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El Gobierno no ha descontado de las arcas catalanas ni un euro de matriculaciones en colegios privados durante los cuatro años de la Lomce. La sentencia del Constitucional pone fin a una fórmula que solo hizo aflorar 154 solicitudes, de las que se habían llegado a estimar únicamente 50

La sentencia considera que la ley, diseñada para garantizar la enseñanza en castellano pagado con fondos públicos, no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Generalitat