El 10 de septiembre se estableció un máximo histórico en el precio de la luz. 150 euros el MW hora. Pero, dos días después, este récord se esfumó y parecía incluso barato al lado de los 165 euros que se llegaron a alcanzar. Y así semana tras semana, récord tras récord. Sólo como dato: los testigos que aparecen en este reportaje fueron entrevistados en días diferentes. En cada uno de los casos, ese día se establecía un pico o un máximo en el precio de la luz. No es casualidad, es norma. Pero esta norma afecta diferente según la persona y la circunstancia.
Cristina vive en Badalona con sus tres hijas: la pequeña de siete años y dos gemelas de 18. Cuatro personas a las que hay que alimentar, calentar, limpiar, vestir e iluminar con una única prestación de la Renta Garantizada. Una factura suya de la luz previa a esta escalada de precios rondaba los 40 euros. En junio, cuando se establecieron las franjas horarias, el precio subió a 75. El mes siguiente, cuando empezaron a pulverizarse récords, la factura ascendió a los 100 euros. Es decir, se duplicó en cuestión de dos meses. “No lo he podido pagar. Veremos qué pasa a final de mes, cuando haya cobrado, pero entonces ya se me juntan dos facturas “, explica Cristina, que vive con miedo de volver a generar una deuda con las compañías eléctricas.
Y es que esta vecina de Badalona es miembro de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) desde el 2015: a raíz de la crisis se quedó en paro (situación que continúa a día de hoy) y comenzó a acumular una deuda de impago que superó los 1.000 euros. “Vivía con la angustia de despertarme un día sin luz. Con la vergüenza de no poder pagar y con la responsabilidad de tener dos hijas pequeñas y una recién nacida”, recuerda. Esta situación le generó una hipertensión que hoy todavía se está tratando. Hacía algunos años que estaba al día con las facturas, pero ahora siente que “todo vuelve a empezar”, apunta, mientras remueve sus últimas tres facturas.
Lo hago todo bien. Me levanto a las seis para poner lavadoras, pero aún así la factura se ha duplicado
Todavía las mira cuando dice: “Creo que lo hago todo bien”. Se refiere a tener en cuenta las franjas horarias y no abusar del consumo. Tiene una cocina eléctrica, pero desde que subió el precio, utiliza otra pequeña de butano. Se levanta a las seis de la mañana a poner lavadoras. En su casa, sólo consumen las bombillas, la tele y la nevera. “No lo entiendo, así que ya no miro las noticias, para ahorrarme el disgusto”, afirma. La situación es insostenible y así lo considera también el Gobierno, que en el Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó una serie de medidas para alcanzar el objetivo de que en 2021 se cierre con un precio de media al igual que el del 2018. Y para lograr esto, hay que bajar el precio de la factura un 30%.
Si el precio baja, ¿quien paga la diferencia?
El pasado 25 de junio, el Gobierno aprobó la rebaja del IVA de la luz de un 21 a un 10%. A esta rebaja de las tasas se sumó, el martes 14 de setiembre, una rebaja en el impuesto sobre la producción eléctrica y al impuesto especial eléctrico, que supondrá que las arcas públicas dejarán de recibir 650 millones de euros. “Da la sensación de que el Gobierno prefiere reducir la recaudación, tan necesaria en momentos de crisis, que tocar los beneficios de las empresas”, dice María Campuzano, portavoz de la APE.
Quizás para contrarrestar esta sensación, el Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó una medida que sí afecta directamente las empresas y a los llamados ‘beneficios caídos del cielo’, que supondrá que las eléctricas tendrán que devolver 2.600 millones de euros que deberían servir para disminuir el precio de la factura de la luz. Ahora bien, ¿de dónde salen estos beneficios? El mercado en el que se decide a diario el precio de la luz se caracteriza por ser marginalista. Esto significa que la tecnología más cara pautará el precio al que se venda la energía. Si bien las tecnologías renovables (placas solares o las presas hidroeléctricas), así como la nuclear tienen un coste de producción muy bajo, éstas no son suficientes para abastecer toda la demanda. Es aquí donde entra el gas.
A raíz de los costes que tiene extraerlo, de la crisis de suministro y del impuesto contra el CO2 con el que se graba el gas, este combustible ha alcanzado un precio altísimo. Y ese precio es al que se vende también la energía proveniente de fuentes renovables o nucleares, aunque su coste de producción sea bajísimo. Este margen, que es cobrado por las empresas, es llamado ‘beneficio caído del cielo’ y es éste el que, en parte, deberán devolver las empresas. Las grandes compañías, pues, están aumentando los beneficios mientras los consumidores se ven con graves problemas para llegar a fin de mes. Así, esta medida de limitar los beneficios caídos del cielo podría parecer la clave para solucionar la situación, pero no lo es.
Las medidas del Gobierno no van a la raíz del problema, que es que el mercado está controlado sólo por tres empresas
“Estas medidas no van a la raíz del problema, que es que el mercado está controlado sólo por tres empresas”, añade Campuzano. Y es que Iberdrola, Endesa y Naturgy son las tres empresas que controlan más del 92% de la producción hidroeléctrica en España. Y, a la vez, saben el precio al que se comercializará el gas porque también son productoras. “La producción hidroeléctrica tiene costes muy bajos, pero el hecho de que estas empresas sean híbridas y produzcan con ambas tecnologías hace que puedan ofertar la energía hidroeléctrica más cara y llegar, prácticamente, a equipararla al precio del gas”, explica Alfons Pérez, ingeniero técnico en electricidad e investigador del Observatori del Deute en la Globalització (ODG).
Así, Pérez apunta que “más de la mitad” de los picos de precios de estos meses han sido causados por la hidroeléctrica. “Una vez generas electricidad, no la puedes almacenar y la producción con energías renovables depende de la meteorología; por eso se oferta tan barata. Pero las presas hidroeléctricas tienen una balsa de agua que se puede transformar en energía en cualquier momento. Los ingenieros ven esa agua como kilovatios hora y las empresas la ven en forma de billetes”, apunta. “Esto les da el poder de ofertar la electricidad al precio que quieran”, añade.
Impacto ecológico vs greenwashing
Este poder también lo vimos recientemente con el vaciado de pantanos de Iberdrola por debajo del máximo establecido en Zamora y Cáceres. Estos vaciados en un momento como el actual generan ingentes beneficios para las empresas productoras, que han decidido agotar las reservas ahora que el precio está disparado. Es por ello que este caso está siendo investigado por la CNMC, aunque las empresas ha asegurado que esta maniobra se dio para “frenar el uso de fuentes energéticas mucho más caras [el gas] y apostar por las renovables”, tal como aseguró Miguel Calvo Calleja, delegado de Iberdrola en Castilla y León, en una entrevista con Efe.
Así, bajo el mensaje de apostar por las renovables y marginar aún más un combustible tan contaminante como el gas, se esconde una estrategia de enriquecimiento y greenwashing. Si bien es positivo apostar por las energías renovables, vaciar sin medida un estanque tiene un enorme impacto ecológico: “en el fondo de las represas acumulan metales pesados y dejar tan poca agua tiene un elevado riesgo de contaminación. Por no hablar de todas las especies que se ahogarán”, apunta Alfons Pérez.
“En medio de una crisis económica, sanitaria y ambiental, las grandes empresas maximizan beneficios”, resume María Campuzano, quien explica que muchas familias también se ahogan al recibir facturas y considera que las medidas sociales del Gobierno son totalmente insuficientes. Sobre la última medida del ejecutivo, el Suministro Mínimo Vital (SMV), que debería garantizar una potencia mínima en cada hogar vulnerable, desde el APE no se muestran convencidos. Aseguran estar preocupados por si esta medida sustituye la moratoria de cortes que depende del Escudo Social, que se renovará el próximo 31 de octubre. “No hay protección si los consumidores no están seguros de que no les cortarán la luz. Además, hay que recordar que aún no se ha establecido quién deberá saldar la deuda que están generando muchas familias y se nos tiene que explicar qué pasara cuando acabe la moratoria”, dice.
Además, desde la APE han pedido al Gobierno que amplíe el principio de “consumidor vulnerable”, ya que hoy por hoy, sólo pueden acceder a las ayudas y al bono social aquellas personas que estén sujetas al mercado regulado de la electricidad. “Este mercado debería ser el más económico, porque es el que tienen contratado las personas más vulnerables, pero por el contrario es el que más se está viendo afectado por los picos del precio de la electricidad”, apunta Campuzano, quien, además , recuerda que cerca del 80% de los consumidores están en el mercado libre. “Con estas medidas protegemos muy poca gente”, asegura.
Una de estas personas es Cristina, pero tampoco se fía demasiado de estas medidas. “¿Quién me asegura a mí que, por mucho que le llamen mínimo vital será suficiente?”, se pregunta esta mujer que, a pesar de cobrar la Renta Garantizada de Ciudadanía, tiene serios problemas para llegar a fin de mes. El concepto de mínimo está en entredicho, también con el IMV, que dice que basta con 950 euros al mes para vivir. ¿Cuántas lavadoras son las mínimas? ¿Cuántas bombillas y cacerolas se podrán utilizar? Estas preguntas se las hacen muchas familias mientras esperan la llegada de un invierno que se prevé cruel climáticamente y que tampoco dará tregua a las facturas de muchos hogares.
