La compañía aérea irlandesa, Ryanair acumula una estela de fraudes laborales contra los trabajadores: vulneración del derecho a la huelga, incumplimientos en la contratación, cesión ilegal de trabajadores, un ERE improcedente, rebajas salariales contrarias a la ley y el despido de los principales representantes sindicales.
La empresa hacía llegar en 2002 a España el modelo low cost con tarifas agresivas y promociones de vuelos por cinco y diez euros. Convirtieron al aeropuerto de Girona en su centro de operaciones, mientras la Generalitat le concedía subvenciones para ligar a la gigante irlandesa en territorio catalán, en concepto de “promoción turística”.
El inicio de una mala relación con los derechos laborales
Los bajos precios rápidamente se trasladaron en malas condiciones laborales de su plantilla. En 2010, Inspección de Trabajo imponía una multa a Ryanair por “conducta temeraria contraria a los derechos de los trabajadores”, ya que la empresa no registraba a sus empleados transnacionales, una infracción tipificada como “muy grave”, según la ley española .
La empresa contrataba a los trabajadores según la legislación irlandesa. Por tanto, a pesar de operar en bases españolas, la cotización a la Seguridad Social, o las prestaciones nacionales no lo son. En 2018 se iniciaba una reivindicación, todavía vigente hoy en día. Los trabajadores de toda Europa se manifestaban entonces para exigir un modelo sostenible y la aplicación de la legislación del país según la base de operaciones. También pedían un reconocimiento de los representantes escogidos por los sindicatos, ya que la empresa insistía en designarlos ella, considerado ilegal según la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Además, denunciaban ya el acoso, las sanciones a trabajadores por baja médica, el envío de cartas intimidatorias a los trabajadores que ejercían el derecho a huelga y amenazas con despidos, como práctica habitual de la empresa.
Ante la falta de voluntad de la compañía de resolver el conflicto abierto con la plantilla de trabajadores, en España se ha pedido de forma continuada un papel más activo del Gobierno. Además, los sindicatos de la empresa de Italia, Portugal, Bélgica, Holanda y España se reunían con la Comisión Europea para que intercediera. Ryanair, lejos de reconocer el derecho a huelga, ante las movilizaciones de los trabajadores, les responsabilizaba de las anulaciones con correos a los clientes donde se transmitía “las molestias por la cancelación del vuelo XX, a causa de un ataque de la tripulación que está completamente fuera de control”.
En noviembre de 2018, las sanciones de Inspección de Trabajo contra la empresa continuaban por “vulnerar el derecho a huelga de los tripulantes de cabina” durante el mes de septiembre y proponía sanciones por “quince infracciones graves y una muy grave”. Además, los sindicatos USO y SITCPLA iniciaban una batalla judicial en la Audiencia Nacional por la vulneración del derecho a huelga y libertad sindical. La empresa descontó la totalidad de la “bonificación de productividad” a los trabajadores que se adhirieron y envió cuestionarios para saber quién hacía huelga, con llamadas telefónicas de los jefes y amenazas disciplinarias. A Inspección de Trabajo se sumó una sentencia de la Audiencia Nacional que declaró “nulos los servicios mínimos” de las huelgas de julio de 2018.
En junio de 2019 USO y SITCPLA se volvían a plantar ante el incumplimiento del acuerdo alcanzado en enero del mismo año con Ryanair: aplicación de la legislación española a los 1.800 trabajadores con base en España y la conversión de los contratos de agencia como Crewlink y Workforce por contratos directos con la compañía, para equiparar las condiciones de toda la plantilla.
Los sindicatos negociaban con Ryanair el primer convenio de los trabajadores de cabina, diecisiete años después de la llegada de la empresa irlandesa a España. Pero Ryanair, reacio para pactar nada, bloqueó la constitución de la mesa negociadora, donde ni quiso hacer constar por acta quiénes eran los representantes sindicales que conformaban la mesa.
Un ERE con “mala fe, fraude y coacción”
A través de un correo electrónico Ryanair informaba a los trabajadores que en enero de 2020 se llevaría a cabo un proceso de despido colectivo con el cierre de las bases de Las Palmas, Tenerife Sur, Lanzarote y Girona. Un total de 512 afectados entre tripulantes de cabina y pilotos, de los que 164 tenían base en Cataluña.
USO, SITCPLA y SEPLA presentaron una denuncia a la Audiencia Nacional por el despido colectivo, que finalmente afectaría a doscientos veinticuatro trabajadores, por las irregularidades de acuerdo con la legislación española. El 24 de abril de 2020, la Audiencia Nacional daba la razón a los sindicatos y declaraba nulo el ERE y obligaba a readmitir a todos los trabajadores afectados “con abono inmediato de los salarios dejados de percibir desde la extinción del contrato”. Además, el tribunal afirmaba que “se aprecia mala fe, fraude, coacción y abuso de derecho en el procedimiento patronal” de Ryanair. La compañía readmitió a los afectados y los incluyó en el ERTE, debido a la pandemia. Un ERTE que fue anulado por el Tribunal Supremo por querer ahorrarse el abono de los salarios que le debían a los trabajadores despedidos ilegalmente. La Sala también le replicó a Ryanair no haber comunicado la lista de afectados a los sindicatos, en el ERTE declarado nulo, un reflejo de la mala relación entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
Las sentencias contra Ryanair continuaban en relación con el ERE al ser condenada por la Audiencia Nacional por vulnerar los derechos de libertad sindical y el derecho a huelga de los trabajadores durante las protestas de septiembre de 2019. El dictamen obligaba a indemnizar a cada sindicato con 30.000 euros y en reponer la prima de productividad mensual, con un importe de 150 euros, que había descontado a los trabajadores. La deducción, sólo podía hacerse por la cantidad de cinco euros por día de huelga. Por otra parte, en diciembre de 2021, un juzgado de Tenerife, también en referencia a la libertad sindical, obligó a Ryanair a indemnizar a un supervisor de base con 25.000 euros por daños morales y 4.999,96 euros por daños y perjuicios. El trabajador, afiliado a USO, había sido cesado por participar como supervisor en negociaciones colectivas.
El conflicto también llegaba en materia salarial. “Nos quieren imponer una rebaja salarial del 10% a los tripulantes y del 20% a los pilotos, para disminuir los despidos por la menor actividad durante la COVID-19” explicaba la entonces secretaria de Comunicación de USO-Ryanair, Lidia Arasanz. La aerolínea planteaba que la rebaja durara cinco años, con opción de rebajarlo a cuatro. Desde el sindicato criticaban que la reducción sería de entre el 35% y el 60%, ya que existían otros aspectos como las ventas, la bonificación de productividad y las horas de vuelo, que tampoco cobrarían. Ryanair, de forma unilateral, impuso las reducciones salariales que en octubre de 2021, la Audiencia Nacional a golpe de sentencia obligó a revertir. Además, exigió devolver a los 1.501 trabajadores lo descontado. El dictamen, también criticaba que la aerolínea no demostrara las causas objetivas que justificaban la reducción salarial.
Condena por cesión ilegal de trabajadores
A la lista de fraudes de la aerolínea donde se encontraba desde la vulneración del derecho a la huelga a la reducción ilegal del sueldo se le sumaba ahora la cesión ilegal de trabajadores por parte de las agencias Crewlink y Workforce a Ryanair , ya reconocida anteriormente por la Inspección de Trabajo. Cuatrocientos trabajadores contratados por las agencias y que trabajaban para la empresa irlandesa, no estaban reconocidos como tales. El dictamen establecía, por tanto, que los afectados podían reclamar las condiciones laborales de Ryanair, ya que la diferencia salarial era de entre el 40% y el 60%.
Guerra sindical en la negociación del primer convenio
El último enfrentamiento entre sindicatos y empresa se ha producido por la negociación del primer convenio. USO y SITCPLA denunciaban en junio, que la empresa se levantó de la mesa de negociación, aunque “se estaba progresando”, afirma Lidia Arasanz, actual secretaría general de USOC-Ryanair. Los sindicatos afirmaban que la decisión se producía “tras el anuncio de posibles movilizaciones en toda Europa y justo al firmar un acuerdo con CCOO”.
USO y SITCPLA criticaban que se llegara a un acuerdo con “un sindicato sin implantación entre el personal de vuelo de la compañía”, un pacto en el que se incorporaban las condiciones que los otros sindicatos habían logrado “como resultado de huelgas y reclamaciones judiciales”, afirmaban. Según los sindicatos veteranos, el acuerdo tenía como objetivo “borrarlos”, ya que el pacto sólo era de aplicación para los trabajadores afiliados a CCOO:
- Subida salarial de 1.000 euros en 2022 y 800 euros para 2023. Un aumento que sentenció la Audiencia Nacional, tras los recortes salariales durante la pandemia.
- Garantía del salario mínimo, aunque existen trabajadores contratados por horas, con sueldos por debajo de la legalidad y que han sido denunciados en Inspección de Trabajo.
- Seiscientas horas de vuelo garantizadas. Una demanda, que desde USO y SITCPLA sostienen que habían solicitado, pero la empresa no se había pronunciado y finalmente se concedía a CCOO.
- Contratos permanentes y directos con Ryanair, sin intermediación de agencias. Un acuerdo al que se había llegado en 2019 y que la empresa estaba obligada a realizar después de la actuación de Inspección.
- Programación de cinco días de trabajo y tres días de descanso. Un derecho de los trabajadores que Ryanair no cumplía y que la Audiencia Nacional sentenció.
“Es un primer acuerdo, pero no el último”, afirman desde CCOO y añaden que “aún no ha habido elecciones sindicales y, por tanto, nosotros también podemos llegar a acuerdos, ya que Ryanair nos ha reconocido”, afirma Jorge Gómez Dieste, responsable del sector aéreo de CCOO. Precisamente en el ámbito de las elecciones sindicales es donde existe uno de los principales enfrentamientos entre los sindicatos. CCOO asegura que tienen intención de “iniciar el proceso en algún momento y son USO y SITCPLA quienes no quieren convocar elecciones por miedo a que otros sindicatos ganen representación”. Desde USO, Arasanz afirma que “no hay voluntad por parte de la empresa ni CCOO de celebrarlas” y les acusa de “paralizar el proceso en Santiago de Compostela”. “Ryanair quiere amarillismo sindical, sólo reconoce al sindicato que le interesa, que en este caso es CCOO y destruye al resto”, lamenta Manuel Lodeiro, representante sindical.
Al margen del acuerdo, desde USO y SITCPLA critican que Ryanair aún no cumple con la legislación española, puesto que los trabajadores no tienen los veintidós días laborales de vacaciones, ni los catorce días festivos nacionales. Además, lamentan que la empresa dificulta el acceso a la reducción de jornada por cuidado de familiares y tampoco reciben las nóminas en castellano.
Pese a las sentencias contrarias a Ryanair por vulneración del derecho a huelga, durante las jornadas convocadas el pasado verano, los sindicatos mayoritarios pidieron medidas cautelarísimas a la Audiencia Nacional para impedir que Ryanair incumpliera, de nuevo, el derecho a huelga. Durante las jornadas del 24, 25 y 26 de junio, la aerolínea impuso servicios mínimos del 100% y más guardias que en un día sin huelga.
Como método de presión, la empresa iniciaba un proceso de despidos a trabajadores que se adherían a los paros: uno en Santiago de Compostela, uno en Girona, uno en Barcelona y dos en Málaga. Además, para boicotear las huelgas, utilizaron a personal de otros países para cubrir el servicio, una práctica ilegal. Lodeiro, afirma que cuando intentaron interponer denuncias por el esquirolaje de la empresa, la Guardia Civil del aeropuerto se negó a recogerlas, ya que “tenían orden de no aceptarlas”.
Sin embargo, a pesar de los intentos de la compañía por detener las movilizaciones, los sindicatos USO y SITCPLA han vuelto a convocar huelgas desde el pasado 8 de agosto hasta el próximo 7 de enero. Piden, de nuevo, el cumplimiento de la legislación española y el de las sentencias de la Audiencia Nacional, con la reversión de los recortes salariales durante la pandemia, el fin de la contratación por cesión ilegal y el respeto al derecho a la huelga. Además, solicitan que se readmita a los once trabajadores despedidos durante movilizaciones anteriores y la paralización de los expedientes sancionadores.
Los sindicatos han criticado en numerosas ocasiones, la falta de intervención del Gobierno en el conflicto, con la ausencia destacada del Ministerio de Trabajo y de Transportes. Además, han solicitado al Defensor del Pueblo que intervenga para proteger los derechos de los trabajadores.
El pasado martes, USO informaba de que demandarán a Ryanair por despedir a los principales representantes sindicales: Lídia Arasanz, secretaria general de la USOC en Ryanair y Manuel Loderio, delegado LOLS en la aerolínea. Desde los sindicatos, acusan a la compañía de atacar la labor sindical. Ryanair ha abierto los expedientes sancionadores por declaraciones en asambleas y medios de comunicación de los representantes sindicales y les acusa de “sabotear los servicios mínimos”. Lodeiro afirma que hay cincuenta despidos y cien procedimientos disciplinarios abiertos desde verano por la huelga. El 30 de noviembre se celebrará la primera vista en la Audiencia Nacional por la negativa de Ryanair de reanudar la negociación del convenio.
