Los antiguos repartidores de Deliveroo y otras empresas similares avanzan en el proyecto de crear una empresa propia, que será una cooperativa. La sociedad podría estar funcionando “bien entrada la primavera”, según su portavoz, Oriol Alfambra. En estos momentos sus impulsores ultiman los trabajos de dos piezas claves del proyecto: el aplicativo informático del APP, a través del cual se podrán hacer los pedidos, y el plan de empresa, que debe prever los diferentes escenarios en el desarrollo de la sociedad.
“Lo que tenemos claro es que este es un proyecto de Riders por Derechos”. Riders por Derechos es una organización que surgió la primavera de 2017 para defender las condiciones de trabajo de los repartidores, no sólo de Deliveroo, sino de Glovo y de otras empresas como Stuart, que utilizan “el mismo mecanismo de distribución”, afirma Alfambra.
Sin avanzar ningún nombre concreto, el impulsor de la cooperativa deja claro que la denominación tendrá que ver con el movimiento reivindicativo que culminó con la primera huelga de repartidores, hecha a una empresa que nunca les ha reconocido como trabajadores, pero que al menos una sentencia en Valencia los considera como asalariados.
Diez socios trabajadores
“De entrada, y en función de la demanda de servicios, pensamos que podrían comenzar a trabajar en la cooperativa unos diez compañeros. Cifra que después aumentaría si el público responde positivamente”, dice Alfambra.
Inicialmente la cooperativa se pensó para realizar la misma tarea que hacen los repartidores, distribuir comida a domicilio, pero sin tener ninguna vinculación con las multinacionales para las que han trabajado. Por eso tienen contactos con restaurantes a los que recogían pedidos, por ejemplo para Deliveroo para hacer lo mismo, pero a partir de la iniciativa social. En este sentido, desde la huelga del verano pasado tienen relación con numerosos restaurantes que apostarían por utilizar esta nueva vía para hacer la distribución de sus menús a domicilio.
Los riders barceloneses que trabajan para crear la cooperativa han recibido el apoyo de Barcelona Activa, el instituto municipal que ayuda al autoempleo, sea en la economía convencional o en la cooperativa. Como el proyecto apuesta por el cooperativismo ha sido acogido por el ateneo cooperativo Coopolis de Barcelona, donde participan el Ayuntamiento y la Generalitat. En este ámbito se ha abierto un nuevo nicho de negocio: distribuir a domicilio productos que comercializan las cooperativas, esencialmente en Barcelona.
Alfambra explica que “una vez terminado el aplicativo informático, las personas que se lo hayan descargado en su Smartphone podrán acceder también a comprar productos de cooperativas. Por ejemplo, si alguien quiere adquirir un libro a la cooperativa La Ciutat Invisible lo puede pedir igual que pediría una pizza y nosotros lo vamos a buscar y se lo llevaremos a casa”.
En el proceso de poner en marcha la cooperativa hay aspectos que sus impulsores tienen totalmente claros. Uno es que los socios trabajadores se darán de alta en el régimen general de la Seguridad Social. “No queremos contribuir a una estafa a la sociedad, como la que, en nuestra opinión, quedó patente con la denuncia a Inspección de Trabajo ganada en Valencia. Allí, con unos 50 repartidores, la inspección consideró que la empresa debía resarcir unos 160.000 euros de cotizaciones no pagadas. Si se tiene en cuenta que en Barcelona, solo Deliveroo tiene unos 300 repartidores, la cifra supera el millón de euros”, dice Alfambra.
Sin ánimo de lucro y sin encarecer el servicio
Otro punto indiscutible para sus impulsores es que la cooperativa no tendrá ánimo de lucro y que su objetivo es proporcionar trabajo estable y con derechos a sus socios. Y eso piensan que lo pueden hacer sin encarecer el servicio, porque en su escandallo de costes no está la parte del beneficio que se lleva la multinacional.
Lo que no tienen fijado es el capital inicial que debe servir para sacar adelante la nueva cooperativa. “Lo que necesitamos lo pondremos los socios”, sin embargo si hubiera una inyección suplementaria, los riders tienen claro que podrían acudir a financiación cooperativo, como el que representa Coop57.
La cooperativa inicialmente operará en Barcelona, pero sus impulsores tienen claro que si hay otros grupos interesados en otros puntos de España, especialmente en Valencia y en Madrid, la experiencia es fácilmente escalable. En este sentido, repiten la vinculación del proyecto con el movimiento Riders por Derechos extendido por todo el Estado.
“Tenemos claro que hay tres ramas. Una es la reivindicación laboral que en Barcelona lidera la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). La segunda es la cooperativa y una tercera es la cooperación con otros colectivos procedentes de la mal llamada economía colaborativa, para buscar alternativas”, explica el portavoz.