“El expolio extranjero en Senegal nos fuerza a migrar: Por eso estamos aquí”.

“Nuestros dirigentes no están preparados para garantizarnos el futuro. Mientras renuevan acuerdos pesqueros con la Unión Europea (U.E.), los jóvenes tenemos que arriesgar nuestras vidas en travesías mortales por no tener puestos de trabajo en nuestro país. Por eso estamos aquí”. Son las palabras de Aziz Faye, de origen senegalés y portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, conocidos popularmente como “Sindicato Mantero”.

Como Faye, muchos migrantes económicos han atravesado tierra y mar hacia Europa después de un viaje lleno de sufrimiento y de peligros; una estrategia de supervivencia que a su vez se cobra vidas en el intento. Actúan así como consecuencia de los procesos de globalización económica, comercial y de los planes de ajuste estructural que se han impuesto por países occidentales. Los acuerdos comerciales y la actividad de las empresas multinacionales que se han instalado en sus países han saqueado a la población local de sus recursos básicos y necesarios y destruido su equilibrio sociocultural. Estas compañías extranjeras acaparan sus tierras que destinan a monocultivos para los mercados internacionales, extraen sus minerales para exportarlos sin beneficiar a su población, y cuando se trata de países con acceso al mar, también explotan su riqueza pesquera.

Un ejemplo son los acuerdos bilaterales de pesca firmados entre Senegal y la U.E. que inciden en el expolio de recursos marinos desde finales de los años 70. La pesquería de la U.E. entraba ya en competencia directa con las embarcaciones artesanales senegalesas. El 18 de noviembre de 2020 el Parlamento Europeo renovó el protocolo que da acceso a las aguas de Senegal a buques de España, Francia y Portugal durante un periodo de cinco años: permite faenar en la zona a 45 barcos europeos, 29 de ellos españoles. Se enmarca dentro de los Acuerdos de Colaboración de pesca sostenible (ACPS), los cuales siguen describiendo compromisos de proteger la biodiversidad marina en consonancia con los principios de no discriminación, transparencia y buena gobernanza, e incluso describen el “apoyo a la pesca artesanal”. Sin embargo, se da entrada a dos buques arrastreros españoles, que como es bien sabido destruyen el ecosistema arrasando el fondo marino, y se oculta el impacto negativo que agreden estos acuerdos a los lugareños, sin recibir ninguna compensación. Daouda Dieye, también portavoz del Sindicato Mantero exclama: “Los acuerdos pesqueros han hundido la pesca artesanal en mi país. Tuvimos que abandonar nuestra profesión de toda la vida y exponernos a los peligros de la migración forzada”.

Impacto local

Mientras se renuevan estos acuerdos, se conoce que el aumento de la presión por parte de las flotas pesqueras internacionales en países de África occidental como Senegal tienen un grave efecto en el empleo, la economía y la seguridad alimentaria, lo que está provocando que cada vez sean más las personas que se vean obligadas a emigrar aun teniendo el riesgo de jugarse la vida durante la travesía.

La pesca artesanal tiene un fuerte peso social en Senegal: aporta aproximadamente las tres cuartas partes del consumo de proteínas de origen animal y emplea alrededor de 600.000 personas en la región. Sin embargo se ha visto perjudicada, hasta el punto que los pescadores y otros trabajadores que dependen del sector, –como las mujeres que revenden el pescado en la playa, los porteadores, los intermediarios de venta y los comerciantes- no pueden subsistir ni mantener a sus familias. Si se reducen las capturas, se pierden puestos de trabajo y los precios aumentan, y esto incide también en su supervivencia.

Los jóvenes de la población de Kayar, mientras remiendan las redes sobre la arena, aseguran: “No podemos salir a pescar ni mantener a nuestras familias, que es nuestra tradición. Si pudiéramos trabajar, no querríamos dejar a nuestros seres queridos, nuestra cultura ni salir del país”. Su patrón Abdoul Diouf, ya no puede pagar los créditos de la gasolina, cada vez más necesaria para encontrar algo de pescado en la lejanía de la costa, a más de 50 kilómetros. Hay días que regresaban sin haber capturado nada.

Tierra adentro se pueden apreciar las consecuencias del descenso de la pesca artesanal. La población utiliza el pescado como fuente principal proteica, pero los escasos recursos económicos de los habitantes no pueden hacer frente al incremento de los precios de este producto y su alimentación se resiente.

A las décadas de sobrepesca y a la inacción del gobierno senegalés hay que sumar en los últimos años la instalación de la creciente industria de harina y aceite de pescado por parte de compañías internacionales, sacando a la población local el pescado del plato para alimentar piscifactorías, cerdos o aves de corral en mercados lejanos.

Migración forzada por la desesperación

En los últimos meses, muchos pescadores se han lanzado al mar en sus pateras tradicionales, convertidas en “transporte de la desesperación” para intentar llegar a Europa. Tienen la perspectiva de poder trabajar a su llegada, y de enviar dinero para que sus familias puedan subsistir. Se suman agricultores que les acapararon sus tierras y estudiantes con masters que no encuentran salida profesional. Nos recuerda a la “crisis de los cayucos” del 2006, cuando entraron más de 30.000 personas por Canarias. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Ruta Canaria que el año pasado movilizó a más de 23.000 personas, se está convirtiendo en una de las más mortíferas del mundo, ya que se exponen a travesías que pueden superar los 1.000 kilómetros, con hasta 10 o 12 días a bordo de embarcaciones precarias, no preparadas para la navegación en océano abierto . Y es que esta ruta se ha vuelto a activar, llegando el último fin de semana de marzo ocho embarcaciones y 320 migrantes. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) constata que en dicha ruta muere una persona por cada 20 que llegan. En su proyecto “Migrantes Desaparecidos”, la OIM ha registrado en 2020 alrededor de 600 muertos como mínimo en esta vía, sin contar algunos naufragios que han desaparecido sin dejar rastro alguno. De enero a marzo de este año, cada dos días y medio pierde la vida una persona en la Ruta Canaria. Muchos de ellos procedían de familias de pescadores vulnerabilizadas en Senegal.

Mientras dicha tragedia humana ocupa los titulares de noticias internacionales, el presidente de Senegal Macky Sall sobrevolaba con indiferencia el dramático océano con jóvenes que arriesgaban sus vidas por no poder sobrevivir en dicho país. En el Foro de París por la Paz, Sall declaraba sobre su programa de desarrollo comunitario que ha generado inclusión, de la política de justicia y equidad social y territorial, traducido en el acceso al agua potable y electricidad. Pero Dieye exclama desde el Sindicato Mantero: “En Senegal han vendido el agua, la electricidad, la línea móvil y telefónica a Francia. Y ahora han vendido el mar: ¡Nada nos queda, se ha vendido todo!“.

Protestas sociales

La población senegalesa ha reaccionado. Tras la trágica muerte de 480 jóvenes en tan solo una semana, el pueblo dice “BASTA YA”, lema que se vio ya en la protesta de Dakar en noviembre de 2020, con un duelo nacional no guardado por el Estado. Participó el recién creado colectivo #480 en memoria de los fallecidos, cuyas tareas son reclamar la responsabilidad que tiene el Estado y la de sensibilizar a la ciudadanía para que no se arriesguen en la travesía clandestina del mar, sino que se queden para luchar contra el saqueo de los recursos.

Mientras, varias ciudades españolas se han hecho eco del duelo por las víctimas en el mar. En Barcelona ha sido convocado por el Sindicato Mantero, y sus voces han sido claras: “No somos pobres, sino empobrecidos por el sistema; nuestro país es rico, pero si nos roban nuestros recursos nos obligan a salir a buscar la vida”. Denuncian las políticas de su Estado senegalés, la falta de oportunidades para poder sobrevivir y el racismo institucional con el que se encuentran cuando llegan a España: una ley de extranjería que sólo les permite regularizarse a partir de los tres años de empadronamiento, y eso si encuentran un trabajo de mínimo de un año a jornada completa.

María Dantas, diputada española de origen brasileño del partido de Esquerra Republicana de Catalunya, ha participado en el acto de duelo delatando que las personas que entran en territorio español por vías no legales y no son deportadas se encuentran en una situación de irregularidad administrativa durante varios años, algunos hasta 15. Ello comporta una violación de los derechos humanos. Sobre la llegada de inmigrantes a Canarias en estos últimos meses, ha recibido imágenes de órdenes de devolución sin firma de letrado ni de intérprete, vulnerando la Convención Internacional del 51 del Estatuto del Refugiado. La Plataforma “RegularizaciónYa” compuesta por más de 150 entidades del estado español, está defendiendo los derechos de estas personas creando una PNL (Proposiciones no de Ley) que se debatió en el Congreso de los diputados; continúan con iniciativas parlamentarias. A finales de marzo, vemos otra forma de abogar por los derechos humanos: Serigne Mbaye, senegalés del Sindicato de Materos de Madrid ha aceptado el fichaje de Pablo Iglesias para su candidatura: “Creo que es necesario estar allí dónde se puedan cambiar las políticas que están generando desigualdad; porque necesitamos una vida digna; una vida sin racismo”, declara Mbaye.

Con el lema “mi sueño no era ser mantero, soy pescador”, el Sindicato Mantero de Barcelona presentó el pasado mes de diciembre su nuevo diseño de ropa de su propia marca Top Manta: otra forma de denunciar a través de las frases impresas, que explican la razón por la que se ven obligados a migrar y a convertirse en manteros. Además lo han expuesto en la manifestación de Badalona, surgida para denunciar las condiciones sin derechos en que vivían los compañeros muertos en la nave incendiada. Mientras, el mismo día en Senegal, todos los pueblos costeros se manifestaron masivamente a pesar de que el presidente tampoco dio autorización para ello; y como medida de presión social, dejaron la actividad pesquera varios días.

A principios de marzo se reanudaron durante varios días las protestas de jóvenes estudiantes en la capital senegalesa, extendiéndose a otras ciudades del país. La detención del líder de la oposición Ousmane Sonko ha sido el detonante de las manifestaciones, aunque llevan de base una carga acumulada sobre la mala gestión del Gobierno y las pocas posibilidades de ver un futuro digno y democrático. Varias marcas francesas han sido saqueadas o incendiadas (Auchan, Total), ataque sintomático del descontento del “neocolonialismo antieconómico” que vive la sociedad civil. “Nuestro presidente es una marioneta de Francia”, manifiestan. El movimiento nacido en oposición a los actos antidemocráticos #FreeSenegal ha denunciado que estas movilizaciones se han cobrado 11 víctimas.

Iniciativas y alternativas

La situación descrita se enmarca dentro de un modelo de producción y consumismo capitalista que incide muy negativamente sobre las poblaciones vulnerabilizadas de los países periféricos. Como reacción, se han activado alternativas mundiales en defensa de la Soberanía Alimentaria y de la lucha contra la impunidad de las transnacionales extractivas.

Justicia Alimentaria (VSF), ya en el año 2011 activó la campaña “¡Paren!, aquí vive gente!”, en la que exponía que la globalización impulsada por las políticas neoliberales reducía drásticamente los derechos de acceso a los recursos pesqueros de la población local. Tras su investigación, delataba que la mayoría de los barcos que operaban en la costa senegalesa eran de bandera española, como Pescanova (denunciada ya por sus malas prácticas en 2009) y Senevisa.

Otras organizaciones trabajan en la problemática, como Trygg Mat Tracking  que aborda la pesca ilegal en esta región desde 2015, Global Fishing Watch que promueve la sostenibilidad de los océanos, o Environmental Justice Foundation que ya desde el año 2007 denunció que se estaba descargando pescado ilegal en puertos como el de las Palmas de Gran Canaria, cuestión que tendría que importar al gobierno español, según declaraba Celia Ojeda como responsable de Océanos y Pesca de Greenpeace. También la FAO en su informe “El estado mundial de la pesca y la acuicultura de 2020” hace especialmente hincapié en la sostenibilidad, y promueve que se sumen más países -60 hasta el momento- a las “Medidas del Estado rector del puerto” destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

Mientras esta injusticia flagrante está en la agenda de varias organizaciones, los consumidores de la U.E. (la mayor importadora de productos pesqueros del mundo), tienen el poder de escoger alternativas más respetuosas, como comprar los alimentos procedentes de la pesca sostenible. Iniciativas tales como la campaña #MaresParaSiempre, promueve el sello azul de MSC (Marine Stewardship Council) que certifica que el pescado que se compra tiene un origen y desarrollo sostenible desde que se captura hasta que llega al consumidor. En 2019 ya colaboraban más de una veintena de empresas en España. Sería oportuno el promover una conciencia a la población receptora de estos productos sobre lo que implica su consumo, incrementando la alternativa de compra de proximidad y de temporada con el fin de no castigar aún más a la alimentación básica y los derechos humanos de las poblaciones ricas en recursos, pero empobrecidas, del Sur.