Tras medio siglo educando a la sociedad española para ser propietaria, fomentando políticas destinadas a alimentar la especulación y el ladrillazo, recalificando lo público y eludiendo la creación de parque social de vivienda, en 2008 estalló todo y las consecuencias aún perduran a día de hoy. La sociedad, dividida entre vencedores y supervivientes, vio crecer la desigualdad y el despropósito. La emergencia habitacional se cronifica y se naturaliza a través de un sistema que criminaliza a los hogares, a las clases medias y a los estratos populares. Sobre nosotras cayó íntegro el peso de la burbuja desde todos los frentes posibles: ideológico, económico y político. Sobre los sectores inmobiliario y financiero, se prioriza una política de rescate y recapitalización para proteger la estabilidad financiera.
Durante los años de expansión se generó una espiral de endeudamiento desbocada – solo en 2007 se concedieron 1.768.198 hipotecas mientras se negaba la posibilidad de la crisis – que llevó a un grado de endeudamiento de los hogares totalmente insostenible al final del ciclo expansivo. Cuando todo estalló, la sociedad en su conjunto frenó en seco aunque el colapso económico no se distribuyó de manera homogénea. Se responsabilizó a las familias de estirar más el brazo que la manga, de vivir por encima de sus posibilidades y nacieron nuevos mantras como “nadie os puso la pistola en la cabeza”. Volvimos a un nuevo relato de todo vale menos hablar de las malas praxis cometidas tanto por el sector financiero como el político. Malas prácticas como las bancarias, que utilizan instrumentos financieros para evadir los controles del Banco de España o engañar a las familias que contrataron hipotecas, utilizando las economías domésticas para su expansión.
A pesar de la estafa, del importante sacrificio de las familias para acceder a la vivienda, quisieron transformar a la sociedad de a pie en culpables y no víctimas de tanta bacanal.
Según los datos de Eurostat, en 2005, el 46,4 % de los hogares españoles realizaba un esfuerzo excesivo para costear los gastos en vivienda. En 2008, dicha cifra se incrementó hasta el 51,5 %. En 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalaba que España tenía las viviendas más caras de todos los países desarrollados en relación con los salarios. Si se hubiese promocionado también el alquiler como alternativa a la propiedad, o no se hubiese dado pie a la fiesta inmobiliaria, ajustando la construcción de viviendas a las necesidades reales, se hubiera minimizado la especulación y el alto precio social pagado por ella. El estallido de la burbuja arrastró consigo a gran parte de los hogares que estaban al límite de sus posibilidades económicas.
Durante los años posteriores a 2007, la destrucción de empleo fue atroz. El récord de parados en 2013, más de un 26 %, dejaba unos seis millones de españoles sin ocupación. Con más de un millón y medio de viviendas con todos sus miembros activos sin trabajo (muchos sin ningún tipo de prestación), la situación se vuelve dramática y miles de familias ven como son empujadas al abismo de la exclusión social. Sin poder afrontar el pago de la hipoteca, el banco se queda la vivienda y las personas se encuentran sin casa, con una deuda impagable, moralmente abatidas y jurídicamente desarmadas. Sin segunda oportunidad, sin poder acceder a un alquiler cuyo precio no se regula y cuya oferta es escasa en relación con una demanda que se ha revitalizado a raíz de la crisis. Mientras tanto, los pisos desalojados pasan a engrosar el parque de viviendas vacías, el más grande de la Unión Europea.
Partiendo de la base de un sistema que sobreprotege el derecho a la propiedad de los grandes propietarios en detrimento de las necesidades más básicas del conjunto de la población…
¿Cuál fue la respuesta del Estado?
En 2008, el Gobierno ofrece la primera inyección de dinero público a la banca con la generosa suma de 100 millones de euros
En 2009, con la evidencia de los efectos devastadores del procedimiento hipotecario español, el Gobierno del PSOE opta por endurecer la ley hipotecaria. Con el Real Decreto 716/2009 se daba mayor cobertura a los intereses de las entidades financieras. Se permite a las entidades financieras, de forma unilateral, ampliar la hipoteca exigiendo nuevas garantías si la vivienda sufre una depreciación respecto al valor inicial de tasación. Así, para las personas físicas, si el valor de su vivienda es, durante un año, inferior en un 20 % al del crédito hipotecario, el banco puede exigir la ampliación de la hipoteca a otros bienes (salarios, nuevas propiedades, nuevos avaladores). En caso de que la persona no tenga capacidad para aportar nuevas garantías, la reforma faculta a la entidad para reclamar la totalidad de la deuda y proceder a la ejecución hipotecaria, aunque la persona esté al día de pago.
En septiembre de 2011, en plena crisis, el Gobierno aprobó una medida que agiliza los desahucios por impago de las rentas del alquiler. La aparición de la PAH, con sus movilizaciones a cargo de las propias afectadas por la hipoteca y sus constantes denuncias, junto al alzamiento popular del 15M y la expansión del movimiento por la vivienda, habían destapado la estafa del sistema financiero y la ley hipotecaria criminal. La sociedad empezó a abrir los ojos. Las estadísticas durante la ILP Hipotecaria, impulsada por esas fechas, marcaban que el 80% de la ciudadanía estaba de acuerdo con lo que se reclamaba desde el movimiento popular. Con la imagen de la banca en jaque y la credibilidad del Gobierno en entredicho, tocaba reinventarse y recuperar el dogma franquista que ensalzó la cultura propietaria.
Recordemos que una de las anomalías de la vivienda Made In Spain, es la gran cantidad de pisos vacíos existentes por motivos especulativos. Si a eso le sumamos el stock nuevo sin vender a causa de la crisis y las viviendas desahuciadas fruto de ejecuciones hipotecarias, nos encontramos con un excedente considerable. A falta de datos oficiales, distintas fuentes de la época sitúan ese excedente en alrededor de los 6 millones de viviendas.
Con los ‘desahucios exprés’ el Gobierno argumentó que aumentaría la oferta de pisos y bajarían los alquileres. Lejos de esto, se ha secuestrado el derecho a un hogar asequible, digno y estable
Con este panorama, la Administración defendió la aprobación del desahucio exprés argumentando que así se dotaría de mayores garantías a los propietarios de los inmuebles, quienes dejarían de tener miedo a la hora de alquilar los pisos, que era la razón por la que se mantenían vacíos. Con esto se apelaba a otro de los mitos que han circulado en los últimos tiempos: “los propietarios no alquilan sus pisos debido a la dificultad para desalojar a los arrendatarios que, o bien no pagan las rentas, o bien destrozan los inmuebles”. Como si todos los arrendatarios fueran una panda de vándalos y morosos en potencia. Los datos oficiales decían todo lo contrario: hasta el estallido de la crisis, la tasa de morosidad en el alquiler no llegaba al 2 %, siendo una de las tasas de morosidad más bajas.
Con un apoyo social tan mayoritario en contra de los desahucios ¿cómo se explica que el desahucio exprés recibiera un amplio apoyo popular? Durante los años de la burbuja inmobiliaria, uno de los mensajes que más caló, aseguraba que el patrimonio inmobiliario español estaba muy repartido. Otra falacia alimentada por la propia Administración. Cuando esta abordaba el debate de los pisos vacíos, solía poner como ejemplo el piso que la abuela no se atrevía a alquilar por miedo a que se lo estropeen. Se daba a entender que los propietarios de los pisos vacíos podíamos ser cualquiera de nosotras. Personas normales y corrientes que habían heredado un piso y que no sabían qué hacer con él. Se apelaba así a la protección “de lo nuestro”, en una sociedad individualista donde ser propietarios es señal de éxito. Un argumento que, a día de hoy, sigue vigente gracias a las campañas orquestadas por los poderes más neoliberales alimentando el miedo a la pérdida como relato predominante.
Según la encuesta financiera de las familias, que elabora el Banco de España, menos de un 30 % de la población posee un activo inmobiliario distinto a la vivienda principal. Teniendo en cuenta que dentro de la categoría de activo inmobiliario también se hallan bienes como una plaza de aparcamiento, la realidad es que hay una gran concentración de la propiedad en nuestro país. Por tanto, en contra de la percepción inculcada en la población, los pisos vacíos existentes no los tiene la abuela, ni el tío, ni los padres, están en manos de grandes propietarios.
Alimentar el equívoco entre pequeños y grandes propietarios ha sido una estrategia perversa que ha dado muchos réditos a la Administración. Una vez la sociedad aceptó como válida esta premisa, el gobierno pudo legislar favoreciendo los intereses de los grandes propietarios sin levantar sospechas, vendiendo estas medidas como algo que beneficiaba al conjunto de la población.
El desahucio exprés también sirvió al Gobierno para argumentar que la medida haría incrementar la oferta de pisos de alquiler. Eso se traduciría en una reducción de los precios y facilita el acceso a la vivienda. La misma lógica que se utilizó en 1985 con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley del todo urbanizable del Partido Popular de Aznar. Desde entonces los precios de la vivienda no han dejado de crecer. Lejos de facilitar el acceso a la vivienda, lo que se ha hecho ha sido secuestrar el derecho a un hogar asequible, digno y estable.
En 2012, con medio millón de ejecuciones hipotecarias iniciadas, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy rescata a la banca con 65.725 millones de euros. El 82,7%, exactamente 54.353 millones de euros, proviene exclusivamente de fondos públicos.
También en 2012, se pone una alfombra roja a los fondos de inversión para que adquieran la vivienda de la banca, a precio de saldo. Ya sea vivienda vacía o habitada, dejando a las familias en plena fase de ejecución hipotecaria, teniendo que enfrentarse a los monstruos de Wall Street y las entidades bancarias lavándose las manos. Se crea un ecosistema de máxima rentabilidad para que los fondos de inversión puedan comprar para después alquiler. Es el germen de la burbuja y especulación con los alquileres, que perdura a día de hoy, traduciéndose en el 70% de los desahucios que siguen sucediendo o provocando que vivir de alquiler sea sinónimo de vulnerabilidad, acoso inmobiliario y falta de estabilidad
Para poner el broche de oro, el año 2012 protagonizó la creación de La Sareb. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida popularmente como ‘el banco malo’, recoge inmuebles de los llamados ‘tóxicos’, procedentes de la burbuja inmobiliaria derivada de la crisis. Con un 45% de participación, el Estado es accionista mayoritario y el 55% restante lo forma capital privado. El Consejo Europeo, prestó a la Sareb 50.000 millones porque el Estado español, le dio como aval que todo lo que no pueda pagar la Sareb a la Unión Europea, se pagaría con las arcas del Estado. De momento, 40.000 millones de dinero público. Una operación nefasta como demuestra las enormes pérdidas, que se encuentre al borde de la quiebra y que su deuda haya pasado a ser pública, cosa que no ha pasado con sus viviendas, tan necesarias para el inexistente parque público.
Proteger a los grandes propietarios ha sido la constante del bipartidismo PPSOE; han optado por eludir reformas que acaben con los desahucios y utilicen el parque vacío como respuesta inmediata a la emergencia residencial
Todos estos factores han generado una emergencia habitacional crónica. Con una media de 60.000 desahucios anuales y una administración incapaz de garantizar un realojo a tantas personas que han perdido su hogar, todas las medidas aprobadas por los gobiernos, han pasado y pasan, por incentivar al propietario y minimizar su riesgo. Caso omiso al clamor popular que pide sancionar el abandono y el uso antisocial de las viviendas, así como la devolución del rescate en forma de vivienda vacía.
Proteger a los grandes propietarios, en lugar de dar salida a las víctimas más vulnerables de la crisis, ha sido la constante del bipartidismo PPSOE. Ambos gobiernos han optado por eludir reformas que acaben con los desahucios y utilizar el parque vacío como respuesta inmediata y eficiente a la emergencia habitacional. Ambos gobiernos han apostado por eludir las responsabilidades del sector financiero, al tiempo que han fomentado el devastador incremento de la desigualdad social y la precarización de los hogares
Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por razones económicas violan, entre otros, los artículos 24 (sobre la tutela judicial efectiva) y 47 (sobre el derecho a la vivienda) de la Constitución española; el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por el Estado español; y más concretamente las Observaciones Generales del comité DESC de Naciones Unidas números 3 (obligaciones de los estados miembros), 4 (derecho a una vivienda) y 7 (prevención de desahucios forzosos).
A pesar de ello, toda reforma legislativa que representa un avance social en materia de vivienda, suele eludirse con la excusa de la complejidad que supondría modificar normas básicas del Estado de Derecho y que podrían afectar a la seguridad jurídica de los contratos.
¿Dónde queda el Estado de Derecho y la seguridad jurídica para los millones de personas afectadas por la especulación, los desahucios y la emergencia habitacional crónica ante la falta de vivienda social?
