Según el análisis hecho por la Alianza de la Pobreza Energética, sólo dos candidaturas, la CUP y BEC, proponen medidas para garantizar el acceso a la luz y el agua. Desde el colectivo exigen que la Ley 24/2015 sea aplicada de forma completa y que desde el Ayuntamiento se sancione a las empresas suministradoras que la incumplan en cualquier término
