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Entrevistamos a David Bondia, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC) y profesor de derecho internacional público de la Universidad de Barcelona (UB). Se muestra preocupado por el hecho de que se esté aplicando la Constitución “para restringir derechos fundamentales” y porque “el Gobierno del Estado, el Constitucional y ahora el Supremo quieren acabar decidiendo quién puede ser invertido en la presidencia del Gobierno de Catalunya”

Además de las razones pedagógicas y sociopolíticas, también las jurídicas y jurisprudenciales concluyen que la Generalitat es la administración competente para determinar la lengua de la enseñanza y que el alumnado tiene derecho a no ser separado por razones idiomáticas. La batalla se encuentra ahora en los recursos que aún debe resolver el Constitucional sobre la LEC y la Ley Wert.

El Consejo Interuniversitario instó al Govern a aplazar la ley que requiere que los estudiantes que se gradúen el 2018 acrediten el dominio de una tercera lengua para obtener el título. La moratoria no llegó a ser aprobada nunca y centros como la UAB han decidido no pedir la tercera lengua, mientras que la UPF acatará la ley actual