Situaciones de emergencia como la que se vive con la epidemia del coronavirus muestran si las leyes se ajustan a la realidad. Trabajadoras de los cuidados y del hogar se han ofrecido a la Generalitat para trabajar en residencias de la tercera edad y en servicios sanitarios, ya que tienen formación y experiencia para asumir tareas en estos ámbitos, pero las que no tienen la documentación en regla no han sido aceptadas. No lo han sido aunque en algunos casos su oferta era voluntaria y altruista. El único argumento para no admitir el ofrecimiento ha sido la falta de permisos, que se deriva de la ley de extranjería, según Carmen Juares, del colectivo Mujeres Migrantes Diversas.
La situación de las trabajadoras del hogar y los cuidados ha empeorado con la epidemia del coronavirus. Muchas simplemente han sido despedidas, pero como no tienen derecho al paro ni a las indemnizaciones, han quedado a la intemperie económica y vital. Otros han tenido que hacerse ‘internas’ y asumir trabajos con mucho riesgo, como “cuidar de personas que han tomado el Covid-19, sin las perceptivas medidas de seguridad, como batas impermeables o mascarillas”, dice Juares. Como resultado de ello, hay mujeres que se han contagiado del virus, no pueden trabajar y tienen dificultades para pasar la cuarentena en viviendas compartidas con muchas personas.
Oriol Amorós, secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, en un encuentro con varias organizaciones de mujeres migrantes les comentó la posibilidad de que ante el aumento de necesidades de personal, especialmente en residencias y centros sanitarios, tal vez en estos sitios encontrarían trabajo algunas mujeres que lo habían perdido debido a la epidemia.
“Muchas de las mujeres de las asociaciones tenemos formación en cuidados y experiencia en limpiezas y gestión del hogar”, explica Juares. Además, en el poco tiempo que tienen libre, las mujeres emigrantes hacen cursos de formación reglada, por ejemplo en Barcelona Activa, donde se tratan temas de dependencia y cuidados a la tercera edad.
La sorpresa de estas trabajadoras ha sido que, de manera informal, la Generalitat les ha dicho que no las podían admitir para reforzar las diezmadas plantillas de las residencias de la tercera edad o de los centros sanitarios durante la epidemia porque no tenían papeles. Las que los tienen en regla, sí han sido admitidas en las listas.
Ayudar aceptando riesgos
Pero lo que más ha sorprendido las asociaciones de trabajadoras del hogar es que “compañeras y compañeros, con estudios o titulación en especialidades médicas, se han ofrecido para ayudar a residencias o centros sanitarios en lo que haga falta para luchar contra el coronavirus. Lo han hecho, a pesar de ser conscientes de que pueden enfermar, pero quieren colaborar”, dice la portavoz de Mujeres Migrantes Diversas. Al igual que la anterior ocasión la barrera ha sido tener o no tener papeles. Los que los tienen pueden pedir trabajo, los que no, tengan la formación que tengan, no son aceptados.
A última hora se ha abierto un resquicio de esperanza: el ministro español de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, en rueda de prensa, indicó que el gobierno se plantea conceder permisos de trabajo a migrantes con formación sanitaria. Pero sólo son declaraciones y un poco confusas. Parece que se limitarían a personas que vivan en España en situación regular pero sin permiso de trabajo, que ahora podrían trabajar como médicos o enfermeros o, en general personal sanitario. En este sentido, se quisiera hacer un procedimiento expreso, pero el ministro no ha dado más detalles. Una primera interpretación de las palabras del ministro limitaría la oferta a personas que vivan en España en situación regular pero que no tengan permiso de trabajo y se piensa que se querría limitar a las escalas profesionales más altas.
