Lo explicábamos justo hace un año: la pobreza energética es una amenaza para la salud. Los precios crecientes de la energía, la reducción de las rentas familiares o la baja calidad de los edificios son los principales aspectos que motivan una situación de pobreza energética que supone una amenaza para la salud física y mental. Durante los últimos meses se han aprobado y suspendido leyes y ya se inician las sanciones contra eléctricas.
El Tribunal Constitucional anuló los artículos referentes a la emergencia habitacional del decreto de pobreza energética y un juzgado de Barcelona anuló el protocolo de la Generalitat de Catalunya que evita los cortes de agua y luz a las familias en situación de vulnerabilidad. En todo caso, Juli Carrere, coordinador de Fuel Poverty Group– Energía Justa, una iniciativa de la Asociación Bienestar y Desarrollo y Ecoserveis, explica que es peligroso y de difícil resolución. Opina que las eléctricas “hacen publicidad para explicar que la ley ha caído y que el bono social estará por sobre” pero realmente “sólo han tumbado el principio de precaución en un caso concreto, sigue totalmente vigente”.
La aprobación del bono social eléctrico a principios de octubre fija los umbrales de renta para percibir descuentos en la factura de la luz e impedirá que a los consumidores atendidos por servicios sociales se los corte el suministro. Varias ciudades han denunciado este decreto como insuficiente. Una de ellas, Barcelona, estima que esta medida olvida el 43% de la población afectada de la ciudad.
Repasamos diferentes movimientos y medidas alrededor de la pobreza energética:
El Ayuntamiento de Barcelona sancionará Endesa por cortes de suministro
El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado cinco sanciones de 70.000 euros cada una a Endesa por incumplir la ley 24/2015 de pobreza energética en no pedir el informe de exclusión residencial a los Servicios Sociales municipales antes de proceder a cortar el suministro de electricidad. Además, el Ayuntamiento también ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Real decreto 897/2017 del Estado que regula la figura del consumidor vulnerable o el bono social. Lo ha hecho al considerar que va en contra de la Constitución y la Directiva 2009/72 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea y porque vulnera las competencias exclusivas en materia de servicios sociales que tiene asumidas Cataluña y el mismo municipio de Barcelona.
Laia Ortiz, teniente de alcalde de Derechos Sociales, ha anunciado estas sanciones remarcando que el Ayuntamiento de Barcelona ya había advertido que la regulación estatal era insuficiente para preservar los derechos energéticos de la ciudadanía. Así lo denunció el consistorio al estudiar que, la medida aprobada este octubre por el Gobierno, olvida a un 43% de la población afectada. Este porcentaje se traduce en qué casi la mitad de las personas atendidas por pobreza energética por el Ayuntamiento de Barcelona este año –unas 10.000– no podrán acogerse a los descuentos, ni tampoco a primeros de precaución, con el nuevo bono social del Estado.
Las primeras sanciones que ejecuta Barcelona responden a cortes que se produjeron una vez aprobada la ley 24/2015 en hogares habitados por personas vulnerables. Los cortes, han explicado, fueron detectados a través de uno de los 10 Puntos de Asesoramiento Energético (PAE).
Laia Ortiz aprovechó la rueda de prensa para explicar que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene como objetivo sancionar pero sí ser estrictos para garantizar que “todo el mundo tenga acceso a unos suministros básicos independientemente de su condición económica”. Además, también criticó el nuevo decreto: “el nuevo bono social del Estado responde a los intereses del oligopolio energético y no a las necesidades de la ciudadanía. Por eso reclamamos la nulidad.”
El protocolo de la Generalitat contra la pobreza energética anulado por un juzgado de Barcelona
Un juzgado de Barcelona anuló el protocolo de la Generalitat para evitar los cortes de suministro de agua y luz a familias en situación de vulnerabilidad, que desarrollaba la ley contra la pobreza energética. Esta, surgida de una ILP de la PAH y de Alianza contra la Pobreza Energética (APE), contendía normas en materia de emergencia habitacional y pobreza energética. El Tribunal Constitucional ya había anulado algunos preceptos relativos a la emergencia habitacional, pero los relacionados con los cortes todavía seguían vigentes.
En su sentencia la jueza argumenta que el protocolo de la Generalitat, además de invadir competencias estatales, es nulo de pleno derecho por haber sido aprobado por la Agencia Catalana de Consumo y no por el mismo Gobierno. Así da la razón a Endesa, que había recurrido al considerar ilegal la prohibición de la Generalitat de cortar los suministros en el momento que se produce un impago.
El Tribunal Constitucional ya había anulado en abril de 2016 el decreto de pobreza energética, aprobado por el Gobierno de CiU el 2013, al considerar que invadía competencias estatales. Este protocolo se suma así a la larga lista de medidas contra la pobreza energética que han sido anuladas o rebajadas en diferentes tribunales.
Alternativas contra la pobreza energética
No entender las facturas, no saber si estás pagando aquello que percibes o más, no conocer trucos para ahorrar tanto económicamente como en términos ecológicos… Información que pocas veces está al alcance de la población si es que esta no busca por iniciativa propia recursos, nada fáciles de encontrar.
En Cataluña, el 23% de la población en riesgo de pobreza sufre frío en su casa en invierno. Para responder a esto, hay quién apuesta por la intervención social contra la pobreza energética mediante lo entrega de kits de microeficiencia o, de también dichos, kits de supervivencia. Esto es lo que realiza Fuel Poverty group en red con otras iniciativas de todo el estado. En Barcelona, junto con ABD, forman Energía Justa.
Con la entrega de kits buscan incrementar el confort en el hogar sin gastar más de lo que las familias ya gastan. Los kits cuentan con dos bombillas de bajo consumo, burlete para debajo puertas, burlete para ventanas, regleta con interruptor, película aislante para ventanas, temporizador y termómetro e higrómetro.
Los diferentes instrumentos pretenden rebajar las implicaciones que comporta tener dificultades para acceder al consumo de energía. Algunos de los problemas que se encuentran las personas que sufren pobreza energética son no poder encender la calefacción y mantener el hogar en una temperatura de confort, sufrir impagos en las facturas de la luz y por lo tanto sumar deudas, desarrollar y empeorar ciertas problemáticas de salud o que se los corten los suministros y se queden sin luz, agua o gas.
Energía Justa es un proyecto nacido de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) y Fuel Poverty. Suma así las vertientes de una entidad social y de una entidad para la eficiencia energética. A partir de formaciones preparan a sus voluntarios para detectar las problemáticas que puedan sufrir aquellos que viven en pobreza energética. Existe un punto informativo donde estos voluntarios trabajan individualmente con las afectadas. Los encuentros sirven para asesorar en eficiencia energética pero también para enseñar a entender las facturas de las eléctricas.
La población mayor es la más vulnerable pero a menudo, nos explica Juli Carrere, hay gente que por otros factores como por ejemplo no saber el idioma también necesita entender qué se le está cobrando y qué puede hacer. Es aquí donde Energía Justa también interviene: “nos piden ayuda para pagar facturas pero en vez de esto, nosotros se los enseñamos a reducirlas” dando información de consumo responsable.
Desde Energía Justa realizan talleres, puntos de información y también intervención directa. Carrere nos explica que en algunas ocasiones los ayuntamientos se les han dirigido pero “el trabajo de los voluntarios llega donde llega” y, además, este “no tendría que suplir la actividad de las administraciones”.
Catalunya Plural, 2024 
