Una de las grandes constantes cuando hablamos del problema con la vivienda y sus efectos sobre la ciudadanía, es la falta de datos que refuercen el relato de los colectivos en lucha por una vivienda digna, asequible y estable. Ante la opacidad o falta de interés, por motivos obvios, de las Administraciones Públicas para facilitar datos que ayuden a solucionar el problema, son las organizaciones sociales las que dan luz con informes y estudios periódicos.
Uno de los mayores problemas actuales es el derivado por la burbuja del precio del alquiler. La crisis del 2008, cerró el ciclo del boom del ladrillo y de la expansión de la vivienda en propiedad. Se iniciaba un cambio de tendencia hacia el alquiler. Pero esto también ha acabado teniendo nefastas incidencias en la población.
En los últimos años, se han realizado estudios sobre la evolución de la oferta y la demanda, los cambios en el precio del alquiler, y la estructura y la concentración de la propiedad. Pero falta visibilizar la realidad de las inquilinas e inquilinos, para poder apreciar la dimensión social que la naturalizada especulación tiene sobre ellas.
El informe “Impactos sociales del mercado de alquiler” realizado por La Hidra Cooperativa, la Agencia de la Salud de Barcelona, y el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (Universitat Autònoma de Barcelona), aporta datos sobre las condiciones de vida de los hogares inquilinos y los impactos del mercado de alquiler en el área metropolitana de Barcelona.
La conclusión principal es que con las actuales leyes, vivir de alquiler es sinónimo de vulnerabilidad, independientemente de la realidad socio-económica de las personas.
Los movimientos por el derecho a la vivienda, llevan años denunciando los desahucios invisibles. Aquellos que no vienen reflejados en los datos trimestrales que ofrece el Consejo General del Poder Judicial, porque se producen sin orden judicial, en silencio y con una naturalidad preocupante.
Según la RAE, desahuciar es el acto de “despedir al inquilino o arrendatario mediante una acción legal.’’ Una acción tan legal, como ofrecerte una subida abusiva del alquiler que no puedas pagar y provoque que dejes lo que era tu casa, para buscarte otra. El informe de la Hidra Cooperativa, muestra como una de cada dos mudanzas es en realidad un desahucio invisible. El 65% de los hogares que participaron en la encuesta, aseguran haber cambiado de vivienda una o más veces durante los últimos cinco años.
Junto a esto, cabe destacar que el 50% de los hogares encuestados ha sufrido acoso inmobiliario por parte de la inmobiliaria o la propiedad, sufriendo engaños, amenazas, presiones psicológicas o la subida ilegal del alquiler durante el contrato. Esto sumado al alto estrés financiero y a la inseguridad residencial, afecta negativamente a la salud de las personas, especialmente de las mujeres y de la infancia.
El estrés financiero queda reflejado en las ocho de cada diez personas encuestadas destinando más ingresos de los aceptables al alquiler. La mitad dedican entre un 30% y un 50% de sus ingresos. Un tercio se dejan más del 50% de lo que ingresan en el alquiler. A pesar de ello, el 93% de las personas encuestadas afirma no haberse retrasado jamás en el pago.
La edad media de las personas encuestadas es 38 años, la mayoría, con trabajos cualificados. Aún así, una de cada cinco personas (20%) tiene que compartir piso para pagar el alquiler. Esto demuestra que el mercado de alquiler no solo genera precariedad en los colectivos más desfavorecidos, afecta al conjunto de personas que viven de alquiler.
Perfil de propietarios y tipos de alquiler
Una de las preguntas a las que quiere dar respuesta el informe, es sobre el tipo de alquiler:
a precio de mercado, alquiler social, de protección oficial o de bolsa municipal.
En función a la encuesta realizada, el 97% pagan un alquiler de mercado. Solo el 3%
afirma tener un alquiler social, de protección oficial o vinculado a la Bolsa de alquiler municipal. Esto nos muestra la gran dependencia del sector privado a falta de políticas sociales que fomenten el parque público y la regulación de los precios.
Un 81% de las personas encuestadas han firmado su alquiler a través de una agencia o un administrador de fincas. Esto muestra la enorme influencia de las inmobiliarias en el mercado del alquiler, ya que cobran su intermediación, a las inquilinas, en función del precio de la renta.
Destacar la irrupción de los fondos de inversión. Según los hogares encuestados, el 58% de los propietarios con 5 o más viviendas son particulares o personas físicas. Las sociedades limitadas (SL) o gestores de patrimonio, representan un 26% de la muestra.
Los grandes actores inmobiliarios, suponen un 10%: los fondos de inversión o Socimi, un 7%, y los bancos, un 3%. Los datos apuntan a un proceso acelerado de adquisición y concentración de viviendas, en solo siete años si tenemos en cuenta que fondos y socimis, no entraron en el mercado de alquiler hasta 2012. Si sumamos las dificultades para poder identificar a este tipo de grandes propietarios, que cuentan con entramados empresariales para diversificar las propiedades en diferentes empresas subsidiarias, es probable que esta parte del informe, se quede corta y necesite de una mayor profundidad e investigación.
El informe finaliza con una serie de recomendaciones, como la renovación automática y la regulación de los precios para acabar con la inseguridad residencial, y destacando el papel de los movimientos sociales como dique de protección de nuestros derechos. La mejor manera de no perder nuestro hogar, conocer nuestros derechos, sentirse más fuertes y tranquilas, así como mejorar nuestra situación individual y bienestar, es a través de lo colectivo.
