Reducir la presencia de los Mossos y de los antidisturbios en los desahucios, fue uno de los compromisos pactados entre Esquerra Republicana y la CUP que permitió la investidura de Pere Aragonès. Con el acuerdo de investidura se quería dejar claro que los desahucios son una cuestión de derecho a la vivienda, y no de orden público. Siete meses después este pacto no se ha cumplido.
Durante el primer semestre de este año, en Cataluña se han producido 5061 desahucios. Sumando la presencia de la BRIMO, de la ARRO y de agentes al margen de las unidades antidisturbios, los Mossos han intervenido en 1.744 desahucios durante este periodo. Si comparamos esta fecha con las 8.690 intervenciones, según el Departamento de Interior, producidas entre enero del 2017 y el abril del 2021, podemos ver que la presencia policial a los desahucios no se ha reducido.
Estos datos están ofrecidos en un informe de Interior firmado por el conseller Joan Ignasi Elena, donde se remarca que el 90% de las actuaciones de las unidades antidisturbios en los desahucios son por requerimiento expreso del juez. Esta fecha deja la puerta abierta a ¿qué pasa con el 10% restante? ¿Actúan los Mossos también sin requerimiento judicial?
En el mes de enero de este año, los Mossos fueron incorporados al protocolo de desahucios, después de haber recibido duras críticas, tanto desde el movimiento en lucha por la vivienda como en el Parlamento, por sus actuaciones durante el año 2020. Uno de los objetivos de este protocolo, era mejorar la coordinación institucional para reducir algunas intervenciones. El protocolo establece que los jueces dispongan de la información necesaria por parte de los servicios sociales municipales en el momento de evaluar la situación de vulnerabilidad de una persona con amenaza de desahucio. De este modo se busca garantizar que todas las partes dispongan de la información de los afectados desde que se interpone la demanda de desahucio.
Los integrantes del protocolo, creado el 2013 y formado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Departamento de Justicia, los cuatro presidentes de las diputaciones provinciales, los colegios de abogados y procuradores de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña, dieron luz verde a la integración del Departamento de Interior de la Generalitat y del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que tiene las competencias en materia de vivienda. A estas alturas, todavía falta que este protocolo sea ratificado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A pesar de todo, la polémica en torno a los desahucios sigue abierta. Por un lado, los Mossos aseguran que sus actuaciones se articulan en base los principios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia. Aseguran que los aplican tanto en el cumplimiento de una orden judicial para garantizar la ejecución de un desahucio, como en las actuaciones para evitar que aquella intervención derive en situaciones de desórdenes públicos. Por otro lado tenemos el papel de los jueces, que a menudo reinterpretan las legislaciones vigentes para favorecer a los desahuciadores, sin tener en cuenta el coste sobre las familias en riesgo de exclusión residencial.
El caso más flagrante de este rol por parte de los jueces, sería la muerte de un vecino de Sants teniendo vulnerabilidad demostrada por servicios sociales. Tras este dramático suceso, Roberto Garcia Ceniceros, delegado del decanato de los jueces de Barcelona en materia de Derecho Civil, reafirmaba que los jueces pueden requerir la presencia policial en casos en que se prevea resistencia y pide que los Mossos tengan un papel activo en los desahucios. En unas declaraciones para la Agencia EFE, creía “absolutamente injusto que se los culpe de los desahucios de personas vulnerables cuando hay una incapacidad manifiesta de todos los servicios sociales para garantizar una vivienda en estos casos”.
Con una media de 2 desahucios por hora y cada vez más colectivos organizados para defender el derecho a la vivienda, de una manera demostradamente pacífica, hay que replantearse si no es la misma presencia de los efectivos policiales la que provoca ciertos incidentes por crispación. El conseller Elena comenta que el código ético de los Mossos “es susceptible de ser modificado en virtud de los cambios y de las transformaciones que experimente la sociedad catalana en el futuro y de la evolución de la misma función policial para que sea un instrumento permanente y útil para los objetivos que pretende lograr”.
Declaraciones de intenciones y pactos de Gobierno sin cumplir, que se han traducido en 267 actuaciones de la Arro en desahucios del mes de enero al mes de junio. 122 reclamadas por los jueces. La Brimo intervino en 31 desahucios, siendo requerida explícitamente por los juzgados en 14 ocasiones. El resto de la presencia policial se limitó a patrullas con parejas.
Se desconocen los datos de junio hasta ahora, pero solo hay que seguir las redes de los movimientos por la vivienda, para ver que a punto de entrar en el mes de diciembre, se ha seguido intensificando la presencia de los Mossos a los desahucios y han estado protagonistas del hecho que familias enteras hayan sido desahuciadas. Flagrante el caso de dieciocho familias, del barrio de Sant Roc de Badalona, desahuciadas de un bloque de Solvia. Quince están en situación de vulnerabilidad.
Multas al movimiento por la vivienda
Una de las consecuencias de la presencia de los Mossos en los desahucios, son los 206.141 € en multas acumuladas contra el movimiento por la vivienda, aplicando la Ley Mordaza. Los cargos se han agravado. Inicialmente eran denuncias por desobediencia y resistencia a la autoridad. De un tiempo hacia aquí, se han sumado las de obstrucción a la justicia, que pueden suponer una sanción de 600 euros.
Desde 2019, se han registrado 351 multas en movilizaciones por parar desahucios. 220 por un importe total inicial de 137.719,00 euros, desde la constitución del actual gobierno catalán. Un grupo de trabajo formado por integrantes de la PAH, oficinas de barrio y sindicatos de vivienda con el apoyo de Alerta Solidaria, ha visibilizado esta situación para exigir al gobierno de Pere Aragonès la retirada de las multas y la no-intervención de la Brimo en los desahucios. La abogada Eva Pous de Alerta Solidaria subraya que “todo esto responde a unas directrices del departamento de Interior ante un movimiento tan necesario como es el de defensa de la vivienda”.
Hola @interiorcat
En les últimes setmanes estan augmentant molt les sancions aplicant la #LleiMordassa a persones que protesten contra els desnonaments.
Vulnera el dret a la protesta de forma greu. Avui un agent de @mossos ho exposava així en un desnonament‼️ pic.twitter.com/Xl82McDdHf
— IRIDIA (@centre_IRIDIA) September 17, 2021
Iridia también alerta de la situación, y lo entiende como un chantaje intolerable al movimiento de vivienda. La entidad considera que la actual interpretación y aplicación de la ley mordaza por parte de los Mossos vulnera el derecho a la protesta de forma grave y pide la derogación de esta normativa.
