Seré clara y directa; desde que el gobierno de Collboni está en el Ayuntamiento de Barcelona, el número de desahucios en la ciudad de Barcelona ha aumentado por primera vez en 10 años. Una década de tendencia a la baja gracias a la fuerte organización social y vecinal que existe en la ciudad en defensa del derecho a la vivienda y también, en buena parte, a las políticas pioneras que implementó Barcelona en Comú cuando estábamos al frente del Gobierno municipal, con Ada Colau como Alcaldesa. A pesar del aumento de los desahucios después de 10 años de tendencia a la baja, el Gobierno del PSC de Barcelona ni lo menciona. ¿Por qué? Esto es lo que cuestioné en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda de este septiembre cuando, en nombre de Barcelona en Comú, presenté una iniciativa para hacer frente a este drama habitacional al que ni Collboni, ni el resto de responsables de vivienda, hacen ninguna referencia en sus intervenciones públicas.
Gracias a esta iniciativa, Barcelona en Comú hemos forzado al Gobierno municipal a incrementar, como mínimo, en 180 las viviendas que, anualmente, debe destinar a la Mesa de Emergencia. Esta medida es imprescindible si tenemos en cuenta que, desde que Collboni llegó a la alcaldía hace ya más de 2 años, ha recortado las aportaciones de pisos a la Mesa de Emergencias en un 66%. Hecho que coincide con su máximo histórico de lista de espera: 749 familias tenían un expediente aprobado y estaban pendientes de una adjudicación el pasado mes de julio.
Así pues, aunque al PSC parece que no le importa, es evidente que nos encontramos con un grave problema de vivienda que impacta especialmente en las personas que se encuentran en situaciones más vulnerables. Un hecho que se agrava cuando hablamos de familias con niños y menores, tal como denuncia el colectivo que agrupa a familias y comunidad educativa en defensa del derecho a la vivienda y la educación de los menores Docents 080.
Todo esto está pasando a la vez que el sinhogarismo ha aumentado un 20% en comparación con el año pasado, según los últimos datos de la Fundación Arrels. ¿Qué debería estar haciendo el PSC de Collboni para hacer frente al aumento del sinhogarismo y al colapso de la Mesa de Emergencias en un momento en que el precio del alquiler está por las nubes? Cuando Barcelona en Comú gobernaba la ciudad, compramos 1.600 viviendas en 8 años, unas 200 viviendas al año, con una inversión aproximada de 100 M€ por mandato. En los dos años que el PSC de Collboni está en el Ayuntamiento tan solo han comprado 68 viviendas (sí, sí, no es un error: ¡solo 68 viviendas! Parece que hay dinero para Louis Vuitton, el Circuit de Catalunya y The District, pero no para comprar viviendas en las que poder realojar personas que esperan un piso municipal). Estas cifras suponen que se ha recortado en un 83% el número de viviendas compradas por el Ayuntamiento respecto a los gobiernos de Barcelona en Comú.
Si además añadimos el hecho de que Collboni pretende destinar tan solo 24 M€ a la compra de vivienda durante los 4 años de su mandato, la reducción del presupuesto destinado a compra de viviendas será del 75%. Vemos, pues, con datos sobre la mesa, que Collboni no pretende afrontar la crisis residencial que sufre la ciudad cuando esta ya es el principal problema de los barceloneses y barcelonesas, según el último barómetro municipal publicado este verano.
Collboni tiene delante una grave crisis residencial que solamente afronta anunciando que en el año 2028 cerrará los pisos turísticos (cuando en el año 2027 hay elecciones municipales) y entregando las llaves de todos los pisos que el Gobierno de los Comunes dejamos en construcción cuando Ada Colau era Alcaldesa. Es decir, un brindis al sol y la herencia de las políticas de vivienda de Barcelona en Comú.
Catalunya Plural, 2024 
