“La Paloma sudo socialismo”. Así hablaba en la crónica del Tele/eXprés la noche del 4 de abril de 1979 el corresponsal que se encontraba en la sala La Paloma, donde los socialistas de Barcelona siguieron los resultados de las elecciones municipales. En aquellos comicios, los socialistas fueron la primera fuerza con el 34% de los votos y 16 concejales. Seguidos por los comunistas catalanes del PSUC, que obtuvieron el 19% de los votos totales y 9 concejales. El pacto entre las dos fuerzas de izquierdas se daba por hecho. El catedrático de historia contemporánea, Andreu Mayayo, lo llamó en La ruptura catalana la “mancha roja”, una anómala correlación de fuerzas en el ámbito electoral de las izquierdas catalanas -principalmente socialistas y comunistas- como en las elecciones del 15 de junio de 1977.
Los electores más movilizados para la votación fueron los del Distrito X -barrio del Poble Nou- con un 58% de participación, coincidiendo también con uno de los mayores graneros de votos del PSC y del PSUC. El segundo distrito con más porcentaje de votantes sería el XI -barrios de Pedralbes y Les Corts-, con un 57% y que, a su vez, era uno de los distritos donde CC-UCD y CiU -las dos candidaturas con 8 concejales cada una- obtenían más apoyo. Por su parte, allí donde CC-UCD y CiU tenían sus principales bastiones, los socialistas y el PSUC obtenían los resultados más débiles. Por ejemplo, en el Distrito III -barrios de Sarrià, Sant Gervasi y Vallvidrera – sólo obtuvieron un 20% de los votos. ERC por su parte consiguió sólo 2 concejales.
A lo largo de la campaña electoral se había hablado mucho de posibles pactos post electorales por dos razones principales. Por un lado, existía una conciencia firme, especialmente dentro de las fuerzas democráticas y catalanistas, de vivir un momento histórico para el país, una etapa de recuperación y construcción de la democracia. Por lo tanto, las fuerzas que habían combatido conjuntamente el franquismo tenían un pasado reciente de colaboración que facilitaba la política de los pactos entre ellos y sin la UCD, caracterizada como un representante de una parte del régimen anterior.
Después de la jornada electoral se iniciaron los contactos para formar el gobierno municipal. Los socialistas de Catalunya habían acordado internamente tomar la iniciativa para impulsar “pactos municipales de progreso” con fuerzas de izquierdas y democráticas y en ningún caso con el “continuismo” o con los sectores provenientes del antiguo régimen como UCD y CD. Además, estaban abiertos a llegar a acuerdos bilaterales con diferentes fuerzas, lo que facilitaba el aislamiento de la UCD; evitaba intentos de acercamiento entre esta y CiU -reduciendo muchísimo el rango de ciudades y pueblos importantes donde un pacto entre estas dos fuerzas podría gobernar-; y ampliaba las posibilidades de los socialistas de llegar a la alcaldía o de formar gobierno gracias a la colaboración con el PSUC y CiU.
Para los comunistas catalanes, un primer elemento central de los pactos debía ser el apoyo en la cabeza de la lista más votada en cada población de entre la socialista y la comunista. Además, con relación a los pactos electorales más allá del PSC, defendían “puerta abierta a la ampliación del pacto a otras fuerzas de izquierda o centro-izquierda”, en clara referencia a CiU y ERC. Jordi Borja, como responsable de política municipal del partido, insistió en unas declaraciones que “los concejales van a los ayuntamientos a gobernar, no a hacer ciudades comunistas o ciudades marxistas”.
Por parte de Unió Democràtica de Catalunya, a pesar de que las deliberaciones del partido no se habían hecho públicas aún, uno de sus dirigentes y concejal electo en Barcelona, Francesc Borrell, hizo unas declaraciones a la prensa que apostaban por un gobierno formado por PSC-CiU: “dejando a la oposición, por la derecha, a UCD, y por la izquierda, al PSUC”. Así querían evitar un “bloque de socialistas y comunistas” y, a la vez, no dejar sólo a la UCD en la oposición, ya que esto les podría hacer más fuertes.
CDC había aprobado una resolución sobre los pactos municipales donde se apostaba por negociar con “todas las fuerzas políticas que actúan en Catalunya -y especialmente con el PSC, la estructuración y formación de los ayuntamientos en las poblaciones donde CiU tiene concejales” . Además, señalaban que la actuación municipal debía ajustarse “a los objetivos de democratización y normalización de la vida municipal, catalanización hecha con voluntad de respeto […] y creación de los elementos de bienestar y promoción que nuestra sociedad necesita para ser más justa y equilibrada “.
Concretamente respecto a Barcelona, decían que propondrían al PSC un programa de actuación de seis meses para llevar a cabo las reformas más urgentes en la ciudad y la participación de los nacionalistas a los órganos de gobierno. Asimismo, si era rechazada, CiU se mantendría al margen del acuerdo “sin abandonar una actitud de apoyo constructivo siempre que las actuaciones concuerden con nuestro programa de reconstrucción municipal catalana”.
La posición adoptada por CDC estuvo precedida de un intenso debate interno donde se confrontaron dos posiciones diferentes. Miquel Roca defendió que se ofreciera al PSC la posibilidad de considerar que el futuro gobierno de Catalunya pasaba por un acuerdo entre nacionalistas y socialistas, alejando la posibilidad de un bloque “frentepopulista” del PSC con el PSUC. Según Roca, este bloque era peligroso para las posibilidades de radicalización que podría asumir. Por su parte, Macià Alavedra y Trias Fargas consideraban que había que mantenerse a la oposición si la coalición nacionalista no tenía la mayoría, ya que eso debilitaría progresivamente el PSC.
Cuando las dos propuestas, muy influenciadas por los resultados en Barcelona, se votaron en la ejecutiva, ganó la de Roca por 9 votos a 7. Ante este resultado se pasó el debate en el Consejo Nacional. Según informan los periodistas, a media sesión Jordi Pujol hizo reunir la ejecutiva para buscar una posición “intermedia”, que finalmente se decantaba más por la de Miquel Roca, favorecía los pactos con el PSC y no vetaba explícitamente los pactos con el PSUC . Asimismo, CDC ofrecería sus votos para hacer alcalde el cabeza de lista del PSC en las ciudades donde hubiera ganado el PSUC, pero dado el pacto bilateral entre PSC y comunistas, esto no tendría repercusión efectiva.
En cuanto a las negociaciones entre UCD y CiU, Carles Güell remarcaba que había una ciudad clave en cada provincia -Tortosa en Tarragona, Mollerussa en Lleida y Figueres en Girona- donde podían llegar a acuerdos con los convergentes para ganar la alcaldía. El dirigente centrista declaraba a la prensa que en las negociaciones con CiU, los nacionalistas habían demostrado poco interés en llegar a pactos con los centristas: “Han preferido ponerse de acuerdo con los socialistas”.
Finalmente, la prensa informaba que socialistas, comunistas, republicanos y nacionalistas habían llegado a acuerdos globales a partir de cuatro puntos:
- Lectura democrática y progresista de la actual legislación municipal.
- Conseguir un cuadro amplio de competencias para los organismos municipales.
- Catalanización y descentralización de la vida municipal en Catalunya.
- Adhesiones de los ayuntamientos a la Generalidad provisional ya los trámites para la consecución del Estatut de Catalunya.
Un elemento clave para entender el contexto de las negociaciones fue que la clara victoria de los socialistas les situaba como el partido hegemónico del futuro consistorio. La candidatura de Narcís Serra mostró a lo largo de la campaña la predisposición al pacto con diferentes fuerzas, también con los comunistas. Los resultados del PSUC, como segunda fuerza municipal, impidieron cualquier veleidad anticomunista que pudiera existir tanto al PSC como CiU o ERC. Los comunistas, en la calle y en las urnas, habían conquistado posiciones relevantes que no se podían obviar, a pesar de la política de Guerra Fría.
Además, a escala municipal de toda España, el pacto entre comunistas y socialistas fue una constante, con grandes beneficios sobre todo para estos últimos. A largo plazo, también era preferible para los socialistas que la única oposición que podían tener a su izquierda formara parte del mismo gobierno. Los convergentes, a regañadientes aceptaron la realidad electoral que imposibilitaba un aislamiento de los comunistas y optaron por un pacto municipal a medio plazo que respondía mucho a sus equilibrios internos.
En la práctica, en el día a día de gobierno, no existieron graves confrontaciones entre comunistas y convergentes. De hecho, el conflicto con los trabajadores de la basura que tuvo lugar a principios de 1981 provocó una crisis entre socialistas y comunistas que se resolvió al cabo de poco.
No sería hasta octubre de 1981 cuando CiU rompería el pacto municipal y pasaría a la oposición. La excusa serían los acuerdos económicos con el gobierno de la UCD, pero el elemento principal sería la confrontación electoral futura de cara a las elecciones municipales de 1983, donde CiU quería aprovechar su ascenso electoral que parecía imparable y que había llevado a los convergentes al ejecutivo de la Generalitat. Ganar la plaza de Barcelona era un objetivo estratégico y, según sus cálculos, era necesaria configurarse como la alternativa al gobierno de socialistas y comunistas, con el futurible apoyo de la derecha española y una ERC en las coordenadas del anticomunismo.
Esta estrategia de CiU, pero, fracasaría. El ex consejero Trias Fargas no podría imponerse a Pasqual Maragall y el PSUC en Barcelona resistió la implosión y confrontación con el flamante Partit dels Comunistes de Catalunya. El acuerdo entre socialistas y comunistas -posteriormente bajo el espacio de Iniciativa per Catalunya y más adelante también con Esquerra Unida- en Barcelona se mantendría hasta 2011.
El reparto de fuerzas en un gobierno de consenso
Varios ejes marcaban las líneas maestras de este flamante gobierno. Descentralización hacia los distritos, reforma administrativa, reequilibrio urbanístico, combatir la deuda municipal y potenciar los servicios públicos. La composición del gobierno mostraba una preponderancia clara de los socialistas. Además del alcalde Serra, Pasqual Maragall fue nombrado como Teniente de Alcalde de Organización y Reforma Administrativa -de facto era el primer teniente de alcalde, aunque esta distinción no se emplearse, Josep Miquel Abad, como Teniente de Alcalde de Planificación y Programación, y Josep Maria Cullell, como Teniente de Alcalde de Hacienda y Presupuestos.
La Comisión Municipal Ejecutiva cambiaría de nombre a Comisión Municipal Permanente y pasaría a ser formada por 5 concejales del PSC, 3 del PSUC, 3 de CiU y 3 de CC-UCD, presidida por el alcalde y donde los delegados de servicios tendrían voz pero no voto. La Comisión Municipal Permanente (CMP) estaría formada por 5 representantes del PSC, 3 del PSUC, 3 de CiU y 3 de CC-UCD8.
Respecto a la designación de los Concejales-Consejeros de las áreas municipales, el nuevo organigrama constaba de catorce áreas, ocho de las cuales estuvieron dirigidas por los socialistas: Descentralización y Participación ciudadana (Jordi Vallverdú), Enseñanza (Ramón Martínez), Sanidad (Felip Solé), Transportes (Jacint Humet), Servicios Sociales (Francesca Masgoret), Juventud y Esparcimiento (Enric Truñó), Patronato Municipal de la Vivienda (Mercè Sala) y Relaciones Ciudadanas (Lluís Reverter). Tres estuvieron encabezadas por el PSUC: Cultura y Deportes (Rafael Pradas), Urbanismo (Ricard Boix) y empresas municipales (Justiniano Martínez). Dos áreas para CiU: Obras Públicas (Albert Serratosa) y Hacienda (Antoni Comas) y una por ERC, Servicios Municipales (Joan Hortalà).
Como vemos, no se repartieron siguiendo una proporción exacta, si tenemos en cuenta, además, que la mayoría de los delegados de servicios eran cercanos a los socialistas. Por ejemplo, las dos áreas clave dirigidas por los comunistas (Urbanismo) y convergentes (Hacienda), tenían delegados con mucho peso que estaban en la órbita socialista como eran Joan Antoni Solans y Joan Angelet.
