En la ciudad de Palma el pasado Día de los Derechos Humanos -10 de diciembre- se vivió de manera particular. Mientras las instituciones celebraban actos institucionales llenos de retórica, un grupo de activistas de la Plataforma STOP Desahucios, se concentraba frente el número 3 de la calle Parc, cerca del barrio de Santa Catalina, una de las zonas que sufrió tempranamente la gentrificación por la llegada de vecinos del norte de Europa, convirtiendo así la vivienda en pura especulación y el derecho a ella en una quimera. El lugar de la concentración de los y las activistas no está lejos del barrio de Son Espanyolet, donde el movimiento vecinal está en pie de guerra contra la invasión del turismo vacacional que los quiere gentrificar.
Cerca de estos dos escenarios de luchas, en los solemnes salones institucionales se hacían discursos citando el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, entre otros, la vivienda. Y mientras, se iba concentrando gente para impedir el desahucio de una familia que acumulaba una deuda de 2.500 euros por varias mensualidades de alquiler. El goteo de desahucios se da mayoritariamente por el encarecimiento especulativo de los alquileres, en un contexto en el que las Reformas Laborales de 2010 y 2012 impiden que los salarios ganen capacidad adquisitiva.
Supongo que la burocracia del aparato de justicia no atiende a conmemoraciones como la del Día de los Derechos Humanos, pero la coincidencia con uno de los desahucios más crueles que últimamente se han producido en Palma no deja de ser una buena ocasión para insistir en la imposible convivencia entre neoliberalismo y derechos humanos, que Julie Wark explica en su Manifiesto de derechos humanos. Un texto que, por cierto, conviene releer tanto en tanto.
El caso es que, en torno a este levantamiento se pueden hacer varias reflexiones interesantes, que van más allá del caso concreto. Pero, primero, contextualicemos el caso: Oscar Kacper Szczesniak Kalinowski (Palma, 2002) es un joven que se mueve en silla de ruedas, y que, con solo 17 años, ha sido operado 26 veces como consecuencia de la docena de enfermedades crónicas que padece. Todo ello no le impide tener, al menos en apariencia, una energía envidiable. Lo demostró protestando contra el anunciado desahucio frente el Parlamento de las Islas Baleares, en el Pleno del Ayuntamiento de Palma, u organizando una huelga estudiantil en el colegio concertado Virgen del Carmen, donde cursa primero de bachillerato.
Su padre trabaja todas las horas que puede, y a su madre, desde hace años, no tiene tiempo para dedicar a un empleo remunerado, pues tiene que estar pendiente de las necesidades, dado su estado de salud, de su hijo Oscar. El contexto es un hogar con sustentador único que participa de un mercado de trabajo precario gracias a las reformas neoliberales; un miembro adulto que no participa del sustento del hogar pues trabaja (sin retribución, claro está) en las imprescindibles labores de cuidados. El tercer miembro del hogar es un joven con discapacidad. Las dificultades para llegar a fin de mes son imaginables, pero, oficialmente, no es un hogar pobre. E, insisto, la expulsión de la familia Kacper de la que era su casa desde hace más de 14 años estaba más que anunciada y era conocida por las administraciones públicas.
Vayamos ahora a una serie de reflexiones que, a colación del caso concreto, dan pie al debate general:
I.- El peligro de “normalizar” el autoritarismo: La delegación del gobierno en funciones del PSOE menosprecia cualquier cosa parecida a mecanismos de mediación en protestas que cuestionen el establishment “neoliberal conservador” o “neoliberal progre”. Por parte de la policía se práctica una desproporcionada contundencia ante la resistencia y desobediencia pacífica ¿Alguien dará explicaciones por las contusiones que sufrió Oscar en el desahucio durante el día de los Derechos Humanos? Es más, el portavoz de Stop Desahucios es detenido, y puesto en libertad, después de muchas horas y con cargos. La aplicación de la “Ley Mordaza” en manos progresistas no es muy diferente a la que hacían sus mentores del PP.
II.- La estigmatización de las personas empobrecidas y/o con carencias materiales: El caso que motiva estas líneas ha hecho emerger la estigmatización de las clases más subalternas y necesitadas. Detrás de los discursos de la administración ante medios de comunicación, alardeando de propuestas que no pasan, precisamente, por garantizar el derecho a la vivienda, subyace (intencionadamente o no) el mensaje de que las personas empobrecidas no tienen por qué tener garantía de vivir vidas dignas. Así, en lugar de reconocer el fracaso del sistema, se lanza el mensaje de “si les hemos atendido, ya está bien. Hasta aquí hemos llegado”. Cuidado con los mensajes que, aunque sean involuntarios o construidos en función del burocratismo, tengan la más mínima apariencia de aporofobia
III.- La pérdida de capacidad integradora del empleo remunerado: En los hogares desahuciados suele haber miembros con empleo remunerado. A la situación del empleo se le aplica la lógica de mercado, que se aplica exclusivamente con criterios cuantitativos. Incluso cuando se habla de “trabajo de calidad”, se sigue la lógica mercantil de prestar atención únicamente a la etiqueta. Así nos venden, por ejemplo, como empleos estables los que responden a un contrato fijo, con bajísima protección frente al despido arbitrario. Después de las Reformas Laborales (la del PSOE en 2010, y la del PP en 2012), y mientras no se deroguen y se reviertan sus efectos, lo fundamental es evaluar si el trabajo remunerado mejora o no el grado de integración social, es decir, si remite o no el fenómeno de la pobreza laboral. La realidad es que en tener una ocupación remunerada no garantiza dejar de ser pobre.
IV.- La no valorización de los trabajos de cuidados: Es sabida la feminización de los trabajos de cuidados y sobre la que no se aplica la lógica de mercado. Es decir, los trabajos esenciales para la vida de la especie humana no tienen valor económico. Es sabido también que esto ocurre por una construcción social basada en los valores y normas del patriarcado que, entre otras cosas, establece una división discriminatoria del trabajo, que recluye a las mujeres en el espacio de las tareas domésticas, y el servicio de los demás miembros del hogar.
V.- La necesidad imperiosa de la Renta Básica (y de otros derechos incondicionales) para socializar en contextos libres de fascismos. Digámoslo sin tapujos: Políticas de izquierdas sin Renta Básica son algo parecido a encargar la organización de una fiesta infantil al mismísimo Herodes, y confiar en que todo acabe bien. Este es un delirante imaginario, que garantiza un fin de fiesta nefasto. La cuestión es que no es menos delirante el empecinamiento de no poner la Renta Básica en el centro del debate. No es pues inimaginable que, sin Renta Básica y con palos y desahucios contra los Derechos Humanos, se provoque la extensión del “fascismo social”, que, no se olvide, ya tiene más de medio centenar de voces en el Congreso de los Diputados.
Este artículo fue publicado primero en la revista Sin Permiso
Catalunya Plural, 2024 
