Hay un lugar donde los niños suben a cenar de un grito, donde los vecinos se conocen hasta el punto que bautizan críos y celebran bodas en la calle y organizan sus propias fiestas mayores, donde familias enteras –con miembros de cuarta generación incluso– ayudan a sus mayores en un chasquido de dedos. Ese lugar existe en la Barcelona presente, aunque la música sobre su extinción suena desde hace diez años. Desde finales de 2016 las voces sobre su desaparición han empezado a hacerse ensordecedoras.
Los vecinos de la colonia Bausili, una de las últimas edificaciones industriales habitadas de la zona popular de la Marina del Prat Vermell, escuchan desde 2008 que sus casas van a ser derribadas. A la amenaza de demolición de sus viviendas, recogida en una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) de 2006, se suma ahora la especulación inmobiliaria que acecha toda la ciudad. La colonia Bausili es uno de los últimos vestigios de la arquitectura industrial que pobló este barrio del litoral barcelonés, un lugar por donde a principios del siglo XX se podía incluso acceder a la playa. De aquella época no queda más que la citada Bausuli, además de la colonia Santiveri y la Cantí.
Hace un par de años la inmobiliaria Global Blue Center adquirió las 22 casas –divididas en dos plantas y con las escaleras por fuera– de la colonia Bausili, hasta entonces en manos de la familia de la que guarda el nombre y que reformó una fábrica textil, El Prat Nou, construida hace un siglo, en viviendas allá por los años 30 del siglo pasado. Tras la compra, la nueva propiedad empezó a enviar cartas a los vecinos a los que les vencía el contrato informando que no les renovaría; la empresa no pretendía alquilar, desde que adquirió la colonia se han marchado al menos tres familias y su respuesta ha sido tapiar las casas.
Cinco vecinos con contratos de corta duración, fruto de la ley de arrendamientos urbanos, recibieron un burofax de la firma en enero diciendo que debían marcharse. A tres ya les ha caducado el contrato y viven en la desprotección. Hay otros nueve con contrato de renta antigua que se solidarizan con la urgencia de la comunidad. Además de las catorce viviendas, entre ambos regímenes, también hay dos pisos ocupados por familias vulnerables con los que hay –canta el vecindario– total armonía.
Para evitar la expulsión de vecinos por la finalización de contratos y que a la larga la comunidad sea derribada por los planes del PGM, la comunidad contactó al Sindicato de Inquilinos unas semanas atrás.
Tras una reunión entre sindicato, vecinos e inmobiliaria, la firma les prometió que les garantizaba su estancia hasta 2019. Pero ellos quieren permanecer en sus casas por más tiempo: no abundan los espacios así en la ciudad. Su calle se viste cada día de niños de la colonia jugando a pelota y de mayores con sus sillas, al fresco. El silencio es total, pese a encontrarse en paralelo al Paseo de la Zona Franca y a la sombra de una gasolinera y una torreta (propiedad de la misma inmobiliaria).
“Aquí vivimos en comunidad, y queremos seguir haciéndolo”, comenta Lourdes. Su madre, que dispone de contrato indefinido, su hija y su nieta, una de las personas con el contrato vencido desde finales del año pasado, viven también en la colonia. Es por ello que los vecinos se reunieron el pasado lunes con el Ayuntamiento de Barcelona y le pidieron que la zona fuese declarada patrimonio para protegerla del derribo (algo que ya hicieron en el vecindario Plus Ultra, también en la Zona Franca). Según ha podido saber este medio, el consistorio valorará la opción.
Los vecinos quieren solventar la situación con premura: conviven desde hace más de una década con el runrún del derribo por un proyecto municipal de 2006 –bajo tutela del alcalde socialista Jordi Hereu– que pretendía convertir la zona de la Marina en un barrio residencial. La obra tenía previstas más de 10.000 viviendas nuevas, que se vieron frenadas por la crisis económica. De hecho, de los catorce sectores en que se dividió la modificación del PGM, solo cuatro siguen en proceso de transformación.
La colonia Bausili está en uno de ellos. Pero la propiedad todavía debería presentar el proyecto de reparcelación y urbanización de la zona, lo que podría llevarles –destaca el consistorio– dos o tres años de trámites. Ahora los vecinos a los que les vence contrato confían que Global Blue Center les permita alargar su estancia mientras todos aclaran la situación del derribo. Este medio ha intentado contactar con la empresa Global Blue Center para conocer sus intenciones, sin éxito.
Desde instancias municipales se asegura que si se acaba produciendo el derribo, según recoge la ley de vivienda, a las rentas antiguas se les asegurará un piso. La opción no convence a nadie. “Yo nací aquí. Tengo 80 años, ¿dónde voy a encontrar algo a pie de calle? ¿Peatonal?”, refunfuña Isabel, con un alquiler de renta antigua por la que paga 200 euros. El resto de precios por viviendas en su condición oscilan entre los 150 y los 300 euros. En las webs de anuncios de alquiler en el barrio el precio se dispara hasta los 800.
Isabel recuerda la zona cuando no había más que campo. Incluso rememora el impuesto que se cobraba a los residentes de la colonia por una pequeña parcela para plantar. Lo pagó religiosamente, incluso cuando ya no la tenía. Ahora sólo quiere abonar su alquiler en este oasis en Barcelona, hasta el fin de sus días. “Si me voy a otro alquiler será directamente a ese”. Pilar señala el cementerio de Montjüic y se marcha risueña.
Catalunya Plural, 2024 
