La sentencia considera que la ley, diseñada para garantizar la enseñanza en castellano pagado con fondos públicos, no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Generalitat
Las entidades de la comunidad educativa vuelven a cerrar filas con la inmersión lingüística ante la posibilidad de su desmantelamiento con el 155. La alarma se ha encendido tras la afirmación del Gobierno de que son “sensibles” a la petición de algunas familias de escolarizar en castellano