El principal sindicato educativo de Catalunya sostiene que hay mala praxis en la adjudicación de plazas docentes, más allá del caos de los últimos días, e impugnará el nuevo listado por vía judicial: “Debería haber un profundo cambio de procedimiento basado en la objetividad y sobre todo en la transparencia, porque ahora mismo es un sistema muy opaco”, asegura Iolanda Segura.
En esta entrevista, la portavoz nacional de USTEC también destaca la sobrecarga del personal educativo por tareas burocráticas innecesarias y reclama una mejora en la financiación para que la escuela sea realmente inclusiva y pueda atender a todo el alumnado en condiciones de calidad. Además, habla de la necesidad de contribuir a desactivar los discursos del odio y de generar espacios de debate en los centros educativos.
¿Qué valoración hacen del proceso de adjudicación de plazas docentes? El viernes pasado se paralizó el procedimiento porque había una reserva de 878 puestos de trabajo para personal interino que debía ser para funcionarios. Ahora se ha publicado una nueva lista corregida y Educación ha cesado al subdirector de plantillas. ¿Lo consideran suficiente?
No es suficiente porque no resuelve los problemas de raíz que tiene este sistema de adjudicación de plazas. Esto sólo es la guinda que ha coronado el pastel. Estas adjudicaciones ya tienen un funcionamiento de base que comporta que se produzcan incidencias y fomenta malas praxis porque existe un decreto de plantillas que lo sostiene, o que forma parte, porque las direcciones pueden elegir parte de la plantilla y, además, realizar unas plazas adaptadas a la persona a la que pueden elegir, añadiendo los famosos perfiles. Éstas son las plazas que han generado esta controversia ahora, que son las que han supuesto la paralización porque supuestamente una persona ha incumplido la normativa.
Lo más significativo es que tenemos a muchas personas adjudicadas en plazas que no les correspondería por antigüedad y que están lejos de casa, a 200 y 300 kilómetros, porque las plazas que les tocarían por antigüedad las están ocupando otras personas elegidas a dedo. Éste es el verdadero problema de estas adjudicaciones de verano, y genera unos dramas personales y familiares muy graves. Puede ocasionar un cambio de domicilio, problemas de conciliación…
¿Piden un cambio de sistema de planificación?
Debería haber un profundo cambio de procedimiento de adjudicación de plazas basado en la objetividad y sobre todo en la transparencia, porque ahora mismo es un sistema muy opaco. Ésta no es la única mala praxis que se ha llevado a cabo, ha habido muchas que nosotros hemos ido denunciando, pero que la administración ha justificado de una u otra forma. Ésta ha saltado a la luz, ha sido muy evidente, y las adjudicaciones han sido desastrosas. Seguramente hay más personas que tienen responsabilidades, la propia administración es responsable de que existan estas malas praxis porque mantiene un sistema corrupto. Si adjudicaran por antigüedad y nota de oposición, con un parámetro objetivo y justo, que está regulado en la normativa de ocupación de plazas de cualquier Administración, no nos encontraríamos en esta situación.
Pedimos que rehagan el listado y pedimos responsabilidades políticas
Escuchando la comparecencia de la consellera en la Comisión del Parlament, da por concluida la nueva lista, pero vuelve a contener errores y vuelve a ir en contra de la normativa que ellos mismos defienden. No ha mencionado estos errores; es más, niega que haya errores, cuando son muy evidentes.
¿Qué errores son?
Errores en la prioridad a la hora de adjudicar las plazas: hay mucha gente que ha visto que le han pasado por delante personas con menos prioridad; gente a la que le han adjudicado plazas que no han pedido; se han vuelto a adjudicar plazas con perfil a personas interinas, plazas que han quedado liberadas una vez han recolocado estas 870 plazas, y eso es una irregularidad. En el momento en que tú anulas un listado definitivo, debes volver a hacerlo nuevo, y nos dijeron que lo harían de nuevo, porque cuando recolocas plazas, genera un efecto dominó en otras trabajadoras. Resulta que no lo han hecho.
Por otra parte, les pedimos que, ya que debían rehacer el listado, pudieran incluir las plazas que han quedado libres de personas que han tenido comisiones de servicios en otras comunidades autónomas, pero no lo han hecho, y habría mejorado la situación de muchas personas. Lo que primaba para el Departament era publicar el nuevo listado, y han vuelto a hacer una pifia. También encontramos vulnerados los derechos de muchas personas interinas porque los han excluido por dos cuestiones: una, los que carecían del máster, pero han presentado la titulación del máster dentro del plazo, tal y como decía la normativa que podían hacer; y dos, personas del grupo estable de sustituciones, que por uno u otro motivo les habían puesto como no disponibles.
¿Por eso piden más responsabilidades?
Este nuevo listado es un buñuelo lleno de incidencias que la Administración no ha querido corregir y aquí sí que la responsabilidad es de la Administración, ya no la tiene un técnico, porque este técnico ya no está. Pedimos que rehagan el listado y pedimos responsabilidades políticas. Si tiene que haber más de un cese, que lo haya, y si no quieren reconducir este nuevo listado, lo impugnaremos por vía judicial porque este proceso es un auténtico despropósito. La nueva lista de adjudicación de plazas es una chapuza y vuelve a contener errores. Les han podido las prisas a la hora de realizar el nuevo listado.
Este proceso ha hecho aumentar el malestar en el sector…
En la adjudicación de plazas se cometen verdaderas injusticias que afectan muy gravemente a muchas personas porque ven vulnerados sus derechos a ocupar unas plazas que les corresponderían, y esto se suma a todo el maltrato que llevamos arrastrando en el personal educativo, porque incluimos al personal de atención educativa. Escuchamos que falta preparación, cuando en los centros hacemos verdaderos esfuerzos para sacar adelante las actividades de aula, a pesar de todos los impedimentos que tenemos ¿Por qué? Porque no se da respuesta a la complejidad que tenemos en las aulas poniendo más recursos para tener una escuela inclusiva con todas las medidas adecuadas, con reducción de ratios, más personal, refuerzo de las plantillas… Más manos en los centros educativos y menos alumnado al que atender, porque esto ayuda a la atención individualizada y a dar respuesta a cada una de las necesidades que tenemos en el aula.
Por otra parte, la sobrecarga de trabajo nos ocupa tantas horas que no tenemos tiempo para preparar las actividades del aula en condiciones, cuando acabamos la jornada nos llevamos trabajo a casa y también los fines de semana, a veces por trabajos burocráticos innecesarios. Todo esto no se ve compensado con el sueldo que cobramos. Estamos muy mal pagados, incluso comparado con el resto de comunidades autónomas, y el nivel de vida es más elevado, arrastrando una pérdida del 25% del poder adquisitivo en los últimos años. No existe un equilibrio entre el trabajo que hacemos, la responsabilidad que tenemos y los sueldos que cobramos. Esta desvalorización genera desmotivación, hasta el punto de que uno de cada tres docentes abandona la profesión.
Hace unos meses presentaron una encuesta que destacaba este dato.
Correcto. Participaron más de 10.000 docentes. Queríamos ver qué era lo que querían mejorar de su situación laboral. Evidentemente, estaba el sueldo, pero también la sobrecarga de trabajo, y dentro de esta sobrecarga entraría la inclusión, la desburocratización, más recursos en los centros… Son medidas que reclamamos constantemente para tener una escuela inclusiva con garantías y que realmente responda a las necesidades de todo el alumnado, el que tiene necesidades específicas de apoyo a la educación y el que no, que también se ve perjudicado por la falta de recursos humanos, por las sobreratios, etc.
Hay malestar educativo. ¿Y bienestar?
Tenemos la suerte de que la mayoría de los profesionales que nos dedicamos a la educación nos dedicamos porque amamos nuestra profesión. Hay docentes que se ven obligados a irse porque no pueden asumir el sueldo. La sobrecarga perjudica mucho, tenemos muchas bajas por depresión, por estrés, incluso por maltrato. No hay democracia en los centros porque no puedes desempeñar tu labor en libertad, y eso genera mucha desmotivación porque no puedes decidir tu tarea. Es un maltrato constante, pero la gente quiere trabajar de lo suyo. Lo único que pide es que mejoren las condiciones para poder trabajar, diríamos, con tranquilidad, disfrutando, y los problemas que puedan existir, poder resolverlos desde el bienestar.
La mayoría de los profesionales que nos dedicamos a la educación amamos nuestra profesión
Todo lo que nosotros hemos expuesto que genera malestar, si lo recondujéramos, podríamos volver a tener un buen ambiente en los centros, con personas trabajadoras motivadas porque a la gente le gusta su profesión. No podemos matar ese gran valor que tenemos, la vocación, la estima. Y lo de las adjudicaciones de verano ha generado tanto estrés y tanto malestar que hay personas que me han dicho ‘es que no puedo dormir, no puedo comer, estoy pasando muchos nervios’. Son situaciones evitables y la Administración podría remediarlo. Reivindicamos que se nos escuche y se nos cuide.
¿Os sentís desatendidos?
Al final, nuestras condiciones laborales son las condiciones con las que educamos, la calidad de la educación también depende de eso. Nuestro alumnado estará mejor si nosotros estamos también bien a nivel de salud, salud mental y salud física. Quienes deciden en materia de educación deben cuidar nuestras condiciones laborales. Por tanto, seguiremos trabajando en esta línea, y denunciando todas estas irregularidades y todos estos malos tratos, fomentando el aprecio a la profesión y hacia los profesionales. Dedicamos mucho esfuerzo, lo hemos demostrado sobradamente en épocas de crisis, como la pandemia. Nos arremangamos y sacamos adelante y sustentamos el servicio para que el alumnado no quede desatendido.
Todo esto debe valorarse, y no poner en cuestión constantemente nuestra valía profesional, porque mejorando las condiciones de los centros, las cosas cambiarán. Después hablaremos de mejorar la formación inicial, que todo es mejorable y no es compatible una cosa con la otra, pero no podemos decir que estamos mal preparados porque no lo estamos. Lo que no estamos es preparados para asumir todo lo que tenemos encima. Yo puedo estar muy bien preparada, pero la realidad en mi aula es la misma, y si no se hacen mejoras, seguiré sufriendo la misma realidad y no podré vivir la inclusión como algo positivo, a pesar de que yo crea y esté de acuerdo y ponga todas mis fuerzas.
¿La mejora educativa debe ir acompañada de la mejora de la financiación?
Sí. La financiación debería estar en el 6% del PIB, tal y como marca la ley. Una ley del 2009. Estamos en el 2025 y las necesidades han aumentado, así que debería estar por encima de esto, pero si llegáramos al 6% sería una mejora. En los centros públicos del Departament d’Educació no estamos ni en el 3%. La infrafinanciación endémica que arrastramos comporta también que haya carencias y que no se resuelvan, sino que más bien aumenten. Se va acumulando y llega un momento en que esto colapsará y será difícil de resolverlo.
Yo creo que debe haber una apuesta firme por parte del Gobierno de la Generalitat por incrementar sustancialmente la financiación de la educación para poder solucionar las necesidades del sistema educativo, del personal educativo y del alumnado.
La sobrecarga nos resta tiempo para generar estos espacios de debate en los centros educativos
Hablabas de que el personal docente tiene más peso del que puede soportar. Pensaba, además de impartir las materias, en el bienestar emocional del alumnado, la inclusión, el feminismo, el pensamiento crítico, la educación por la paz, justo en un momento en que existe una ola ultraderechista que atenta contra la convivencia y la diversidad. ¿Qué se puede hacer desde el mundo educativo?
Es importante educar bien. Si dejáramos de hacer cosas, como las cuestiones burocráticas que nos hacen hacer que nos quitan tiempo para realizar actividades educativas, podríamos centrarnos en ejes en torno a una educación más feminista, una educación democrática, una educación por la igualdad, por la justicia social y podríamos centrarnos en erradicar estos discursos de odio, como mínimo en la educación que damos en los centros educativos. Está claro que los discursos de odio vienen de fuera, niños y adolescentes tienen acceso a ciertos discursos que se propagan por las redes… Desde la educación, podemos contribuir a desactivar estos discursos, a reconducir conciencias, pero la sobrecarga que tenemos nos resta tiempo para generar estos espacios de debate en los centros educativos. E, incluso, en muchas ocasiones, se nos limita y se nos coarta para hablar de según qué cosas. Quiero decir que hay mucha censura.
Gaza, ¿por ejemplo?
Hemos sido criticados y puestos en la palestra por decir que en Gaza se está produciendo un genocidio, se nos ha tildado de antisemitismo y de ir en contra de los judíos. Si debemos educar por la paz, debemos decir que la paz no es sólo la ausencia de guerra, la paz es colaborar para que haya unos derechos justos e iguales para todos, sin desigualdades sociales ni maltrato a pueblos.
Pero es la propia Administración la que no detiene esto, no fomenta que podamos generar debates críticos en el centro poniendo sobre la mesa la realidad, sino que se nos dice que en los centros no se puede hacer política. ¿Cómo? Hay que hacer política en todas partes, conocer qué está pasando en el mundo, poder enfrentarse a él y transformar el mundo. Vivimos en unos momentos en los que la ultraderecha está calando y condiciona incluso la política. Muchas cosas no se dicen por miedo a la respuesta de esta ola reaccionaria, y eso realmente es preocupante.
Catalunya Plural, 2024 
