Durante décadas —por no decir siglos— la democracia ha sido presentada como el mejor de los sistemas posibles. No porque sea ideal, sino porque los demás han demostrado ser peores. Esta convicción sigue operando como coartada: si no hay alternativa viable, lo existente debe ser defendido por inercia. El problema es que la democracia que hoy defendemos se parece cada vez menos a aquello que históricamente justificó su legitimidad, mientras sus defensores parecen resignados a gestionar su deterioro más que a revertirlo.
La democracia griega, aun siendo limitada y excluyente, conservaba una relación directa —aristocrática, conflictiva, imperfecta, pero constante— entre participación y decisión. Hoy, la democracia representativa se ha reducido a un acto puntual de delegación: votar y esperar. El control ciudadano es indirecto, fragmentado y poco eficaz para corregir grandes orientaciones políticas, económicas o geoestratégicas. El poder real se desplaza hacia ámbitos financieros, tecnológicos, energéticos o militares, mientras la política institucional administra márgenes cada vez más estrechos.
Este vaciamiento crea un terreno fértil para el avance del autoritarismo y del iliberalismo, no siempre en formas estridentes o abiertamente represivas, sino mediante la normalización progresiva de prácticas excepcionales. Aquí reaparece con fuerza la lógica decisionista de Carl Schmitt: cuando el sistema no decide, alguien decide por él. La excepción se convierte en método, la urgencia en justificación y los contrapesos en obstáculos. No se trata solo de una deriva ideológica, sino de una respuesta funcional a sociedades cansadas, inseguras y expuestas a crisis encadenadas.
El caso de Donald Trump es ilustrativo, pero no excepcional. ¿Puede sostenerse seriamente que el ciudadano medio votó conscientemente una agenda que incluye someter a la Reserva Federal, capturar a un jefe de Estado extranjero, bombardear terceros países o legitimar una limpieza geopolítica en Gaza presentada, sin rubor, como “proyecto inmobiliario”? No se vota un programa detallado; se vota un significante: un estilo, un enemigo, una promesa de orden o de grandeza perdida. La política deviene espectáculo, exhibicionismo de poder, testosterona desbordada o, en otros casos, una eficacia silenciosa, ejecutiva y tecnocrática que prescinde incluso del exceso retórico.
Europa no está al margen de esta deriva. Las respuestas tibias, contradictorias o directamente evasivas ante Ucrania, Venezuela o incluso episodios como Groenlandia revelan algo más que prudencia diplomática. Revelan miedo, cálculo corto y una creciente disposición a sacrificar principios a cambio de estabilidad parlamentaria o de evitar conflictos incómodos. El mercadeo por escasos votos decisivos se normaliza, mientras el silencio —basado en temores económicos, energéticos o geopolíticos— se convierte en política.
La paradoja es evidente: cuanto más se vacía la democracia de contenido material y decisional, más se la invoca como legitimación absoluta. Gobernar “con la mitad del país”, como proclaman algunos líderes, no es asumir una responsabilidad universal, sino imponer una voluntad minoritaria intensamente movilizada, amparada en una lectura plebiscitaria y empobrecida de la representación.
Desde posiciones liberales se ha diagnosticado con acierto la erosión institucional. Pero las respuestas dominantes —más transparencia, más pedagogía cívica, más procedimientos— resultan claramente insuficientes. El problema es estructural: la desconexión entre ciudadanía y poder real. La agenda de derechos no es el origen del colapso; el error ha sido desvincularla de una política material capaz de ofrecer seguridad económica, horizonte vital y sentido colectivo a mayorías cada vez más expuestas a la precariedad y al miedo al descenso social.
Europa tiene aquí una responsabilidad central. La crisis climática, energética, demográfica y previsiblemente económica exigirá consensos amplios, inversiones estratégicas y un reparto explícito de costes y beneficios. Si el debate público queda atrapado en guerras culturales, vetos parlamentarios y silencios cómplices, el descrédito seguirá creciendo y el iliberalismo seguirá presentándose como alternativa eficaz.
No estamos ante el final de la democracia, sino ante el agotamiento de una forma complaciente, delegativa y despolitizada de entenderla. La disyuntiva es clara: o se recupera la capacidad colectiva de decidir sobre lo esencial, o la excepción, la prepotencia y el mando sin contrapesos acabarán consolidándose como modelo político normalizado, también en Europa.
