Un Real Decreto Ley del Partido Popular en 2012 rebanó el principio de universalidad de la sanidad en España. Pese a que las comunidades autónomas se apresuraron a aprobar normativas que mitigaran la acción del Gobierno de Mariano Rajoy, fueron muchos los migrantes en situación administrativa irregular que quedaron excluídos de la red pública. Por ello, la medida de los populares fue denominada el apartheid sanitario. Dicho apartheid sumó en menos de tres años 1.600 casos de exclusión médica, tal y como denunció la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto (REDER).
En Barcelona, la problemática llevó a los mismos migrantes –ayudados por el movimiento okupa de la ciudad, diversas asambleas de barrio y también por los yayoflautas– a crear un rincón autónomo en el Raval donde atender a los repelidos por la reforma del PP. Llamaron a la iniciativa Espacio del Inmigrante.
Hoy día no se entiende el barrio sin su hospitalucho; así lo apodaron los propios migrantes cuando crearon el servicio asistencial en enero de 2013. Pero Hospitalucho quedó corto en poco tiempo. Semanas después de realizar las primeras visitas médicas, el colectivo integró a su abanico de servicios la asesoría legal, y después la psicológica. Ahora incluso realizan cursos de castellano, de los que fue profesor el mismísimo Nazario, dibujante y vecino de Ciutat Vella.
De dichos cursos se han beneficiado miles de migrantes, incluidos chatarreros y manteros, dos de los colectivos auspiciados por el ágora en la que se ha convertido el Espacio del Inmigrante. Entre sus paredes, que han escuchado todo tipo de charlas y han participado de todo tipo talleres (y que han servido de cobijo para no pocos migrantes sin techo), nació el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes.
Uno de sus dos locales, el de más reciente ocupación, estuvo en boga la pasada semana. El Espacio del Inmigrante esquivó su desalojo gracias al área de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, que medió para detener el desahucio antes de su lanzamiento desde los juzgados. El local, gestionado por el colectivo desde hace dos años, está situado en la calle Agustí Duran i Sampere y es propiedad del holding de inversión de la entidad La Caixa, Criteria Caixa SAU. Su otro local, ocupado en noviembre de 2012 en el pasaje de Bernardí Martorell, el hospitalucho histórico, también vivió la amenaza del desalojo pero el Ayuntamiento intervino de nuevo debido a la situación de vulnerabilidad de algunas familias que vivían en el inmueble.
En el interior de los bajos de la calle Augustí Duran i Sampere, un lugar enorme, de paredes altas y garabateadas, y momentaneamente el local base del Espacio por la presencia de un narcopiso en la finca de su primer hospitalucho, algunos de los miembros del colectivo arrojan cifras sobre los cinco años de presencia del gabinete médico, legal, psicológico y linguístico autogarnizado del Raval: hasta 300 casos sanitarios atendidos al año; una quincena de personas asesoradas por abogados a la semana; y cientos de alumnos en sus talleres de castellano. Todo gratuito gracias a los voluntarios del colectivo, una veintena de personas, que ha ido cambiando con el tiempo.
Aún así, los miembros del Espacio son un termómetro de las desigualdades en el Raval. Su labor se centra en los “excluídos de los excluídos”, atestigua Luciano, uno de los abogados que pasa ronda cada miércoles. Y su actividad en los últimos años no ha decaído. “Las personas en situación irregular desconfían de los hospitales, de los servicios sociales… Les da miedo que éstos chibeteen“. “Este es un espacio de encuentro, donde se comparten los saberes de los migrantes, aquí se genera un clima de comprensión”, aseguran César, uno de los miembros que más apoyo ha prestado al Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, y Julián, que se empleó a fondo antes con los chatarreros de la ciudad pero que echa una mano en cualquier batalla.
“Llegamos donde no llegan las ONG’s”, prosigue César. El Espacio del Inmigrante ha sumado a su tarea la de –destaca Luciano– “ir a buscar a las personas”. Es por ello, concluyen los miembros del colectivo, que son muchos los migrantes vulnerabilizados que les tienen confianza a ellos y no a otros agentes sociales del barrio. “El boca-oreja hace mucho”.
Además, con el tiempo, han derrivado las fronteras del barrio y han extendido su acompañamiento a otras luchas del distrito de Ciutat Vella. El caso de los menores extranjeros indocumentados no acompañados, popularmente conocidos como meinas, vilipendiados históricamente en la ciudad por los problemas que en algunas ocasiones han provocado tras consumir pegamento. Iman, una joven del barrio, fue una de las participantes de las llamadas ‘rutas contra la cola’. Paseos que los vecinos organizaron el año pasado por los alrededores del Pou de la Figuera para que los comerciantes de pequeños negocios no vendieran disolvente a los jóvenes.
Más allá de los servicios que el Espacio ha prestado en los últimos años, sus miembros destacan las raíces políticas que las luchas del colectivo han generado en el barrio. Sienten que han contribuido a visibilizar al migrante en las luchas sociales de la ciudad. “Un 80% de las personas del Espacio no tiene papeles, y no hace falta tenerlos para defender los derechos de las personas. El vulnerable ha dado un paso hacia adelante”, concluyen.
Para este año, el del quinto aniversario de su nacimiento, tienen pensado montar una “escuelita antiracista”. Y lo harán porque –como apunta César– “el migrante viene con conocimientos, por mucho que les cueste creer a veces a los de aquí, y cuestiona las hegemonías”.
Catalunya Plural, 2024 
