Así de contundente ha sido el Banco de España en su informe anual, el principal estudio sobre la economía española. La entidad celebra la oferta pública de alquiler que promueve la Ley Vivienda, pero advierte que no será suficiente, la situación del alquiler no mejorará. Respecto a los controles de precios, reconoce que “en último término, lejos de lograr un abaratamiento de las viviendas arrendadas, se puede terminar dando lugar a mayores niveles de precios”, y defiende que haya un seguimiento exhaustivo de la nueva legislación para detectar y actuar si se detectan efectos indeseados.
El informe denuncia que, en España, el 40% de los hogares en alquiler destinan más de un 40% de su renta disponible a pagar el arrendamiento, siendo uno de los países en los que se dedica un mayor porcentaje de ingresos al alquiler. Además las rentas del alquiler crecen más que los salarios y advierte de que esto eleva la proporción de personas en riesgo de exclusión social, sobre todo entre los jóvenes. Incidiendo en que el 50% de los hogares españoles que residen en viviendas de alquiler y que se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, siendo el porcentaje más elevado de la UE, mientras que el 40,9% que dedicaba más del 40% de su renta a la vivienda casi duplica el 21,2% en el promedio europeo, con especial incidencia en las familias con menores ingresos.
El Banco de España remarca la caída del número de personas que acceden a una vivienda en propiedad, mostrando cómo la tasa de hogares jóvenes con casa propia se ha desplomado del 69% al 36%. Un hecho que está provocando un fuerte aumento de la desigualdad por riqueza. En opinión del banco, las soluciones a este problema no pueden concentrarse en una sola política, deben abarcar otros muchos aspectos, incluyendo también el mercado laboral, los salarios y la productividad, ya que estamos ante unos precios del alquiler elevados, en comparación con las rentas del trabajo, aumentan la proporción de población en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida. Cuanto más bajo es el salario, peor es la situación.
El informe constata que muchos inquilinos viven tan ahogados que perder el trabajo o un aumento de la renta mensual los empuja directamente a una situación económica crítica. Cabe recordar que más del 70% de los desahucios vienen producidos por impago de alquiler o por no poder asumir una renovación abusiva del contrato.
La juventud no lo tiene más fácil, por un lado está la incapacidad de ahorro para poder acceder a una vivienda de propiedad, y por otro lado está la opción del alquiler, que cada día la empobrece más.
Con todo el nivel de angustia, de estrés por la inseguridad habitacional, aumenta y está cada vez más reconocida aunque haya sectores que, por sus intereses económicos, pongan todo su esfuerzo en negarlo y no afrontar la situación.
Según un estudio del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, en la ciudad de Barcelona, donde el 40% de la población vive de alquiler, el precio de alquiler medio entre 2010 y 2020 subió el triple que los salarios, un 136,36% frente al 43,5%. En 2022, el alquiler medio alcanzó 1.077 euros al mes, de modo que en los salarios inferiores a 1.000 euros, que viven en barrios con precios inferiores, el alquiler se lleva el 54% de los ingresos.
Otro estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, IDRA, apunta que siete de cada diez familias que viven de alquiler se han visto obligadas a mudarse una o más veces en los últimos cinco años. El informe también alerta sobre otra problemática derivada de los altos precios de la vivienda y de la pobreza que esta acompaña: las familias que no consiguen que les alquilen un piso al no disponer de un contrato estable, de ingresos fiables o por estar en situación irregular. Se ven abocados al mercado negro de las habitaciones, donde pueden acabar pagando 600 euros por una habitación para toda la familia.
Con todo, el perfil de la pobreza está cambiando, y podríamos afirmar que nadie está a salvo. Cáritas afirma que las personas llegan con necesidades muy inminentes relacionadas con la vivienda, los suministros, como luz, gas y agua, y apoyo económico, a pesar que más de la mitad de las familias que vienen están trabajando. ‘’La vivienda sigue siendo ese pozo sin fondo que se va tragando todos los ingresos de las familias”.
La situación difícilmente va a cambiar mientras no se fomente la opción social de la vivienda, con vivienda pública a precio asequible y alquileres sociales, y se permita la especulación de un mercado controlado por los fondos buitre, inmobiliarias y rentistas, para que las clases trabajadoras les transfieran su dinero al coste de malvivir.
