Poder acceder y mantener una vivienda digna, es uno de los grandes retos que afrontamos como sociedad. Una problemática alimentada por los problemas estructurales en torno a las políticas de vivienda y la pobreza creciente que genera cada vez más desigualdades.
ECAS es una federación de Entidades Catalanas de Acción Social, que trabaja de manera prioritaria con colectivos en situación o riesgo de exclusión social. La atención directa que prestan las organizaciones miembros de ECAS y la tarea de la federación para vertebrar el sector, se fundamentan en la lucha por la igualdad de oportunidades para toda la población.
Su principal objetivo es promover el bienestar social con especial atención a las personas en riesgo de exclusión social. Periódicamente editan publicaciones e informes, como el INSOCAT. El último, presentado el pasado 26 de abril, se ha centrado en la vivienda para mostrar las situaciones más invisibilizadas de la exclusión residencial, como son la inseguridad y la inadecuación de la vivienda. Un informe basado en el análisis documental y de marco legal existente, así como en los datos estadísticos más recientes en Cataluña y el trabajo de campo. A partir del conocimiento y de las vivencias compartidas, nos muestran un diagnóstico y plantean una serie de propuestas.
Diversidad de la problemática
Las diversas vertientes se dividen entre las personas que pueden disponer de un hogar, de un lugar donde sentirse seguras, protegidas y desarrollar su proyecto vital, y las personas que quedan excluidas. El sinhogarismo incluye casuísticas que a menudo pasan desapercibidas para el resto de la sociedad, pero que generan un sufrimiento y una angustia elevadas a quien las vive en su propia piel.
Vivir en una vivienda insegura, de la que te pueden echar en cualquier momento y sobre la que no puedes disponer de ningún título acreditativo, genera miedo e inestabilidad extrema. Del mismo modo, vivir en una vivienda inadecuada, insalubre o en condiciones de hacinamiento, vulnera de manera flagrante el derecho a una vivienda digna que tenemos todas las personas.
Entre las principales problemáticas, detectadas por las entidades en su día a día, destacan el alquiler y realquiler de habitaciones, el hecho de tener que compartir vivienda de manera forzosa y la persistencia y la amenaza de desahucios, así como nuevas formas de desahucio invisible, el acoso inmobiliario latente, las ocupaciones estigmatizadas, el racismo inmobiliario y el tener que vivir en la calle de manera crónica o intermitente.
El 97% de las personas atendidas por las entidades sociales en Cataluña tienen problemas de vivienda
En total, 1,3 millones de catalanes viven en una vivienda inadecuada -infraviviendas, en hacinamiento o en estructuras temporales- y casi un millón más lo hace en una vivienda insegura -ocupaciones temporales, con amenaza de desahucios o amenazas violentas. Además, 18.000 personas viven en situación de sin hogar y sin techo.
“La vivienda es hoy un motor de exclusión social de primer orden. Garantizar el derecho a la vivienda, reconocido, pero vulnerado, es imprescindible. No existe ninguna política efectiva de lucha contra la pobreza, si no va acompañada de una política de vivienda que garantice el acceso y el mantenimiento”, ha denunciado Míriam Feudo, responsable del informe de ECAS INSOCAT 14 ‘Vivienda y exclusión residencial’, elaborado por el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Barcelona.
Los colectivos más afectados son las personas migradas, las familias con niños y adolescentes, los hogares monoparentales y las personas jóvenes solas. La exclusión social se arrastra desde hace muchos años y responde a una problemática estructural. Los datos han empeorado desde 2018 la que las respuestas a la problemática de la vivienda son insuficientes e insatisfactorias
Más de la mitad de las personas que no pueden atender las entidades necesitan un alojamiento, y el 48,6% necesitarían ayudas para pagar el alquiler, una habitación o los suministros básicos. Mecanismos como la Mesa de Emergencia, está tardando hasta dos años para dar una respuesta definitiva, unos plazos que no cumplen en absoluto la emergencia. Una muestra de la magnitud del problema está en el hecho que, a pesar de las restricciones y dificultades que comportó la covid-19, el 2020 un 54,5% de las entidades atendieron más personas que el 2019.
El informe revela también que el 80% de la acción social en Cataluña está vinculada a problemas de vivienda. Las entidades denuncian que no tienen herramientas para hacer frente y que las que tienen no son adecuadas.
Vivir en exclusión residencial comporta inseguridad jurídica y económica, miedo y angustia, así como inseguridad vital y grandes dificultades para proyectar la vida personal de los niños, niñas y adolescentes. Los cambios continuos de vivienda, la discriminación en el momento de acceder a una vivienda por el hecho de tener criaturas y poder molestar, la elevada precariedad y la vulnerabilidad económica afectan las personas y las familias, especialmente las monoparentales.
La vulnerabilidad residencial condiciona la salud física, mental y emocional de las personas, que ven restringidas sus capacidades con el consiguiente impacto en sus relaciones familiares y personales, así como en la crianza de los hijos e hijas.
Los precios de la vivienda, en cualquier de sus regímenes y posibilidades, excede el que pueden pagar parte de las economías familiares. Según la Fundación FOESSA los hogares que tienen un gasto excesivo en vivienda (calculado como base que se quedan bajo el umbral de la pobreza severa una vez han hecho frente a los gastos de vivienda) se sitúan en el 19,3% de la población catalana, afectando 584.000 hogares el 2021.
El desequilibrio entre el precio de la vivienda y la capacidad adquisitiva de buena parte de la población, lleva a varias situaciones asociadas a problemáticas dentro del ámbito de la vivienda. Además del creciente número de hogares que sufren pobreza energética (un 5,2% de la población no puede mantener el hogar a una temperatura adecuada, porcentaje que se dispara hasta el 26,4% para la población sin nacionalidad española), en Cataluña el 25,4% de la población se ve obligada a reducir los gastos de suministros (electricidad, agua, gas), el 22% las de teléfono, televisión o internet y el 11,4% ha tenido que hacer frente a avisos de corte en los suministros.
El Plan Territorial Sectorial de la Vivienda de Cataluña (2021) apunta que en Cataluña, en los próximos 15 años, 355.000 nuevos hogares quedarán excluidos del mercado, puesto que cada vez hay mayor distancia entre los ingresos de los hogares y los precios de las viviendas. El excesivo gasto en vivienda, provoca que muchas familias se ven obligadas a elegir entre comer o pagar el alquiler, tienen que aceptar condiciones residenciales inseguras y precarias, no pueden cambiar de vivienda o tienen que marchar del municipio donde viven.
Desahucios, habitaciones realquiladas y ocupaciones
En el ranking de las problemáticas que más afectan a las personas acompañadas por las entidades sociales, destacan los desahucios de alquiler, el realquiler de habitaciones y las situaciones de calle intermitentes. Justo es decir que las habitaciones se realquilan sin contrato y generan desahucios invisibles.
Los desahucios encubiertos por la no renovación del contrato de alquiler forman parte de un segundo bloque de problemáticas significativas, junto con las ocupaciones individuales (personas o familias solas) y las situaciones de calle cronificadas
Un tercer bloque, con tendencia a agravarse, lo forman las ocupaciones compartidas, la soledad y la falta de apoyo y recursos familiares.
Propuestas de ECAS sobre vivienda
Las entidades sociales reclaman el aumento del parque de vivienda accesible; incrementando la vivienda de protección oficial, destinando el 1% del PIB a políticas de vivienda, captando vivienda privada, dotando de más recursos la Mesa de Emergencia y otorgando ayudas al alquiler. Paralelamente, aplicar las sanciones a los grandes tenedores que no cumplan con sus obligaciones con relación a los contratos de alquiler social, un refuerzo del paraguas jurídico para preservar la función social de la vivienda, abordar el sinhogarismo a través de la estrategia aprobada para el 2021-2024, o la aplicación sin restricciones del empadronamiento.
Otras propuestas recogidas son, actuaciones concretas para la protección de colectivos en situación de vulnerabilidad, como las personas migradas -a quienes hay que garantizar el acompañamiento mientras no se derogue la ley de extranjería-, la gente mayor y la juventud -a quien hay que ofrecer viviendas de uso social ligadas a momentos evolutivos clave-, las familias monoparentales y niños -a quienes hay que garantizar viviendas de emergencia en condiciones adecuadas-, y las personas con problemas de salud mental y discapacidad -por quien hay que reservar parque público, apoyo y asesoramiento para prevenir abusos y discriminaciones.
Conclusiones
Sin garantizar el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna a toda la población, incluidos los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, no se puede avanzar hacia una sociedad más cohesionada. Es necesaria una política pública en vivienda centrada en recuperar su función social, con la implicación de todos los agentes, desde las administraciones públicas a todos los niveles, hasta las entidades privadas y la ciudadanía.
Los circuitos administrativos son lentos, complejos y a veces ineficaces. Hacen falta respuestas más ágiles y operativas tanto para efectuar las gestiones, como para reducir el tiempo de resolución y de implementación de los trámites
Son necesarias acciones que combinen el corto plazo y la emergencia residencial, con el medio y el largo plazo, en la consolidación de un modelo socioeconómico que supere las carencias estructurales actuales. La vivienda es un derecho básico de todas las personas, y es inaceptable que se continúe vulnerando.
