Maduro era un presidente ilegítimo. Se robó las últimas elecciones, además de encabezar un gobierno responsable de graves violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, el bombardeo de los EEUU sobre Venezuela, y la “extracción” y detención de Maduro es ilegal. Contraviene el derecho internacional y pone de manifiesto el neo-imperialismo del gobierno norteamericano.
Ambas afirmaciones están basadas en marcos legales e informes de organismos internacionales que tienen el mandato de preservar la democracia y los derechos humanos. No tiene sentido lo que hacen muchos: defender una afirmación e ignorar la otra. Sin embargo es frecuente que los debates sobre política internacional caigan en marcos binarios. Señalamos al otro desde nuestro sesgo ideológico. Incluso exagerando sus responsabilidades. Y callamos o minimizamos las responsabilidades que nos incomodan o que ponen de manifiesto nuestras contradicciones.
Aquellos que han sufrido las consecuencias del régimen de Maduro es normal que celebren su detención. Todos los intentos anteriores por propiciar una transición política en Venezuela habían fracasado: años de combinación de estrategias de palo (sanciones económicas y sobre personas destacadas del régimen) y zanahoria (diálogos y negociaciones, con múltiples iniciativas de mediación internacional) no dieron resultados. La desesperación por lograr un cambio llevó a muchos a la conclusión que el fin justifica los medios y, por tanto, a celebrar la intervención norteamericana.
Muchos otros, sobre todo en el resto de América Latina y también del mundo, que no han sufrido la represión y la ineficiencia del régimen de Maduro, han observado este episodio con preocupación. Trump no se detiene en Venezuela. Ha amenazado a Colombia, a Cuba y a México. También a Canadá. Y a Europa. Ignorar las normas internacionales no es una novedad, pero hacerlo con el estilo Trump no hace más que normalizar otras agresiones como la de Rusia sobre Ucrania o la de Israel sobre Palestina.
Cuando la detención de Maduro, además, no viene acompañada de un plan para la transición democrática de Venezuela, incluso los que aplaudieron a Trump el 3 de enero han quedado descolocados. A Trump no le interesa la democracia. Es más, la está socavando, empezando por su propio país, con actitudes más bien autoritarias, y alimentando opciones políticas antidemocráticas alrededor del mundo. Hay quienes hablan de una gran guerra fría mundial que se está librando entre la democracia y el autoritarismo.
A Venezuela le pueden seguir otras intervenciones gringas en la región, en el marco de la doctrina articulada en la Estrategia de Seguridad Nacional, según la cual los EEUU se atribuye el poder de controlar todo el continente americano. Trump ya interfirió en las recientes elecciones de Argentina, Chile y de Honduras, incentivando el voto por sus candidatos preferidos. Es muy probable que haga lo mismo en las próximas elecciones de Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. Es menos probable, en cambio, que intervenga directamente en Colombia y México, a pesar de las amenazas que ha vertido repetidamente sobre ambos países. A diferencia de Venezuela, en estos casos no puede argumentar que se trata de gobiernos ilegítimos y causaría un cierre de filas en ambos países parecido al de Europa ante la amenaza de invadir Groenlandia.
La incógnita se cierne sobre sus próximos pasos en relación a los gobiernos de Cuba y de Nicaragua, países aliados de Venezuela. El Secretario de Estado Marco Rubio ha indicado en repetidas ocasiones su objetivo de propiciar un cambio de régimen en Cuba. Aquí no se trataría de un cambio simbólico como en Venezuela, sino de terminar de raíz con el régimen comunista que ha resistido el embargo y hostigamiento de todos los gobiernos de los EEUU desde el triunfo de la Revolución en 1959.
El caso de Nicaragua por el momento no está en el radar público. Daniel Ortega, líder de la revolución Sandinista y presidente de Nicaragua (1985-1990) después de derrocar la dictadura de Somoza, volvió al poder el año 2007. En estos últimos 19 años de gobierno ha consolidado un régimen cada vez más autoritario, hasta el punto de reprimir violentamente revueltas estudiantiles el año 2018, encarcelar a los principales lideres de los partidos de oposición en las elecciones del 2021, y modificar la Constitución para declarar su esposa Rosario Murillo como co-presidenta. En este recorrido ha expulsado al exilio a todo el abanico político, incluyendo a sus antiguos compañeros de lucha sandinista. Después de la caída de Maduro está intentando pasar desapercibido: ha frenado la retórica anti-gringa y, al contrario, ahora pretende congraciarse con la administración norteamericana liberando algunos presos políticos, poniendo freno a la migración, y proyectándose como un régimen que puede ofrecer estabilidad en una región convulsa.
Cuba y Nicaragua no tienen petróleo. Tienen playas estupendas, una ubicación geográfica estratégica, y recursos naturales. Y regímenes políticos que no son del agrado de los EEUU. Elementos atractivos y razones suficientes para las ambiciones inmobiliarias y colonizadoras de la administración Trump. Lo de la transición democrática está menos claro. Como en Venezuela. En todo caso no sería una razón prioritaria para Trump para propiciar un cambio de régimen.
