“Nadie perderá su vivienda. Nadie será desahuciado”. Con estas palabras, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciaba el martes la moratoria para el pago de las hipotecas de aquellas personas que sufran dificultades económicas a raíz de la crisis del Coronavirus. Ahora bien, asegurar que nadie perderá la vivienda podría ser precipitado si, de momento, sólo se toman medidas respecto a las hipotecas, teniendo en cuenta que la precariedad habitacional ataca, en gran medida, a los alquileres, una modalidad que ha aumentado en los últimos años.
Según la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la medida “da pie a muchas dudas”. Una de ellas es qué pasa con las personas que ya eran vulnerables antes de la llegada del Covid-19. En este sentido, “a falta de ver el BOE”, la entidad denuncia la falta de concreción, tanto sobre los plazos de aplicación de la moratoria como sobre la manera de demostrar la disminución de los ingresos.
Y esto afecta, no sólo a personas asalariadas y autónomas, sino sobre todo a aquellas que trabajan en la economía sumergida, como trabajadoras del hogar, que normalmente no tienen una situación laboral regularizada. Si, oficialmente, no se tienen ingresos, ¿cómo se puede justificar la pérdida de éstos y, por tanto, la imposibilidad de hacer frente a un alquiler o hipoteca?
Son, precisamente las personas más precarias las que viven de alquiler: mujeres, jóvenes, extranjeros y familias monoparentales son el prototipo de inquilino y también el perfil que peor sobrelleva una crisis como la actual. Así, el portavoz de la PAH, Juanjo Ramón, cree que la falta de concreción es “alarmante”, pero que aún lo es más “que no se haya planteado una moratoria en el pago de los alquileres y se limite a abrir una cadena de solidaridad entre inquilinos y propietarios “, apunta.
Una de las personas que sufre la falta de concreción, laboral y económica, es Carla, una joven de 26 años que reside en Lleida. Trabaja en el sector editorial, uno de los más afectados por la crisis del Coronavirus, no sólo porque hay libros que no se están distribuyendo, sino porque aún no se sabe cómo afectará la imposibilidad de celebrar Sant Jordi. Ante esta incertidumbre, a Carla se le ha reducido la jornada laboral y se le ha comunicado que tal vez no se le renueva el contrato de prueba, de seis meses, que finaliza en mayo.
El alquiler supone el 15% del salario de Carla, una proporción que le permite pagar la habitación que comparte y sus gastos personales, aunque asegura que tampoco vive “holgadamente”. Ahora bien, después de la reducción de jornada y, en caso de que se quede en paro, la cosa se complica. El problema principal de Carla es que no se podría beneficiar de las medidas para facilitar el paro anunciadas por Pedro Sánchez. El motivo: en su caso no se trataría de un ERTE, voluntad de la empresa, sino de un contrato que vence.
En este caso, pues, Carla debería someterse al régimen ordinario de prestación por desempleo, que le supondría unos 700 € al mes de paro, sólo durante tres meses. La joven ve, pues, un problema potencial a la hora de pagar el alquiler. Tampoco considera una solución válida la moratoria, en caso de que se llegara a aprobar. “Si en este momento me quedo sin trabajo, ¿dónde lo voy a ir a buscar ahora, para poder pagar todos los meses de alquiler que llevaría atrasados?”, Se pregunta.
Suspensión, no moratoria
En esta línea, Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, apunta que desde el colectivo no piden una moratoria del pago de los alquileres, sino una suspensión, “igual que se suspenderán los ingresos para las personas más precarias: el autónomo no cobrará en abril lo que ha dejado de ingresar en marzo”, apunta. Y es que, de seguir así, según el portavoz del Sindicato, los impagos de los alquileres llegarán seguro. “Ahora es el gobierno quien debe decidir si estos impagos se harán de forma ordenada, con una suspensión avalada por las administraciones, o de forma desordenada”, advierte.
“Ya conocemos el talante social y la conciencia de los especuladores”, afirma Juanjo Ramón, quien coincide en que “aplazar pagos no soluciona el problema”. Ahora bien, el posicionamiento de la PAH es ligeramente diferente al del Sindicato, ya que apuestan por sufragar los alquileres. “No se trata de refinanciar la deuda”, explica Ramón, quien apunta a que son los bancos quienes deberían hacerse cargo de las hipotecas, así como los grandes propietarios deberían hacerlo con los alquileres. “La crisis del 2008 la pagamos nosotros, esta que la paguen ellos”, sentencia el de la PAH, quien alerta al Gobierno que “hay que tomar medidas más valientes”.
En esta línea, Palomera coincide en que “si la economía productiva se paraliza, la economía rentista también debe hacerlo” y añade, en referencia a los propietarios, que quien “no genera valor añadido, no ha de cobrar las rentas “. Y es que, en respuesta a los argumentarios que advierten que una suspensión de los alquileres pondría en peligro a los arrendadores, Palomera recuerda que “no hay ningún estudio que demuestre que haya un grueso significativo de la población que se mantenga a base de las rentas” , explica, en referencia a los pequeños propietarios.
Sin embargo, tanto la PAH como el Sindicato consideran que se debería asegurar alguna compensación si, dado el caso, un arrendador realmente deba complementar su mensualidad con el cobro de una renta.
En espera del #PlanDeChoqueSocial
Ante la ausencia de los alquileres en las medidas aprobadas por el ejecutivo de Sánchez, Palomera llama a no perder la perspectiva: “hace dos días ni siquiera estaba sobre la mesa la posibilidad de una moratoria de las hipotecas”. En una llamada al optimismo, el del Sindicat de Llogaters reflexiona que “la sociedad, desde el confinamiento, ha obligado a unos ministros de Economía y Hacienda que defienden la hortodoxia liberal a plantearse estas medidas sociales”.
Palomera habla de la campaña #PlanDeChoqueSocial frente el Coronavirus, que se plantea en torno a tres premisas básicas: la intervención de la sanidad privada sin compensación económica, asegurar que no haya ningún despido y una renta básica para quien se quede sin ingresos, y la suspensión del alquiler, la hipoteca y los suministros básicos de quien tenga dificultades económicas.
La campaña se puso en marcha el lunes 16 y un día después ya veía alcanzados, parcialmente, algunos de sus objetivos. “Las medidas se toman de forma gradual”, expone Palomera, quien cree firmemente que llegará también el turno de los alquileres. Pero, mientras tanto, la sociedad organizada (esta vez desde las redes) es la que para el golpe. Así, por ejemplo, el Sindicat de Llogaters ha facilitado un correo electrónico para asesorar a aquellas personas que estén teniendo problemas a raíz de la crisis del Coronavirus.
“Son momentos tremendamente excepcionales y debemos ser solidarios. Pero debemos evitar que la crisis se convierta en una estafa y la acabemos pagando los de siempre”, reflexiona Carla. “Bastante instalados estamos en la precariedad como para que ahora se nos hunda la poca estabilidad de la que podíamos haber llegado a disfrutar después de la crisis de 2008”.
