Entre los años 2017 y 2018, 13.000 estudiantes españoles emigraban a Inglaterra con la intención de mejorar su futuro profesional. Lo hacían a través de vías regladas, legales y, por ello, seguras. Aquellos mismos años, más de 12.000 jóvenes provenientes la mayoría del Magreb, decidían cruzar el estrecho de Gibraltar para llegar a Europa. En ambos casos, los jóvenes podrían haber encontrado un trabajo poco cualificado y mal pagado en sus países de origen, pero su ambición les pedía ir más lejos. En ambos casos, tanto los jóvenes como las familias hacían un esfuerzo económico para llegar a países donde los niveles de vida eran y son más elevados. Sin embargo, a diferencia de los españoles, los provenientes del continente africano lo hacían a través de vías no regladas, ilegales y, por tanto, inseguras hasta día de hoy.
Un año después, se ha hablado mucho de los niños y jóvenes emigrados solos, los mal llamados MENA: menores extranjeros no acompañados. Los últimos meses hemos vivido la mediatización y la politización de los mismos, sobre todo ligada a la llamada crisis de seguridad en Barcelona. Una crisis que, aparentemente, se está extendiendo por el área metropolitana. En una de estas manifestaciones de tal politización, el alcalde de Badalona anunciaba a través de las redes sociales haber conseguido la no apertura de un centro para acoger a estos jóvenes en el barrio del Remei. A pesar de la fake news -la no apertura del centro fue decisión tomada por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) y no por el gobierno de la ciudad- se señalaba al colectivo como principal foco de los problemas de convivencia.
El pacto de no utilización de la inmigración como arma electoral se rompía, compañeros de partido criticaban su postura y García Albiol pedía el cierre de todos los centros de acogida establecidos en Badalona. La posición del alcalde de Badalona se aproximaba así a la postura de su compañera de partido en Rubí. Pero la tipología de centro que la Generalitat y la entidad gestora tenían intención de abrir en la ciudad no era homólogo al recurso rubinense. Aquel era un centro de emergencia de más de 50 plazas en un antiguo hotel.
El objetivo de estos centros recae en dar en una respuesta rápida a una situación límite. De este modo, a menudo se abren a toda prisa, se crean equipos educativos de un día para otro y se instalan en edificios no diseñados para llevar a cabo una atención y una acción educativa de calidad. Así, es bastante difícil crear un vínculo con el joven que acaba de llegar y, por tanto, las dinámicas disruptivas -tanto de los jóvenes como de los profesionales- son potencialmente reproducibles. La idea de centro en Badalona era de plazas reducidas y gestionado por una entidad con experiencia en el trato a este colectivo. Por lo tanto, ¿evitar o cerrar los centros en Badalona es una solución eficaz a los posibles conflictos denunciados por un sector de los vecinos?
Como afirmaba un comunicado del Colegio de Criminólogos, en un problema de convivencia hay que analizar tanto las consecuencias como las causas. Asumiendo que el 82% de los jóvenes emigrados no han cometido delito, hay que determinar igualmente los factores de riesgo. Se asume también de entrada que el paso al acto delictivo es siempre una decisión individual. Sin embargo, un mismo delito puede tener causas y consecuencias diferentes en función de la edad de aquel que lo comete. De este modo, las causas que pueden llevar a un joven a tener una acción delictiva, pueden ser varias pero sobre todo complejas.
La mayoría de los jóvenes pasan por centros de Ceuta, Melilla y/o Andalucía antes de llegar a Catalunya. Pueden haber pasado por varias comunidades y varios centros unos meses o bien establecerse en alguna comunidad en concreto. Y es en este punto donde la acogida juega un papel clave. Porque no es lo mismo pasar una semana en una comisaría esperando un centro de acogida que en un hotel convertido en centro de emergencia de 50 plazas. No es lo mismo un albergue en el centro de una población o bien aislada en la montaña.
Tampoco es lo mismo un centro de 30 plazas a 20 minutos en tren de Barcelona que un centro en Lleida, Tarragona, o bien un piso en Badalona o Mataró. A menudo sucede que, a pesar de ser todos ellos recursos de acogida, las condiciones y el trato que se establecen son completamente diferentes. La entidad gestora, los profesionales, el edificio, el ambiente y los compañeros juegan un papel fundamental. En este sentido hay jóvenes que, después de pasar unos pocos días en el centro de acogida, prefieren no volver y permanecer fuera del sistema de protección.
Otros factores de riesgo aparecen una vez alcanzada la mayoría de edad que, no pocas veces, coincide con una salida total del sistema de protección sin un recurso residencial, es decir, en situación de sinhogarismo. A pesar de los esfuerzos llevados a cabo tanto por la administración, como por las entidades y los profesionales, los recursos destinados a mayores de 18 años son escasos. La competencia entre los jóvenes es muy alta y no tienen ni una oportunidad para pifiarla. Por otra parte, los menores extranjeros no disponen de autorización para trabajar una vez dejan el sistema de protección. Se necesita un contrato de cuarenta horas durante un año para tener una autorización de residencia y trabajo al mismo tiempo.
De este modo, sin tener un proyecto viable de autonomía económica, siguen en estado de dependencia. Puede haber casos en que la situación de emergencia se estanque y al joven no se le tramite la autorización de residencia. Así, pueden abandonar el sistema de protección en situación de irregularidad. Salir en situación de irregularidad y/o sin permiso de trabajo y/o sin recurso residencial son también, todos ellos, factores de riesgo que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar el paso al acto delictivo. Finalmente, de la interacción entre todos estos factores transnacionales, multifactoriales y contextuales, las habilidades interpersonales del joven serán decisivas. A opción del lector queda analizar el nivel de madurez de las habilidades en función de la edad y las vivencias anteriores del joven.
Tanto la administración como las entidades ya saben, gracias a la experiencia, que los recursos educativos son más eficaces cuando son pequeños. Que lo que necesitan estos jóvenes, tal como se expresa desde la DGAIA, es ser invisibles, no ser constantemente señalados. Si el barrio del Remei no es un buen lugar para abrir un centro de acogida, no es entonces, un buen lugar para que crezca ningún niño, independientemente de donde haya nacido.
El alboroto del tuit del alcalde nos sirve para visibilizar, una vez más, las desigualdades estructurales en Badalona preexistentes a la llegada de jóvenes extranjeros. Prohibir la acogida sin buscar una alternativa no es una solución eficaz al conflicto. Porque los problemas de seguridad a menudo, tienen una raíz transnacional, es decir, son de aquí, de allá y tal como nos muestra Open Arms, del trayecto entre los dos puntos. Los encontramos en la ciudad y en los países de origen de las personas que emigran, los caminos en la escuela de algunos barrios y en las rutas marítimas, en los pisos vacíos de la ciudad y dentro de los centros de acogida.
Este artículo de opinión se publicó primero en el Independent de Badalona
