Con el inicio de la pandemia, y para cubrir la demanda creciente, el Departamento de Salud de la Generalitat hizo un reajuste de los servicios médicos, cerró CAP y consultorios y redistribuyó algunos servicios. Más de un año después, sin embargo, parte de estos servicios aún no han vuelto a abrir. Los usuarios de los municipios afectados se han movilizado para recuperar los servicios médicos que tenían antes de la pandemia. Denuncian que el cierre de los CAP y consultorios vulnera el acceso a la sanidad pública y perjudica especialmente a las personas mayores.
Es el caso del municipio de Dosrius, una localidad de la comarca del Maresme de 5.281 habitantes formada por los núcleos de Dosrius, Canyamars y Can Massuet-El Far. Con la pandemia, han pasado de tener tres consultorios, uno en cada núcleo, a tener sólo uno que funciona con relativa normalidad, el de Dosrius. En Can Massuet, donde se concentra gran parte de la población del municipio, el consultorio ha pasado de estar abierto cuatro días a la semana a estarlo tan sólo una mañana. Por el servicio de pediatría, deben desplazarse hasta Argentona, que asume los 940 niños con edad pediátrica de Dosrius, además de los de Òrrius, cuyo consultorio también está cerrado.
«De Canyamars a Dosrius hay unos 5 km, y lo mismo desde Can Massuet a Dosrius. No se trata de núcleos contiguos, sino que hay largas carreteras que separan un núcleo del otro. No se puede ir a pie», explica Rafa Torres, miembro de la plataforma Dosrius Dice Basta Ya, creada para denunciar la desatención médica de la zona. Torres explica que el servicio de transporte público es muy deficitario, y que a veces hay que esperar dos horas el autobús. Por ello, la única manera viable para desplazarse al consultorio de Dosrius desde los otros núcleos es hacerlo con vehículo privado. «Esto perjudica especialmente a la gente mayor que tiene problemas para desplazarse. Estas personas tienen que depender de sus familiares o vecinos para acceder a un servicio tan básico como es el de la atención primaria», denuncia Torres, quien exige «ser tratados como ciudadanos de primera».
«Poco a poco, nos están sacando lo poco que teníamos y están vulnerando nuestros derechos. La atención primaria es la puerta de entrada a la sanidad pública, si fallamos en esta, la puerta de urgencias del hospital se satura», apunta el miembro de la plataforma. Según Torres, los cierres de CAP y consultorios son unos «recortes encubiertos». «La pandemia ha sido la excusa perfecta para dejar de dar un servicio en un municipio con poca densidad de población», denuncia.
La plataforma Dosrius Dice Basta Ya se reunió con la alcaldesa del municipio y también lo ha hecho con diferentes grupos parlamentarios. «Ahora que sabemos que la cartera de Salud la tiene Junts, queremos conseguir otra reunión con este grupo para alcanzar unos compromisos que se lleven a cabo. Des de Junts nos dijeron que visitarían el territorio, pero aún no lo han hecho», explica Torres.
Una situación similar es la que se vive en el municipio de Cabrils, de 7.348 habitantes. Con la pandemia, el consultorio de Cabrils pasó a ser sólo de pediatría, y los tres médicos para adultos que había en el municipio fueron trasladados en Vilassar de Dalt. Asimismo, los ciudadanos de Vilassar de Dalt deben acudir a Cabrils para visitar al pediatra. «Queremos nuestro CAP. ¡Queremos los médicos aquí!», exclama Clara del Ruste, portavoz de la plataforma Cabrils con CAP. Del Ruste denuncia que no hay transporte público que conecte las dos localidades y que esto hace que los jóvenes y los ancianos se vuelvan más dependientes, porque necesitan que alguien los lleve en coche al CAP.
Tras meses de lucha ciudadana, los vecinos y vecinas de Cabrils han conseguido recuperar la atención médica en el municipio, pero sólo parcialmente. Ahora hay un solo médico que visita dos mañanas y una tarde a la semana. «El CAP debe ser nuestro referente de salud pública. No puede ser que sólo tengamos un médico dos días a la semana», sostiene del Ruste. Según la portavoz de Cabrils con CAP, este proceso ya se iba gestando hacía tiempo. «La pandemia ha sido el detonante que ha acelerado esta reorganización. Los políticos nos dicen que se trata de un ‘nuevo paradigma’, pero esto lo único que hace es limitar nuestro acceso a la sanidad pública», remarca.
Según Enric Feliu, de la plataforma Marea Blanca de Cataluya, el cierre de CAP y consultorios supone abandonar a la gente y a las comunidades. «El mensaje que reciben los habitantes de estos municipios es que no importan, y que tienen que hacer un esfuerzo para acceder a su sistema nacional de salud», denuncia Feliu. «No estamos hablando de tener un hospital en la esquina, estamos hablando de la atención primaria», añade.
«Es normal que en plena pandemia, en los momentos más álgidos, hubiera una redistribución y ajuste de los servicios -continúa Feliu-, pero ahora ya no estamos en esta situación límite». Además, según Feliu, esta redistribución de la atención primaria impide llevar a cabo programas de salud comunitaria. «¿Como podemos incidir en los determinantes sociales de la salud si no estamos arraigados en el territorio? La atención primaria debe adaptarse a cada territorio en función de las necesidades de la población. No es lo mismo la atención sanitaria necesaria en el barrio de la Rocafonda de Mataró, donde hay un gran porcentaje de población migrante, que la atención en Dosrius, donde hay una población muy envejecida. Han aprovechado la pandemia para centralizar servicios sanitarios, pero, de hecho, nos están denegando el acceso a estos servicios», sostiene Feliu.
En la misma línea se expresa Fernando Moya, de la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública Mataró-Maresme. «El acceso a la sanidad es un derecho y los poderes públicos deben hacer lo posible para que cada población tenga acceso. El hecho de que pongan un médico dos veces a la semana no resuelve nada. Hay núcleos pequeños de población que ya sufrían un problema endémico en cuanto a servicios sanitarios, y ahora se ha aprovechado la pandemia para recortar aún más», denuncia.
Según Moya, la pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema sanitario catalán y las consecuencias de una década de recortes. «Si la sanidad pública catalana ya estaba bajo mínimos en cuanto a recursos, con la pandemia sólo ha hecho que empeorar. Y esto se ve especialmente en la atención primaria. Falta inversión y, sobre todo, voluntad política», concluye.
