresos: también impacta en aquellas situadas entre los deciles 3 y 6 de la distribución de ingresos, que trabajan y no son consideradas vulnerables, pero tampoco tienen ingresos altos.

Estas familias reciben poco apoyo público y, a menudo, no se benefician plenamente de deducciones fiscales como el mínimo por descendiente en el IRPF. Según el informe INSOCAT de ECAS, la vulnerabilidad se extiende y la pobreza tiende a cronificarse en Cataluña, alimentada por la precariedad laboral y social.

Un sistema que perpetúa la vulnerabilidad

A pesar de la magnitud del problema, Cataluña y España carecen de una política de garantía de ingresos universal y suficiente. Tenemos un sistema fragmentado y agotado: prestaciones insuficientes, condicionalidades kafkianas y requisitos de acceso que se convierten en una auténtica “carrera de obstáculos” burocrática para quien debe solicitarlas.

Actualmente, la única ayuda estatal diseñada específicamente para menores es el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que otorga entre 57,5 € y 115 € por menor y mes. Esto solo cubre entre el 6% y el 12% del coste real de la crianza. Además, el 72% de los hogares elegibles no lo solicitan por desconocimiento, estigma o dificultades administrativas (fenómeno del non take-up). La brecha entre lo que cuesta criar y la ayuda que se recibe no para de crecer.

En cuanto a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de Cataluña, solo el 25,3% de los menores en pobreza severa la reciben, y esta cifra baja al 10,7% si se toma como referencia a los menores en riesgo de pobreza (según el informe de Save The Children citado anteriormente). La actual propuesta de reforma de la RGC, con un complemento infantil de 50 € mensuales por menor para quienes no cobren el IMV, también es claramente insuficiente.

El modelo actual de protección social no aborda las causas estructurales de la pobreza y contribuye a perpetuar la vulnerabilidad infantil y familiar.

La renta básica como apoyo a la crianza

Muchos países europeos disponen de prestaciones universales por crianza (PUC), con variaciones según su grado de universalidad y condicionalidad. Pero España es una anomalía en este sentido. Recientemente, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado su intención de implantar una PUC de 200 € mensuales por menor, sin condiciones de ingresos.

Aún se desconoce el calendario y el diseño definitivo, pero según cálculos del Instituto ISEAK, una PUC así reduciría la tasa de pobreza infantil del 28,9% (2023) al 21%, y la pobreza severa del 13,7% (2023) al 7,8%. El impacto sería positivo, pero evidentemente no la erradicaría.

En cambio, la Renta Básica Universal (RBU) consiste en un ingreso individual, universal, incondicional, suficiente y regular para toda la ciudadanía, adultos y menores. A diferencia de la PUC, no se limita a familias con hijos, sino que cubre a todas las personas.

La RBU está en fase experimental. Se han realizado cientos de planes piloto en todo el mundo que aportan evidencias sobre su impacto en la reducción de la pobreza y los beneficios en la calidad de vida y salud de las personas participantes. En Cataluña, de hecho, se había diseñado un plan piloto de RBU que preveía 800 € mensuales por adulto y 300 € por menor, con niños y adolescentes como titulares directos, reconociendo a los menores como sujetos de derecho. Un paso adelante respecto a otras prestaciones existentes y planes piloto de renta básica. Lamentablemente, el plan piloto fue detenido en el Parlament antes de poder implementarse, a pesar de su potencial relevancia en un contexto de pobreza cronificada y agravada por la pandemia.

La pobreza infantil en Cataluña es una emergencia

La pobreza infantil en Cataluña es una emergencia social con un coste humano, social y económico altísimo e inaceptable como sociedad. Afrontarla exige, por tanto, políticas valientes. Si bien la PUC es una medida relativamente viable, con un coste moderado y que puede aportar beneficios a corto plazo en la reducción de la pobreza infantil, no tiene suficiente alcance para erradicarla estructuralmente, es decir, desde la raíz.

En cambio, la RBU, aunque requeriría una inversión económica inicial más elevada y una reforma fiscal progresiva, tiene el potencial de ofrecer un impacto a largo plazo y sostenible, atacando las causas de la pobreza porque cubriría a toda la familia y abordaría la inseguridad socioeconómica de los adultos responsables del cuidado de los menores. La RBU, al cubrir a todos los miembros del hogar, crearía un colchón más amplio y estable, abordando la pobreza infantil y familiar de forma integrada, estructural e intergeneracional.

En definitiva, la RBU podría marcar una verdadera diferencia en tiempos de precariedad. Ante el aumento de la incertidumbre laboral y social, esta medida se presenta como una herramienta transformadora capaz de romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más equitativa para las generaciones futuras.