La pandemia de los desahucios no es nueva. Lejos de solucionarse, ha ido mutando con el paso de los años. En la última década hemos visto cómo la situación evolucionaba de las ejecuciones hipotecarias a la burbuja del alquiler y el problema de la ocupación, ahora denominada afectadas sin contrato. Una denominación muy políticamente correcta, pensada para no levantar las iras del sector más criminalizador de la pobreza, cuando se hable de ‘’proteger ocupas’’. Así, entrecomillado, porque esta moratoria de desahucios es tan correcta como ineficaz en este sentido.
A pesar de todo, el término afectadas sin contrato para referirse a las ocupaciones, siempre será mejor que hablar de lanzamiento como sinónimo de desahucio, de ejecución hipotecaria como sinónimo de pérdida de proyectos de vida o bichos para hablar de las personas que habitan los pisos que van pasando de una socimi a otra, en este juego de trileros que llevan años orquestando la banca y los fondos buitre. Denominaciones que demuestran el desprecio del sistema hacia a las personas.
A lo largo del año 2020, en un marco de alerta sanitaria, confinamiento y meses sin actividad judicial, se produjeron 29.406 desahucios. Una cifra que demuestra el tremendo fracaso de esta moratoria de desahucios y de las medidas del Gobierno y su cacareado escudo social. Mucho quédate en casa, mientras las familias están siendo lanzadas a la calle (buen momento para recuperar este término fatal). Mucho no dejar a nadie atrás, mientras están alimentando una situación insostenible para miles de personas. Cabe destacar el aumento de un 27,4% en las ejecuciones hipotecarias durante un año tan duro que nos empuja a la precariedad, a las colas del paro, a meses sin cobrar por el colapso del Sepe y a un futuro desolador que nos recuerda episodios, de nuestra historia más reciente, de los cuales demasiadas aún no nos hemos logrado recuperar.
Ante esta situación, en lo que a emergencia habitacional se refiere, ¿qué tenemos? Un Decreto insuficiente, en forma y tiempo. En forma, ya que se ha demostrado la continuidad de los desahucios y deja desprotegidas a las familias hipotecadas, empujándolas al sobre endeudamiento y a una ejecución hipotecaria. En tiempo, porque tres meses más no son suficientes para poder ver los efectos reales de esta nueva crisis y mucho menos para que las familias se recuperen.
Desde la PAH, en el tema hipotecario, lo estamos denunciando desde el principio del estado de alarma: no se puede seguir protegiendo al sistema financiero por encima de las necesidades de la gente. La solución, ni temporal, nunca debió pasar con permitir el aumento de la deuda por impago y obligar a pedir microcréditos para cubrir dicha deuda. Las que llevamos, no solo denunciando y luchando por revertir la situación hace más de una década, también sufriendo en nuestras carnes las prácticas mafiosas de la banca en connivencia con el sistema político, vemos mejor que nadie el germen que se gestó previamente al estallido de la estafa, mal llamada crisis, del 2008.
No se pueden repetir errores tan graves del pasado, como volver a abrir la puerta a créditos para pagar deudas, que siguen en una reestructuración de deuda vinculada a la hipoteca, que continúan en una carencia para ‘’facilitar’’ el pago. Todo ello alimentando la esperanza ficticia de que todo volverá a la normalidad, se recuperarán los buenos sueldos y los grandes trabajos, evitando así que miles de hogares sean expropiados a las familias por la banca. Esperanza ficticia, porque como ya dije, el 2020 ha protagonizado la mayor subida de ejecuciones hipotecarias en los últimos años.
Esta desprotección de las familias hipotecadas no puede ir acompañada del discurso del Gobierno, alegando que dichas familias siempre se podrán acoger a la moratoria hipotecaria vigente desde 2013. Es de una irresponsabilidad absoluta, cuando para acogerse a ella se debe estar en unos niveles de vulnerabilidad tan extremos, que ya te aboca a la inevitable pérdida de la vivienda.
Con la actual moratoria de desahucios por alquiler u ocupación, la situación no cambia mucho. Básicamente, por resumir, si las moratorias no van acompañadas de alternativas de resolución, suspender los desahucios una temporada solo vale para alargar la agonía de quienes tienen un pie en la calle y ninguna alternativa habitacional.
Más que nunca son necesarios cambios estructurales y la voluntad política para llevarlos a cabo, sobre todo con un Gobierno de coalición negociando una ley de vivienda estatal. No es de recibo que estas negociaciones se centren exclusivamente en los pactos de Gobierno, que no recogen ni de lejos la amplitud del problema. Sus pactos partidistas para poder gobernar, son una cosa. La realidad y necesidad de la calle, otra.
Es tan aberrante que se hable de seguir compensando a los especuladores, como lo es que en ningún momento contemplen obligarlos a ofrecer alquileres sociales, en función de ingresos, a las que menos tienen. Esta sí sería una herramienta eficaz para combatir los desahucios, evitar la especulación y poder seguir trabajando en la creación de ese parque público de vivienda tan necesario.
Sobran desahucios y falta valentía para responsabilizar a aquellos que nos roban el dinero, los hogares y los derechos más fundamentales.
