Susana de la Cruz es una indígena tzotzil, descendiente de las culturas maya y olmeca, que ha vivido siempre en el estado mexicano de Chiapas, hasta que este año tuvo que coger un avión con destino a Barcelona tras recibir amenazas de muerte por su activismo a favor de los derechos de los indígenas. “En Chiapas se practica la justicia simulada contra la población indígena, porque justicia verdadera no hay. Fabrican culpables y fabrican delitos cuando la víctima está presa, con el uso sistemático de la tortura. No sabemos cómo defendernos. Nos amenazan, nos matan, nos desaparecen”.
Susana nació en San Cristóbal de las Casas, pero su familia es originaria de la cercana población de Chamula, que tiene su propia autonomía y sus propias normas, al igual que otras comunidades indígenas. Habla con detalle de la geografía de Chiapas y de las diferentes vestimentas, fiestas y tradiciones, así como del paramilitarismo en la zona, que genera muchos desplazamientos, y asegura que siguen vigentes las demandas de 1994 de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que acompañaron al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). “Chiapas es un territorio olvidado para el Gobierno, y lo que pasa en territorio indígena, no se visibiliza”.
Entre las dificultades de las comunidades indígenas, De la Cruz destaca el conocimiento del idioma, y es que muchos nativos solo hablan la lengua de sus ancestros, no salen de la región y no saben castellano. “En las comunidades indígenas, en la época de los presos a los que acompañamos, la necesidad era más de ponerse a trabajar para comer y subsistir. No había acceso a la salud ni a la educación. No había escuelas. A partir del año 2000 empiezan a implementarse más los apoyos a la salud y la educación”.
A ello se suma el desconocimiento del sistema judicial mexicano, por lo que una vez abierta una investigación no comprenden ni el idioma, ni el delito, ni el proceso. Y, por supuesto, no conocen sus derechos. “Cuando te enfrentas a la justicia no te ponen un traductor, que por ley debería ser, pero eso no se cumple, aunque en el expediente te muestre que todo está perfecto. Muchas personas cuando van a juicio no saben de qué se les acusa. Y el uso de la tortura en las detenciones te obliga, porque te pone vulnerable al sentir la muerte, a que firmes las hojas que te dan. O te piden una cantidad a cambio de dejarte de torturar. Si no tienes ese dinero, firmas hojas y en esas hojas ponen la declaración que a la Fiscalía le convenga”.
En cada explicación, De la Cruz recuerda varios ejemplos con nombres, apellidos, penal, acusación y sentencia. La lista de atentados contra los Derechos Humanos y abuso de la autoridad es larga, pero destaca uno de los casos más fragantes y recientes, el de un joven de Chiapas de 22 años, Yonny Ronay, detenido y torturado por primera vez en 2019 en la Fiscalía de Tuxtla: “Le golpearon, le pusieron una llanta en los brazos, lo electrocutaron varias veces y lo voltearon con planchas de madera. Lo exhibieron como parte de un grupo criminal con armas de grueso calibre y lo criminalizaron”. Lo dejaron libre, pero poco después volvieron a detenerlo como presunto autor de un homicidio. Entre las rarezas del caso, figura que le llamaron como testigo de un robo, pero el día del robo Yonny estaba en la cárcel. En septiembre de 2021 lo condenaron a 31 años y seis meses.
La detención de Juan de la Cruz
De la Cruz no había reparado en la privación de libertad de manera ilegal y arbitraria en Chiapas hasta 2007, cuando tenía 15 años. En diciembre de 2006, la mujer de un vecino acudió a su casa preguntando por su marido, que había desaparecido. Dos días después, el hijo del vecino les comunicó que le habían encontrado muerto y les pidió a los padres de Susana y a su hermano mayor, Juan, de 22 años, si podrían acudir al funeral, a lo que accedieron.
Dos meses después, en febrero de 2007, una decena de policías fue a casa de Juan, que vivía con su pareja y sus hijas de tres y cinco años. “La casa estaba en construcción. Rompieron puertas y ventanas. Él estaba descansando, la que estaba despierta era la que en ese momento era su pareja. Él se levantó al escuchar el escándalo. Le sujetaron, le golpearon, le tiraron al piso y quienes presenciaron todo eso fueron la pareja, que empezó a gritar, la golpearon y le tumbaron un diente, y la hija de cinco años, que empezó a orinarse y a llorar de miedo”.
La esposa del vecino fallecido acusaba a Juan del homicidio de su marido. “No sabíamos cómo reaccionar. Pensábamos que éramos amigos. Se llevaron a mi hermano, y desde ese momento estuvimos tres días sin saber nada de él porque no nos daban información”. Con la ayuda de un abogado intentaron descubrir el paradero de Juan, pero no fue hasta que entregaron una cantidad de dinero cuando la Fiscalía les comunicó dónde estaba detenido.
“Primero permitieron pasar a su pareja y después a mí. Estaba golpeado, tenía la nariz toda hinchada, no se podía levantar bien, le dolía mucho un costado… Yo pregunté ‘¿qué pasó?’ Y cuando me iba a responder, llega uno de los oficiales y dice: ‘Disculpas, muchacho, no eras tú la persona que buscábamos, pero ya estamos arreglando tus papeles para que te vayas. Señorita, por favor, permítame pero se tiene que retirar’. Y yo me puse feliz. Iban a soltar a mi hermano”.
Lo que hicieron fue trasladar a Juan a otra prisión. Susana recuerda con todo lujo de detalles las cadenas y cómo le custodiaban los oficiales. “Esa fue la libertad que le dieron a mi hermano. Con engaños, le hicieron firmar una hoja y le dijeron que era su libertad. Ahí empezó nuestra lucha por defender a mi hermano, demostrando su inocencia”.
Susana, que es la tercera de cinco hermanos -Juan y cuatro chicas- se volcó en sacar a Juan de entre rejas. Acabó sus estudios de la Preparatoria y, como su hermana mayor, empezó a trabajar para ganar dinero para la defensa de Juan. Le habían sentenciado a 11 años, y un año después de ser arrestado, le atribuyeron un delito de extorsión por el que sumó otros cinco años. Tras presentar recurso, la situación empeoró. “Le dijeron a mi hermano que la sentencia no correspondía a la acusación, que no era homicidio simple sino homicidio calificado, esto quiere decir que le aumentaron la sentencia y, en total, eran 30 años de prisión”.
Huelga de hambre
Durante casi 12 años estuvieron pagando abogados privados, convencidos de la inocencia de Juan y de las irregularidades del proceso. El caso dio un giro en marzo de 2019, cuando varios presos indígenas iniciaron una huelga de hambre, entre ellos Juan de la Cruz. Susana menciona sus nombres de carrerilla: “En el penal de San Cristóbal de las Casas número 5, donde estaba mi hermano, Adrián Gómez Jiménez, que ahora está libre. En el penal de El Amate número 14 los hermanos Abraham y Germán López Montejo. En el penal de Comitán número 10 Marcelino Ruíz Gómez y Juan Pérez Álvarez”. Todo está documentado y denunciado en organismos nacionales e internacionales.
“Todos son indígenas tzotziles que denunciaron torturas y graves irregularidades en su expediente. Que no tuvieron un traductor, que no tuvieron acceso a la justicia, que no tuvieron el plazo que por ley debe llevar el proceso, porque algunos tuvieron un proceso de más de 14 años sin sentencia. Entonces no sabían que esto no debía ser así, pero una vez ellos saben que la tortura es un delito y que es una violación hacia sus derechos, y que hay un camino para la investigación y para que se demuestre su inocencia, porque su declaración fue extraída a base de golpes, entonces, se organizan”.
Los presos llevaron a cabo una huelga de hambre para exigir la revisión de su expediente que duró 135 días y por la que tuvieron que acudir al hospital debido a su débil estado de salud. Mientras, las familias de los presos apoyaban desde el exterior, con declaraciones a la prensa y con denuncias y acciones de la mano de entidades como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs.
En este contexto, nació el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, del que Susana fue una de sus principales impulsoras. “Una de las labores del colectivo es visibilizar que un preso no siempre es responsable de lo que se le acusa y demostrar la inocencia de una persona que ha firmado bajo torturas. En Chiapas no hay justicia, fabrican culpables a través de la tortura y los presentan como culpables ante la sociedad. El papel de la Fiscalía es exhibir al supuesto responsable ante la sociedad como al malo, como que la Fiscalía está limpiando la sociedad y capturando a los malos, pero para nosotros es una limpieza social hacia los indígenas para así erradicarnos”.
A raíz de la huelga de hambre y de la creación del Colectivo, se abrió una mesa de diálogo con el Gobierno para solicitar la revisión de los expedientes. “En un primer momento nos dijeron que eran un Gobierno diferente, abierto a la gente, un gobierno de la sociedad, pero no obtuvimos nada”. Después, acudieron a la Mesa de Reconciliación, la última instancia a la que podían recurrir y, en su segunda reunión, el portavoz les dijo: “Me sorprende que el expediente de Juan siga aquí, porque Juan de la Cruz tenía la libertad desde 2016’”. Hacía tres años que su hermano debía estar libre. Un documento oficial certificaba las irregularidades y violaciones en el proceso, pero ese documento no llegó al departamento o la persona correspondiente, hasta ese momento. “Por alguna extraña razón, no se llevó a cabo esa orden de libertad”, lamenta Susana.
Las amenazas
El Frayba se hizo eco de esta anomalía y una semana después, Susana recibió la primera amenaza. Desde un coche, lanzaron un sobre a su casa. Se trataba de un anónimo que contenía recortes de periódico con su nombre y frases relacionadas con la muerte. Días después le enviaron otro anónimo con su nombre escrito en sangre.
Desde el Frayba se decidió que había que llevarla un lugar seguro y le preguntaron si quería seguir en el territorio o salir del país, y Susana eligió quedarse en Chiapas, entre otras cosas porque estaba pendiente de la salida de prisión de su hermano. “Fueron los días más horribles de mi vida. No poder salir, no tener comunicación. Me quedé totalmente incomunicada, sin teléfono, por seguridad, porque lo rastrean. Me quedé ahí encerrada y se me hicieron eternos los días”.
Un día, llegó una de las compañeras y le anunció la noticia: “Tenemos a Juan en Frayba”. Era diciembre de 2019. Su hermano había salido libre tras trece años en prisión. “Sentí un escalofrío. Me empezaron a temblar las piernas. Empecé a llorar y le dije ‘llévame con él, quiero ver a mi hermano, quiero ver a mi mamá’”. Pero las condiciones de seguridad no permitían por el momento ese encuentro.
Susana tuvo que esperar más de lo deseado, hasta que por fin la llevaron a casa. “Fue lo más bonito. No me lo creía. Me habían enseñado fotos de mi hermano con mi mamá, pero yo no me lo creía. Y fue ya el 20 de diciembre cuando me dijeron ‘coge las maletas, nos vamos’. Y yo, con los nervios de ver a mi hermano, veía el tráfico interminable. Se me hizo eterna la llegada a mi casa. El que abrió la puerta fue mi hermano. Lo primero que hice fue abrazarlo, creérmelo que de verdad estaba allí”.
La libertad de Juan fue agridulce. A pesar de que tenía que haber salido del centro penitenciario tres años antes, o no haber entrado nunca, salió en libertad condicional y sin reparación de daños. “Mi hermano imaginaba que iba a encontrar un espacio de paz, de tranquilidad, y se encontró un ambiente tenso, de amenazas, de riesgo, de no poder vernos”. Por todo ello, Juan decidió viajar a Estados Unidos, donde vive con un familiar, y en la actualidad casi no tiene relación con sus hijas. “Es otra de las consecuencias de la cárcel, rompe el tejido social y el tejido familiar muchas veces”.
Susana también tuvo que salir de México. Llegó a Barcelona de la mano de la Taula per Mèxic en el marco del Programa Catalán de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Durante su estancia, tiene como objetivo visibilizar la criminalización y la discriminación hacia la población indígena en Chiapas, en especial la de las personas presas.
Le sorprende el conocimiento que existe en Catalunya sobre México. “La mayoría me dice que México es una belleza, que es un paraíso, que hay unas playas… Sí, pero necesitamos que se acerquen un poquito más allá. México lo presentan como una zona de mucho turismo, mucha naturaleza y mucha maravilla, que sí la hay y es precioso, yo amo Chiapas y amo México, pero ¿qué pasa más allá del turismo? En México están amenazando a los defensores, están matando a los defensores”.
