La tan reclamada reforma –o directamente derogación– de la ordenanza del civismo de Barcelona no se producirá esta legislatura. La reiterada petición de los movimientos sociales de la ciudad es compartida por el Gobierno de Ada Colau, pero la crispación en el pleno, acrecentada en las últimas semanas por la relativa cercanía de las elecciones municipales, no permitirán el cambio. Así lo ha explicado este lunes el teniente de alcaldía de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, que ha destacado que las negociaciones sobre la ordenanza con los grupos municipales están en “punto muerto”.
De esta forma, la dificultad de llegar a acuerdos en un pleno muy fragmentado condenará las modificaciones de una de las políticas que regula las conductas en el espacio público, y por tanto los problemas relacionados con la venta ambulante, el consumo y venta de alcohol o las actitudes incívicas en la calle.
Pese a ser una de las medidas preferentes para el Ayuntamiento de Barcelona, el teniente de alcaldía Jaume Asens la ha descartado este lunes en la presentación de las nuevas oficinas contra la discriminación de la ciudad. En esa misma presentación el consistorio ha informado que hasta un tercio de las discriminaciones son provocadas por las mismas administraciones públicas y que la mayoría de vulneraciones tienen su base en el racismo y la xenofobia.
Después de anunciar el refuerzo de la Oficina por la No Discriminación (OND) con un nuevo local en la calle Ferran, el mismo Asens ha explicado –interpelado por los periodistas– que estaba previsto llevar la tramitación de la modificación de la ordenanza a la comisión de Presidencia esta legislatura, pero que el PSC dejó de dar apoyo a la maniobra una vez fue expulsado del Gobierno por las bases de BComú.
La negativa de los socialistas, sumada al ‘no’ seguro del PDeCAT –los convergentes modificaron el texto original de 2006 durante su mandato– y de Ciutadans, ha hecho inviable el cambio. Las relaciones con ERC y la CUP además, tampoco pasan por su mejor momento. El teniente de alcaldía ha destacado que pesa demasiado el partidismo para una modificación de este tipo ahora.
Consultado por este medio, un portavoz municipal ha explica que ni siquiera llevarán el texto al debate en las comisiones y el pleno. Ante esta situación, según ha anunciado el propio Asens, trabajarán con las entidades para tratar de salvar algún punto de la reforma propuesta en su texto, o sino éste quedará en stand by hasta después de las elecciones municipales previstas para mayo de 2019.
Las administraciones provocan un tercio de las discriminaciones
La modificación de la ordenanza del civismo, que también recoge las discriminaciones que se producen en el espacio público, no prosperará. Pero el Ayuntamiento de Barcelona quiere dar mejores herramientas a los colectivos vulnerables de la ciudad. Es por ello que ha inaugurado un nuevo espacio para la Oficina para la No Discriminación, un servicio donde la ciudadanía se puede documentar y asesorar y que –según el consistorio– había quedado “limitado” por los recortes presupuestarios.
En la presentación de las instalaciones, el Ayuntamiento ha informado de los resultados recogidos durante el año 2017 por las oficinas, que Asens ha definido como el “centro de atención primaria de los derechos humanos”. Según la OND, las administraciones provocan hasta un tercio (32,6%) de las situaciones de discriminación. Aunque las administraciones locales, los ayuntamientos, acumulan la mayoría de quejas, con un 36% de incidencias, el consistorio ha puesto énfasis en el “el volumen de casos en las administraciones de justicia” (15%), un hecho que ha sido denunciado en otras ocasiones por SOS Racisme.
Los principales motivos de discriminación son el racismo y la xenofobia (39%), los vinculadas al género (12%) y a las discapacidades (9%). A su vez, los derechos que más se vieron vulnerados en la ciudad el año pasado fueron el de integridad moral (33%) o el derecho a la vivienda (12%).
Catalunya Plural, 2024 
