Alex Pretti, ciudadano estadounidense, 37 años, enfermero, fue asesinado en Minneapolis a manos de agentes federales del ICE. La secuencia está grabada. Varios agentes lo reducen con fuerza excesiva. No hay una amenaza clara e inmediata. No hay un intento visible de desescalar. Es una ejecución.
La versión oficial habla de una intervención justificada. Las imágenes describen otra cosa con bastante menos ambigüedad: un asesinato en el marco de un operativo migratorio. Hace apenas unas semanas, durante una redada vinculada a la llamada Operation Metro Surge, agentes del mismo cuerpo mataron a Renée Nicole Good, también ciudadana estadounidense. De nuevo, la narrativa institucional apeló al peligro, a la necesidad de usar la fuerza, a la excepcionalidad de la situación. De nuevo, los testimonios y los vídeos apuntaron a un uso letal de la violencia que difícilmente puede explicarse como último recurso.
Dos ciudadanos muertos en operativos migratorios en cuestión de semanas son un indicador bastante claro de que el ICE funciona como un cuerpo armado con mandato político para imponer una frontera interior móvil que atraviesa barrios, centros de trabajo y espacios públicos. Este desplazamiento no puede leerse como un simple endurecimiento técnico de la política migratoria: es un giro autoritario que convierte la seguridad en coartada para militarizar el espacio urbano.
Poco a poco se va normalizando la presencia de hombres armados en barrios obreros, se legitima la humillación pública, y se banaliza la muerte. Y todo ello bajo una retórica que presenta al migrante como invasor estructural y al agente federal como último dique frente al desorden.
De la caza de esclavos al ICE
Ese marco tiene una genealogía política muy precisa en la historia de Estados Unidos, y es que lo que hoy reaparece bajo la estética trumpista del orden es una actualización del viejo régimen esclavista. Durante décadas, patrullas organizadas por los propios Estados perseguían a personas negras que habían huido de las plantaciones para ser devueltas a sus “legítimos” amos con respaldo legal. La persecución de cuerpos racializados no era un exceso de poder, era uno de los pilares del sistema.
Hoy cambian los uniformes y las siglas, pero no la lógica subyacente. El ICE cumple una función estructuralmente equivalente: identificar, perseguir, capturar y expulsar cuerpos definidos como ajenos a la comunidad política legítima. La frontera ya no está solo en el desierto o en el río. Está en cada barrio pobre, en cada parada de autobús, en cada control aleatorio. La caza de esclavos se ha transformado en caza de migrantes con un barniz tecnocrático.
Si se retrocede todavía más, la continuidad histórica es todavía más brutal. A comienzos del siglo XIX, el gobierno federal ejecutó el desplazamiento forzoso de pueblos originarios hacia territorios inhóspitos en lo que hoy se conoce como el Trail of Tears, formalizado tras la Indian Removal Act de 1830. Cherokees, Creeks, Choctaws, Chickasaws y Seminolas fueron obligados a marchar cientos de kilómetros bajo amenazas y violencia estatal. Miles murieron por hambre, frío y enfermedad en un desplazamiento planificado desde Washington. Fue una limpieza étnica con respaldo legal y retórica civilizatoria.
Hoy la historia parece repetirse: un Estado que decide qué vidas importan y cuáles son sacrificables; un aparato legal que convierte la violencia en procedimiento, y una narrativa que presenta al otro como amenaza estructural.
El racismo como proyecto político
Este relato se impone desde arriba, con nombres propios. Donald Trump, nieto de inmigrantes, encabeza una cruzada contra migrantes como si no proviniera de la misma historia que hoy demoniza. Peter Thiel, hijo de inmigrantes alemanes, financia proyectos tecnológicos y políticos que refuerzan la vigilancia masiva y la deshumanización de quienes no encajan en la norma racializada de la seguridad. Elon Musk, nacido fuera de Estados Unidos y convertido en icono reaccionario global, amplifica desde sus plataformas un discurso que normaliza la represión y ridiculiza cualquier demanda de derechos civiles.
Tres figuras cuya biografía no encaja en el ideal étnico implícito de su propio discurso sostienen un proyecto que necesita chivos expiatorios permanentes para funcionar. Inmigrantes convertidos en guardianes de una fortaleza que hoy caza cuerpos en su interior. La función política de ese relato es bastante clara. Desplazar la culpa de las crisis estructurales hacia cuerpos racializados. Convertir el racismo en política pública. Revestirlo de retórica empresarial, tecnológica o patriótica.
Frente a ese aparato, la sociedad organizada planta cara. Minneapolis es también estos días el escenario de protestas, concentraciones, redes de apoyo mutuo, colectivos vecinales, organizaciones antirracistas, sindicatos y abogados voluntarios que salieron a la calle para decir que esto no es normal, que esto no se acepta, que esto no se naturaliza.
Es una de las pocas barreras reales frente a la normalización del terror administrativo. Por eso también es uno de los objetivos implícitos del proyecto político dominante: desmovilizar, fragmentar, cansar, criminalizar.
Una estrategia de caos: el fantasma de la ley marcial
Todo esto no ocurre en el vacío. Trump sabe que las midterms pueden arrebatarle la mayoría en el Congreso. Si eso sucede, su presidencia entrará en una fase de asedio institucional permanente, con investigaciones, procedimientos de impeachment, bloqueos legislativos y desgaste político constante. Su margen de maniobra se reduciría y su impunidad se vería limitada por un escrutinio que hoy todavía controla en buena medida.
Si uno de estos operativos del ICE termina con un agente muerto en circunstancias confusas, Trump tendría el pretexto perfecto para hablar de insurrección interna, de ciudades fuera de control, de terrorismo doméstico. Con ello, justificar la militarización directa de territorios urbanos y la retórica de la ley marcial.
Lo inquietante no es que esta hipótesis exista, sino que ya no suene descabellada. Que encaje demasiado bien con el patrón de provocación, brutalidad y victimismo que define este proyecto político. Que la muerte de Pretti y la de Good no parezcan límites morales, sino ensayos generales. La misma nación que cazó esclavos y expulsó pueblos originarios vuelve hoy a cazar cuerpos racializados bajo un lenguaje burocrático y tecnológico. La diferencia es que ahora hay cámaras, hay redes, hay protestas y hay una sociedad que, pese al miedo, no se calla.
