Mientras el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, promete mano dura contra las bandas criminales que amenazan su país, la vecina Colombia ensaya discretamente una política menos represiva ante el narcotráfico. Dejar atrás la guerra contra las drogas es una prioridad para Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia, el país que lidera la producción de cocaína en el mundo y que fue el mejor aliado de Estados Unidos en la lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Una estrategia que, según el exguerrillero convertido en presidente, ha producido “un genocidio” que le ha costado la vida a “un millón de latinoamericanos”.
Bajo el título Sembrando vida, desterramos el narcotráfico, el gobierno ha presentado la hoja de ruta que guiará la política sobre drogas de Colombia hasta 2033. El nuevo plan comparte algunas metas con los anteriores: eliminar 90.000 hectáreas de cultivo ilegal de coca y disminuir un 43% la producción de cocaína. Pero el enfoque es muy distinto, ya que el objetivo es que 69.000 hectáreas se erradiquen voluntariamente, promoviendo alternativas para los campesinos que las cultivan.
Durante décadas, la lucha contra el narcotráfico en Colombia ha sido sobre todo una guerra del Estado contra los campesinos productores de coca, una hoja que también se usa para fines lícitos como infusiones o incluso fertilizantes. Mientras en Bolivia la coca cuenta con protección constitucional como patrimonio cultural – por su uso tradicional por pueblos indígenas –en Colombia ha sido estigmatizada, como en una famosa campaña que la llamaba “la mata que mata”. La nueva política distingue entre la hoja y la cocaína fabricada a partir de ella.
“Petro ha dicho que no va a combatir cultivos pequeños, va a combatir los cultivos industriales. Y los cultivos pequeños o hacen sustitución voluntaria o ahí se quedan”, explica la politóloga de la Universidad de Los Andes Sandra Borda, “antes combatíamos todos los cultivos ilícitos, incluido los de los pequeños campesinos, y eso creaba unos problemas tenaces, confrontación entre comunidades y ejército… y nunca ha tenido resultado”. Hoy se calcula que en Colombia 115.000 familias viven del cultivo de hoja de coca y el gobierno pretende que 50.000 pasen a actividades lícitas, como el uso de la hoja para fines legales o actuar como guardabosques para evitar la deforestación – el cultivo de coca es una de las causas de la destrucción de la Amazonía colombiana.
La estrategia de sustitución de cultivos no es nueva; fue incluida en 2016 en el Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, la superficie dedicada a la coca no ha parado de crecer desde entonces, según cálculos de Naciones Unidas, lo que sugiere el fracaso tanto de la sustitución voluntaria como de las erradicaciones forzosas. 7 años después del Acuerdo de Paz, uno de los líderes del municipio donde se inició la sustitución de cultivos denuncia que “no se ha dado cumplimiento a los compromisos pactados con el gobierno, los proyectos productivos nunca llegaron”. Ante la falta de alternativas, algunas familias han vuelto al cultivo de coca, explica este líder comunitario, que prefiere mantener el anonimato.
El fracaso del anterior programa de sustitución de cultivos se debe a la falta de “una mirada territorial, tener en cuenta las dinámicas propias de los territorios donde se cultiva coca”, de acuerdo con Carolina Cepeda, politóloga de la Universidad Javeriana. El plan de Petro, por el contrario “intenta tejer mecanismos de participación, incorporar el conocimiento de los cultivadores de coca”. Un reto añadido es que “las comunidades campesinas seguirán a merced del orden social que impongan los grupos armados” que controlan las zonas cocaleras, como explica en El Espectador Ana María Rueda, de la Fundación Ideas para la Paz. De hecho, algunos participantes en el programa de sustitución de cultivos han sido asesinados por paramilitares o grupos disidentes de las FARC.
Una política “integral”
La nueva política de drogas del gobierno Petro no renuncia a la represión policial y militar, pero la quiere centrar en los cultivos industriales, con el objetivo de infligir pérdidas de entre 55.0000 y 86.000 millones de dólares a las finanzas del narcotráfico. Al mismo tiempo, el gobierno se ha mostrado dispuesto a negociar con narcotraficantes, una estrategia que Cepeda considera acertada: “La política de mano dura se ha demostrado que no funciona, negociar seguramente sea una manera más eficiente de tratar con el problema”. Buscar acuerdos de desarme con las organizaciones criminales forma parte de la política de ‘paz total’ con la que Petro quiere acabar con décadas de conflicto armado en Colombia. “Se trata de ofrecer una rebaja de penas y conservar una parte de sus recursos económicos, siempre y cuando desmonten la estructura criminal, devuelvan bienes, reparen a las víctimas y asuman responsabilidad penal”, explicaba el ministro de Justicia Néstor Osuna en Ctxt.
La represión de los productores de coca ha costado numerosas vidas pero además ha producido graves daños en el medioambiente y la salud, sobre todo por la fumigación de cultivos con glifosato, una sustancia clasificada como “probablemente cancerígena” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El presidente conservador Iván Duque (2018-2022) compró 263.000 litros del herbicida a menos de dos semanas de la toma de posesión de Petro, que ha rechazado utilizarlo. “Las políticas anteriores veían estos temas [el medio ambiente] como daños colaterales que había que subsanar”, destaca la politóloga Sandra Borda, mientras la nueva política es “integral”.
El plan del gobierno Petro también cambia la mirada respecto a las personas consumidoras de drogas. “El consumo problemático debe ser enfrentado con centros de suministro controlado, con apoyo terapéutico, sanitario”, afirma el ministro Osuna. La socióloga Estefanía Ciro, que dirigió el área de drogas de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado colombiano afirma en conversación telefónica que la nueva política “promueve la desestigmatización, la protección del usuario y la reducción de riesgos”, aunque precisa que “es la misma línea que viene dándose desde Juan Manuel Santos y hasta el momento no hay una inversión real”.
La diplomacia de la droga y el debate de la legalización
Colombia ha sido en las últimas décadas uno de los aliados más fieles de Estados Unidos en su guerra contra las drogas. “Con el Plan Colombia, [los ex presidentes] Pastrana y Uribe [consiguieron] recibir plata para la lucha contra la droga y usarla en la lucha anti insurgente”, contra las guerrillas, explica Carolina Cepeda. El gobierno Biden no ha hecho ninguna declaración pública sobre el nuevo enfoque colombiano sobre drogas pero Ciro considera que “La nueva política de drogas cuenta con el completo apoyo de EE. UU. Se basa en el documento de la Comisión de Política de Drogas en el Hemisferio Occidental del Congreso, que fue quien acuñó el término “política holística” que utilizó Gustavo Petro desde el principio”. El gobierno colombiano también ha buscado complicidades en América Latina y el Caribe: el pasado septiembre reunió en una conferencia en Cali a más de 30 países de la región. El principal invitado era el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que comparte con Colombia el trágico récord de contar por decenas de miles las muertes de la guerra contra las drogas. Sin embargo, el encuentro se vio ensombrecido por las diferencias entre ambos gobiernos: López Obrador ha evolucionado a lo largo de su presidencia de prometer negociaciones con los carteles bajo el lema “abrazos, no balazos” a una postura mucho más prohibicionista, similar a las de anteriores presidentes mexicanos. Las alianzas internacionales serán una de las claves que marcarán el éxito o fracaso de la nueva política de drogas colombiana. La otra, la implementación. En palabras de Carolina Cepeda, “a la política de drogas hay que ponerle dientes, hay que traducirla en políticas concretas, que no sea fácil que la cambie cualquiera que venga en 3 años”.
La gran ausente de la nueva política de drogas colombiana es la legalización. Este mes de diciembre fue rechazada por quinta vez en el Parlamento una propuesta de regulación del comercio de marihuana, impulsada por la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro y apoyada por partidos centristas. Más polémica es la cuestión de la cocaína: Petro afirmó que si se legalizase “acabaría automáticamente la violencia en Colombia”, aunque recordó que “no depende de [su] voluntad”. Estefanía Ciro considera que la legalización “es el camino para disminuir los impactos del mercado de la cocaína y el cannabis en términos de violación de derechos humanos. No va a haber un atisbo de paz hasta que haya una regulación legal bajo principios de justicia social”.
Cataluña Plural, 2024 
