Un centenar de familias y sindicatos se han concentrado este martes ante la Conselleria de Educación para reclamar el despliegue del decreto de la escuela inclusiva aprobado en 2017 por el Parlament de Catalunya, así como más recursos para el alumnado con necesidades especiales.
La protesta ha sido la respuesta a las recientes declaraciones de la directora general de Educación Inclusiva, Laia Asso, según las cuales el Departament no podía aumentar las horas de monitorización de apoyo porque se había “petado” el presupuesto.
De hecho, la concentración ha sido convocada por la coordinadora de familias organizadas ‘Petem la Vía Augusta’, en relación a la calle donde se encuentra el Departament y la cual han cortado durante la mañana al grito de ‘Sin inversión, no hay inclusión’, ‘Pete quién pete, escuela inclusiva’, o ‘Acabemos con el capacitismo’. Entre las pancartas, se podía leer ‘Petémoslo todo por la inclusión’, ‘No tengo velador/a’ o ‘Laia dimisión’.
Derecho a la educación
Las familias han mostrado su cansancio por tener que luchar para garantizar el derecho en la educación de los hijos e hijas y exigen un plan urgente con los fondos económicos necesarios para desplegar el decreto que prevé que este alumnado vaya a la escuela ordinaria.
En un comunicado conjunto, indican que la “inacción” del Govern ha motivado la movilización: “El Departament d’Educació no vela porque los centros educativos dispongan de los recursos necesarios para atender la diversidad, así como de formación en todos los centros y profesionales, a fin de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades”.
“Cansadas de tener que luchar constantemente para garantizar el derecho en la educación de nuestras hijas e hijos, exigimos a la MHC Anna Simó Castelló el despliegue del Decreto 150/2017, con una dotación presupuestaria que garantice, sin medias tintas, la atención del alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo”, añaden.
Han entregado una carta a la directora general en que quieren “visibilizar el malestar creciente entre las familias” y critican “la inacción de los sucesivos gobiernos de la Generalitat en la hora de desplegar el Decreto de Escuela Inclusiva”.
Demandas
Por todo esto, familias y sindicatos exigen el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en cuanto a la educación (artículo 24) para “no negar a ningún niño los recursos públicos que necesita para su educación”.
Asimismo, recuerdan que la Ley de Educación de Catalunya 12/2009, de 25 de julio, señala que se tiene que destinar el 6% del PIB a la educación.
También insisten en la necesidad de poner en marcha “un plan de acción urgente, con dotación económica, sobre el despliegue del decreto de escuela Inclusiva, a fin de que se garantice la participación de todo el alumnado en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades durante el horario lectivo y no lectivo en el centro educativo (comedor, salidas, colonias, ocio)”.
Por último, quieren “la internalización de las veladoras para poner fin a la precarización y en muchos casos fragmentación entre varios centros educativos” porque “el gobierno de Catalunya no puede continuar dejando atrás a los más vulnerables y permitir su segregación”.
Han firmado el manifiesto USTEC, UGT, CCOO, CGT, Asociación Catalana de Enfermería y Salud Escolar, Sindicado de Madres en la Diversidad Funcional, Asociación de Diabetes de Catalunya, Plataforma Enfermera Escolar, Entretots, Ecom y la Asociación en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual.
Catalunya Plural, 2024 
