Las entidades sociales que presentaron dos preguntas a la multiconsulta, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) y la Asociación de Información y Denuncia del Racismo Institucional: Apoyo y Seguimiento Antirracista (Idrissa), han presentado un recurso de reposición en el Ayuntamiento de Barcelona. Piden que se declare la nulidad del Pleno Municipal del pasado 10 de abril y que se acuerde la aprobación de la convocatoria de las dos consultas ciudadanas que se rechazaron.
Ahora los servicios jurídicos del Ayuntamiento tendrán que estudiar este recurso de reposición y emitir una resolución, que deberá abordarse en el pleno municipal. “Creemos que el posicionamiento de los grupos estuvo relacionado con la voluntad de bloqueo de la acción de gobierno, pero a la vez también se ha bloqueado el derecho a la participación democrática recogido en las leyes y el reglamento del que nos hemos dotado recientemente “, han expresado las entidades a través de un comunicado. Esperan que con la presentación del recurso de reposición se pueda “desbloquear esta situación anómala” porque ahora, dicen, “todos los grupos cuentan con toda la información que quizás no llegó a estar a su alcance en el momento adecuado”.
Una de las preguntas pedía el cambio de nombre de la plaza de Antonio López por el de Idrissa Diallo, un joven guineano que murió en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. La otra pregunta preveía preguntar a la ciudadanía sobre la gestión pública del agua.
Desde las entidades ya habían avisado que se planteaban presentar este recurso de reposición. Lo hicieron después que la Comisión de Amparo del Ayuntamiento de Barcelona -el órgano consultivo encargado del cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana- presentara un informe donde concluía que las dos preguntas de la multiconsulta propuestas por las entidades sociales “no se puedan considerar como rechazadas”. El informe se basaba en el hecho de que algunos votos en contra “no tenían validez jurídica” y criticó que algunos partidos actuaran por “oportunidad política”. Desde las entidades también se presentó una queja a la Síndica de Greuges de Barcelona.
Según el informe, se mantendría la validez del Pleno Municipal del 10 de abril, pero habría que corregir el recuento de votos. “En aplicación del reglamento de participación ciudadana, tan sólo se podía votar en contra si alguna de las preguntas no se adecuaba al ordenamiento jurídico. Y todas lo hacían, tal como recoge el informe de los mismos servicios jurídicos del consistorio”, han expresado las entidades. De momento se reservan la última carta, presentar un contencioso administrativo, a la espera de la respuesta del recurso de reposición.
Catalunya Plural, 2024 
