La sentencia del Caso Palau, que obliga a los herederos de CDC a devolver 6,6 millones de euros, pone negro sobre blanco el cobro de comisiones ilegales por adjudicación de obra pública, como muchos habían denunciado hace años. La sentencia ha provocado pocas sorpresas porque la confesión durante el juicio de Millet y Montull en el sentido de que habían hecho de intermediarios de dinero de Ferrovial hacia CDC y las pruebas aportadas por Joan Linares, el director general nombrado después de Millet, dejaban poco espacio a la duda.
Pero no es esta la primera vez que CDC se ve relacionada con supuestos casos de corrupción, tráfico de influencias y/o financiación irregular. Para el partido que fundó Jordi Pujol hace más de 40 años, la cuestión de su financiación ha estado siempre en el terreno de la duda, pero esta es la primera condena que deja claro que el partido se aprovechó de la su posición dominante, como partido de gobierno, para conseguir más recursos económicos de los que provienen de los presupuestos o de sus militantes.
De hecho, desde los inicios de CDC ha habido situaciones de dudosa legalidad contable a su alrededor. El primero de estos casos fue el de Banca Catalana e implicó al mismo Jordi Pujol a los principios de su mandato, si bien en este caso no se habló de la financiación del partido. El fiscal General del Estado presentó en 1984 una querella contra 18 ex directivos de Banca Cataluña, entre los que se encontraba Jordi Pujol, por supuesto despilfarro de fondos y falsedad documental. Los jueces exculparon al entonces presidente de la Generalitat, pero hablaron de gestión imprudente e incluso desastrosa.
El Caso Casinos estalló a finales de los años 80 a raíz una denuncia de un ex directivo de Casinos de Cataluña, la empresa de Artur Suqué, muy cercano a la familia Pujol. El ex directivo acusó a empresas del entorno convergente de emitir facturas falsas a Inverama, la empresa gestora de Casinos. El tribunal sobreseyó este caso al cabo de varios años. Después vinieron los casos Treball y Turisme, que afectaron a Unió Democràtica de Catalunya (el partido de coalición de Convergència), que sí terminaron en condenas firmes, aunque también hubo indultos por parte del gobierno del PP.
Denunciaba Miquel Sellarés, fundador de CDC, alejados años más tarde del partido de Pujol y Prenafeta, la existencia de ciertos maletines con dinero de origen dudoso por los entornos de la Generalitat a los inicios de la autonomía. A raíz de estas denuncias surgió el nombre de “la Convergència dels negocis” que hacía referencia a dirigentes del partido que tenían un tren de vida muy alto y al que no querían renunciar de ninguna manera. Eran unos años en los que el mismo sector del partido presionó para echar quien era el secretario general, Miquel Roca Junyent, para poder controlar del todo las finanzas del partido y del Gobierno.
Los hijos mayores del ex President formaban parte de este sector. En ese momento, sin embargo, ni la legislación ni la persecución de estos delitos eran muy exhaustivas, como si hubiera algún tipo de pacto por arriba. Porque eran los años que CiU pactaba con unos y otros en Madrid. Unos pactos que tenían aspectos públicos, los que se contaban y salían a todos los medios, y los menos confesables. Estos eran pactos de no agresión y de respeto mutuo, de paz parlamentaria y de apoyo público más o menos explícito.
Y alrededor de CiU se creó una nueva casta, la de los altos cargos de la Administración, que se fueron perpetuando a lo largo de los 23 años de gobierno y quedó instalado en el partido. Es lo que Enric Juliana llama ahora el “gen convergente” del poder que intenta mantener su statu quo.
Con Artur Mas como sucesor de Jordi Pujol, nada de esto se corta de raíz. Es más, la denuncia de Pasqual Maragall como presidente de la Generalitat en una sesión plenaria del Parlamento en el sentido de que CiU tenía un problema de 3%, que significaba financiación irregular, provocó una respuesta airada de Mas que le retó a retractarse, si no quería frustrar el proyecto del Estatut. Y Maragall lo retiró, pero la denuncia permaneció en el tiempo. Esto ocurría en el año 2005 y todavía no se había destapado el Cas Palau, ni el Cas Pujol, ni el del 3%. CiU había dejado de ser un partido necesario para gobernar en Madrid, aunque sí que lo necesitaban para aprobar el Estatuto.
Lo peor vino a partir del inicio del proceso soberanista tras la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, a mediados del año 2010, y el posicionamiento de los nacionalistas a favor de este proceso. Con CiU nuevamente al frente del Gobierno de la Generalitat y el PP gobernando en España con mayoría suficiente, los populares lo tienen claro: se ha acabado el paraguas protector para los ex socios. Están convencidos de que la caída del entorno familiar del ex President provocará el fin del Procés. Y tiraron de la manta, lo que, probablemente, también provocó en parte que alguien levantara otras mantas en otros lugares de la geografía ibérica. Vino la confesión de Jordi Pujol, el caso de la ITV.
Y Artur Mas tardó demasiado en entender que no tenía otra alternativa que ser contundente con los casos de posible corrupción, aunque afectaran personas muy cercanas a él. Eran inercias de otros tiempos. La solución que se inventaron, el entierro del partido de Jordi Pujol y su transformación en el PDeCAT, no ha sido la solución. Tienen demasiado rémoras del pasado, problemas de presente, entre ellos y la nueva lista de Puigdemont, y un futuro totalmente incierto.
Catalunya Plural, 2024 
