“El ministerio de Transporte, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana ha incorporado en el Real Decreto Ley de los ERTEs algunas medidas como la ampliación hasta el 31 de enero de 2021 de la suspensión del procedimiento de desahucios y del lanzamiento para hogares vulnerables”. Estas fueron las palabras de María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre. Los términos escogidos por la ministra recuerdan a los usados por el Gobierno sobre el primer Decreto Ley de marzo, cuando se dijo que los desahucios quedaban “prohibidos”.
Ahora, igual que entonces, las palabras no se corresponden con la realidad. En ninguno de los dos casos los desahucios no han sido ni “prohibidos” ni “suspendidos”, sino que se han aprobado ayudas para personas vulnerables a raíz de la situación de pandemia. Si durante cinco meses no hemos visto lanzamientos ha sido simplemente porque la actividad judicial estuvo parada durante el estado de alarma y, por tanto, éstos no se pudieron tramitar. Es por ello que, en reactivarse la actividad, los desahucios volvieron a la agenda social ya en el mes de junio, aún cuando la “prohibición” seguía vigente. Cuando los juzgados volvieron a la normalidad y sólo en la primera semana de setiembre se dieron 149 avisos de desahucio en Barcelona. Y la “prohibición”, seguía en pie.
Y es que si miramos la letra pequeña del BOE, no es hasta las disposiciones finales que se especifica que la suspensión de desahucios sólo aplica para las personas “en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí”. Estas especificidades, que se han obviado en las declaraciones públicas de los responsables de gobierno, dejan fuera cualquier persona que viviera en situación de crisis previa a la pandemia o que no pueda demostrar una situación de bajada de ingresos. Por tanto, estos desahucios que se dan estos días son los que quedaron pendientes y, aunque son previos a la Covid, sí que se ejecutan -con todas las consecuencias- en pandemia.
“De no dejar a nadie atrás, se ha pasado a dejar de lado muchas vulnerabilidades”, afirma Alejandra Jacinto, abogada de la PAH, que además alerta que el Decreto sólo habla de los alquileres regulados en base a la ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, por lo que deja fuera a los desahucios por precario, por usurpación o a las ejecuciones hipotecarias. “Desde la reactivación de la actividad judicial estamos viendo un aumento de los desahucios. Además, la situación económica cada vez es más crítica, las famílias no aguantan más y no cualquiera puede acogerse a los criterios de vulnerabilidad que decreta el Gobierno”, alerta la abogada, quien asegura que la situación “irá a peor”.
Desahuciar en plena pandemia
Maite es una de las últimas vecinas que restan en la céntrica -y gentrificada- calle de Les Rambles de Barcelona. Los Mossos llegaron a su puerta para ejecutar su desahucio a las 8 de la mañana del 1 de octubre, es decir: un día después de que la suspensión de desahucios se publicara en el BOE. El de Maite fue el primer levantamiento programado en Barcelona después del Decreto. Ante su casa también había centenares de activistas, manifestantes, vecinos y vecinas que se interpusieron entre los agentes y el hogar de Maite, evitando así su expulsión. La confrontación duró más de 4 horas hasta que los Mossos se retiraron. Maite se encuentra en una situación de vulnerabilidad clara, sin alternativa habitacional.
¿Por qué, entonces, se la intentó echar? Porque recibió la primera amenaza de desahucio en enero y su ejecución quedó postergada a causa de la pandemia. Maite no puede demostrar que ha sufrido un ERTE a causa de la Covid, motivo por el cual queda desamparada por el Decreto. “Estamos dejando gente atrás porque aparentemente no han sido afectados por el virus, pero esos desahucios se ejecutan poniendo en grave riesgo la salud pública, porque se deja a gente en la calle, sin alternativa habitacional, en plena pandemia. Y eso sí es ser afectado por la Covid”, sentencia Jacinto.
Escuchar a las entidades
Las Naciones Unidas han condenado repetidamente y hasta en cuatro ocasiones a España por no garantizar el derecho a la vivienda y ejecutar desahucios en casos en los que no había alternativa habitacional adecuada. “Esto significa que el Estado debe gestionar hasta el último de sus recursos para proveer vivienda”, apunta Alejandra Jacinto. A nivel estatal no existe ninguna disposición legal que disponga que no se puede desahuciar en estas condiciones, pero sí existe a nivel autonómico. En Catalunya, la ley 24/2015, más conocida como ley catalana contra los desahucios, así lo establece. Pero se incumple repetidamente.
En esta línea y, en vista de que las medidas adoptadas por el Gobierno, si bien son necesarias no son suficientes, diversas entidades por el derecho a la vivienda han hecho llegar sus propuestas. Es el caso, por ejemplo, del Sindicat de Llogateres, que hizo llegar medidas a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados para “frenar la situación de vulnerabilidad que sufren miles de hogares”. Entre ellas, destacan la necesidad de cancelar alquileres (que no aplicar moratorias) para las familias afectadas por la pandemia y de movilizar la vivienda vacía y dedicada al sector turístico para dedicarla al alquiler social.
Por su parte, la PAH también se ha dirigido al Gobierno a través del Secretario General de Vivienda, David Lucas, para proponer medidas frente a la emergencia económica. Entre ellas destaca la necesidad de parar desahucios hasta 2022, no sólo para familias afectadas por la pandemia, sino por cualquier tipo de vulnerabilidad, incluso si ésta se dio previo al coronavirus. El texto de la PAH fue presentado a todos los grupos parlamentarios y declaran haber recibido el apoyo de quien “podíamos esperar tenerlo”, afirmó el portavoz Juanjo Ramón en una entrevista reciente a este medio. Ahora bien, la Plataforma critica la “inacción de los partidos del gobierno” para llevar a cabo leyes que, al fin, cumplan con el mantra de la pandemia de “no dejar a nadie atrás”.
