El pasado 10 de abril volvimos a vivir otra muestra de la complicada relación del PSC con la gestión pública del agua. Distintos grupos municipales en Barcelona, de ideologías antagónicas, se aliaron para tumbar la iniciativa ciudadana para poder consultar a los vecinos y las vecinas de la ciudad sobre si quieren una gestión pública del agua en el municipio. Votaron conjuntamente contra la multiconsulta PdCat, CUP, Ciudadanos, PP y el PSC. Aunque es la CUP quien más ha debido dar explicaciones sobre este voto, especialmente por el hecho de que no era un voto contra el gobierno de Barcelona en Comú y Ada Colau, sino contra una iniciativa de los movimientos sociales, es cierto que ha sido el Partido Socialista quien más ha trabajado en la sombra para tumbar esta potente iniciativa ciudadana.
Estamos, sin duda, ante un nuevo caso de la extraña, recurrente y contradictoria relación del PSC con Agbar, la compañía privada que gestiona el agua en Barcelona y que ha frito al gobierno del cambio en la ciudad a recursos judiciales, además de gastarse una cantidad ingente de dinero en campañas publicitarias para poner en valor su gestión.
Pero no es el primer caso de esta extraña alianza, forjada durante muchos años, destacando el papel de Àngel Simón, antiguo gerente del Área Metropolitana de Barcelona y posteriormente máximo directivo de Agbar durante largo tiempo.
Así, en el año 2012, un acuerdo del PSC con Convergència, con el único voto en contra de ICV-EUiA, privatizó la gestión del agua en el Área Metropolitana mediante la creación de la Empresa Metropolitana de la Gestión Integral del Agua, participada en un 70% por Agbar, el 15% por Criteria (La Caixa) y solo un 15% público en manos del Área Metropolitana. Una adjudicación sin concurso público que ha sido suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y que el nuevo gobierno del Área Metropolitana, a partir de 2015 liderado por Barcelona en Comú y Entesa (ICV-EUiA-EPM), comprometido con la gestión pública del agua, ha decidido no recurrir, haciendo entrar en razón al mismo PSC.
De hecho, una auditoría encargada por la AMB y presentada recientemente, denuncia que AGBAR sobrevaloró los activos que supuestamente aportó en la creación de esta empresa mixta. 130 millones de valor real respecto a los 476 que declaró Agbar y que fueron aceptados por el PSC y Convergència.
Uno de los grandes argumentos del PSC y también de Agbar para defender la gestión privada del agua es que un hipotético rescate encarecía de manera sustancial la tarifa que pagan los vecinos y las vecinas.
Este argumento olvida que el compromiso del gobierno de la AMB para reducir la tarifa del agua ha sido y es claro, y la reducción de la tarifa decidida por el AMB es la segunda consecutiva, después de reducir un 2,39% en 2016 y un 1,65% respecto a la subida del 3,7% que proponía Aguas de Barcelona (AGBAR) para este 2018.
Por otro lado, la gestión pública del agua permite en muchos municipios –como por ejemplo el Prat del Llobregat, bastión histórico de ICV– que sus vecinos paguen el agua más barata de lo que la pagan ciudadanos de enclaves próximos, como por ejemplo Hospitalet.
Finalmente, la privatización de Aguas Ter Llobregat por parte de Generalitat liderada entonces por Artur Mas, y recientemente anulada por el Tribunal Supremo, ha provocado un aumento salvaje del precio del agua en estos últimos años del 138%, con una subida propuesta del 11,8% justo antes de la privatización, y que todavía no está claro si será revertida por un nuevo Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua. Es cierto que el PSC se opuso a esta privatización y defiende que ATLL vuelva a manos públicas, básicamente porque estamos hablando no solo de la distribución del agua hasta nuestras casas sino incluso de la gestión en alta, es decir de los “embalses” hasta las redes de distribución locales. Y seguramente también porque la empresa adjudicataria no fue Agbar, sino Acciona.
El PSC, y especialmente Jaume Collboni, harían bien en seguir los pasos de los socialistas franceses, primero del acalde Bertrand Delanoë y luego la alcaldesa de París Anne Hidalgo, que decidió remunicipalizar el agua ya en 2010, produciendo un ahorro de 35 millones de euros a las arcas municipales y rebajando la tarifa un 8% solo el primer año. Barcelona y París tienen un convenio conjunto para trabajar en la gestión pública del agua.
Por tanto, los números y la experiencia demuestran que la gestión pública del agua, un bien común, no solo es más transparente sino que, al no ser gestionada como una mercancía con la que generar beneficios y dividendos para grandes multinacionales, supone que los vecinos y las vecinas paguen unas tarifas del agua más económicas y sobre todo no se vean sometidas a subidas salvajes. El liderazgo público también permite condonar las deudas de un servicio esencial y básico a aquellas familias vulnerables que no pueden hacer frente a los pagos.
En definitiva, es la gestión pública del agua la que garantiza un control real y efectivo sobre la tarifa. El PSC está impidiendo con su voto que los vecinos de Barcelona paguen el agua más barata. Con su posición en Barcelona está beneficiando a una gran multinacional y no a los ciudadanos y las ciudadanas. Incomprensible para un partido que dice ser de izquierdas.
Jaume, por favor: más Ada Colau y Anne Hidalgo y menos Agbar.
Catalunya Plural, 2024 
