El 9% de la población mayor de 15 años tiene depresión, según datos de la Encuesta de Salud de Cataluña (ESCA) de 2021, y el suicidio es la primera causa de mortalidad prematura entre los jóvenes de entre 25 y 34 años , según datos del área de Derechos Sociales, justicia global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona. La salud mental es una asignatura pendiente no sólo del sistema, sino de toda la humanidad, y tras la pandemia todavía más, puesto que, en general, la salud mental de la ciudadanía ha empeorado considerablemente.
Las enfermedades mentales representan un problema de salud importante, puesto que repercuten en la calidad de vida de la persona, muestran una alta prevalencia y tienen un impacto fundamental en su bienestar y en el de su entorno familiar y laboral. También las personas con trastornos mentales suelen sufrir graves violaciones de los derechos humanos, discriminación y estigmatización. Por eso, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, numerosas entidades que representan, atienden y apoyan a personas con problemas de salud mental y familiares han querido hacer público el estado de la asistencia en esta área de salud; la Fundació Congrés Català de Salud Mental destaca en su manifiesto que “pese al mucho trabajo realizado y con cambios esperanzadores, sigue existiendo una inacción mundial respecto al statu quo que refuerza el círculo vicioso de discriminación, desapoderamiento, coerción, exclusión social, e injusticia” y pide al Gobierno que “promuevan la salud mental aumentando el apoyo financiero a programas sostenibles y transversales que reduzcan la pobreza y las desigualdades, la discriminación por todos los motivos y la violencia en todos los entornos, de forma que se aborden eficazmente los principales determinantes de la salud mental, siempre desde los sistemas públicos de salud, a fin de no crear una nueva discriminación” y que “inviertan en servicios de salud mental que tengan en cuenta las necesidades de los niños y los adolescentes centrados en la familia y basados en la comunidad evitando los incentivos financieros o de otro tipo que fomentan el internamiento en instituciones, la exclusión social y el uso excesivo de psicotropos”.
En esta misma línea, la Federació Salut Mental Catalunya, formada por 75 entidades de personas con problemas de salud mental, familias y amigos, recuerda que “la salud mental es un derecho inherente a la condición humana, indispensable para gozar de una vida digna, que no conoce de ideologías, género, origen, ni clase social. Desgraciadamente, la realidad es otra” y reivindica más recursos para plantarle cara: “Necesitamos más inversión en salud mental, no sólo de Salud. Es necesario romper la lógica de que el bienestar sólo corresponde a un Departamento y ampliar la mirada. Necesitamos políticas en clave de determinantes sociales de la salud. Necesitamos valentía, liderazgo, y situar los derechos en el centro del modelo de atención a las personas y a su entorno. ¡Basta de vulneraciones de derechos!”.
Por otro lado, la parte más institucional apunta que durante los últimos años se ha incrementado de forma notable el reconocimiento al esencial papel de la salud mental para la consecución de los objetivos mundiales de desarrollo; a principios de este 2023 el ayuntamiento de Barcelona presentó su segundo Plan de Salud Mental (2023-2030) con el objetivo de consolidar el empuje que hizo la capital catalana el año 2016 en esta área, cuando puso en marcha su primer plan de salud. Este segundo, de acuerdo con las recomendaciones y políticas de la Organización Mundial de la Salud y el Pacte Nacional de Catalunya en Salut Mental de la Generalitat de Catalunya, da continuidad al desarrollo de políticas locales de prevención y promoción de la salud mental e incorpora la perspectiva de género, contribuyendo a reducir las desigualdades que pueda haber en referencia a la investigación, prevención y atención a las personas con problemas de salud mental.
