Parece ser que la Ley por el Derecho a la Vivienda está en sus últimas negociaciones para entrar en el Consejo de Ministros y después ser debatida y aprobada en el Congreso de los Diputados. Estas negociaciones tienen dividido por un lado al mismo Gobierno y, por otro, a bancos y fondos de inversión contra ciudadanos organizados en múltiples entidades en defensa del derecho a la vivienda.
Después de las elecciones autonómicas en Catalunya, se han retomado las conversaciones que tienen que fijar cómo debe ser esta ley. Mientras esto pasa dentro de las instituciones, en la calle una cincuentena de plataformas han presentado una iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda. Algunas de las organizaciones que integran esta iniciativa son la PAH, el Movimiento Nadie sin hogar, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, el Observatori DESC, la Alianza contra la pobreza energética o la Plataforma Contra los Fondos Buitre.
Cuentan que “tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio”. En este sentido, y haciendo referencia a la ley de regulación de los alquileres existente en Catalunya, el portavoz del Sindicato de Inquilinos ha dicho que es necesario que exista una legislación estatal que lo proteja y no se caiga entonces en las posibilidades que el Tribunal Constitucional vaya tumbando leyes autonómicas.
8 medidas de aplicación directa en todo el territorio
Las organizaciones firmantes de la iniciativa se han unido para conseguir que la Ley por el Derecho a la Vivienda incluya como mínimo 8 medidas de aplicación directa en todo el territorio. Exigen que la ley garantice el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo. Que se paren los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos. En tercer lugar, que se asegure y se amplíe el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años. Y es que ahora, según cifras del INE, hay 3,4 millones de viviendas vacías, la mayoría de ellas en manos de grandes tenedores y, por otra parte, las viviendas sociales representan un 2,5% del parque de viviendas principales.
Así, des del Sindicato de inquilinos pero en nombre de todos, han denunciado en rueda de prensa que ha de cambiar la ley porque “la patronal inmobiliaria dice que la inversión debe ir en un formato público-privado porque que las administraciones regalen suelo público a las constructoras, perpetua este sistema que nos ha llevado a una emergencia habitacional”. Apuntan que no se debe seguir construyendo dado el volumen de casas vacías. Hablan entonces de la Sareb como fracaso y piden que todo su parque de viviendas sea público.
Siguiendo con las 8 demandas, la cuarta de ellas apunta como necesaria una regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Según recomendaciones europeas, no se debe destinar más del 30% del sueldo a todos los gastos derivados de la vivienda.
Otra exigencia es la de garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna. María Campuzano, de l’Alianza contra la Pobreza Energética, señala que “es crucial que cuando hablamos de derecho a una vivienda digna le demos todo su contenido y ahí se tiene que incluir el acceso a los suministros básicos”. Añade que el acceso al agua está reconocido por Naciones Unidas desde 2010 y es entonces urgente que se reconozca con carácter universal. Como explica, más de 7.000 muertes al año podrían estar relacionadas con situaciones de pobreza energética, “muertes que se pueden evitar si se impulsan leyes valientes y garantistas”. Pone el ejemplo de Catalunya, donde a partir de una iniciativa popular se implantó el principio de precaución mediante el cual las empresas de suministros tienen la obligación de preguntar a servicios sociales si una persona se encuentra en vulnerabilidad. “Esta ley está consiguiendo parar decenas de miles de cortes en todo el territorio y queremos que esto se amplíe a nivel estatal y además que las empresas asuman las facturas impagadas”, declara Campuzano.
La sexta exigencia para la nueva ley es garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios. También, la ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Apuntan pues que es necesaria la asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación para solucionar el acceso a la vivienda y llegar a un 30%. Por último, también exigen la participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.
Campaña estatal de movilización ciudadana
Con todo esto, como han señalado desde la PAH en la presentación, la alianza social que presentan con estas exigencias responde a la necesidad de hacer un frente común, “igual que están haciendo los fondos buitres contra nosotros”. Y es que en el estado español, más de 32.000 personas sufren sinhogarismo, hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión social y más de 1 millón de desahucios entre 2008 y el tercer trimestre del 2020, muchos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos sin importar que hubiera menores o ancianos dependientes.
Con esta campaña y con el objetivo de que la ley sea real y ponga en el centro la vivienda favoreciendo siempre a la ciudadanía, todas las entidades que conforman la iniciativa desarrollaran acciones descentralizadas y continuas hasta conseguirlo. La primera de todas será este domingo en Madrid.
