La unidad antidesahucios de Barcelona disparó la asistencia a familias desahuciadas en 2017. La Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER), una herramienta municipal de detección y mediación contra la pérdida de la vivienda creada en 2015 por el Gobierno de Ada Colau, intervino en 2.351 casos nuevos de familias (más de 7.000 personas) en riesgo de pérdida de su casa, un 50% más que en 2016.
Entre los casos nuevos y los que la UCER ya arrastraba del año anterior (917) se ha llegado a un porcentaje de resolución de un 41% de expedientes. A pesar de las numerosas actuaciones, sólo un 16% (218 casos) de las familias alcanzó la opción más deseada: quedarse en su propia casa. La alcaldesa, Ada Colau, ha criticado las políticas del gobierno central en materia de vivienda y ha argumentado que los consistorios se encuentran solos combatiendo la emergencia habitacional.
El Ayuntamiento de Barcelona también ha explicado que la UCER ha permitido que bajen un 22% los procesos judiciales de desahucio gracias a la prevención. Así como que el consistorio trabaja en que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) informe de más casos de familias vulnerables, ya que en un 80% las informaciones sobre personas en riesgo de desahucio siguen llegando desde las oficinas de vivienda municipales. “Tenemos que mejorar el protocolo con el TSJC, está desfasado”, ha lamentado Colau. Un año más, los grandes tenedores –sobre entidades financieras– siguen suponiendo un problema a la hora de gestionar soluciones para las familias, según ha hecho constar el consistorio.
La crisis de la vivienda en Barcelona está lejos de resolverse, ya que sólo el año pasado hubo 2.519 en la ciudad (un 18% menos que hace dos años pero una cifra todavía preocupante para el Gobierno de Ada Colau), y así lo ha querido hacer constar la alcaldesa de Barcelona: “La vivienda es prioritario y debemos evitar su pérdida siempre”. “Pondremos todos los recursos, más los que nos corresponden incluso”, ha dicho Colau, en uno de los puntos más críticos de su intervención, en referencia a la gestión que hace la Generalitat del problema de la vivienda.
“La vivienda es también una competencia autonómica, que gestionamos a través del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, en un 60% es de la Generalidad. Pero esta proporción no se ve respetada en los esfuerzos entre administraciones. Entre 2016 y el 2017 el Ayuntamiento aportó el 70% de los recursos. Y esto no es sostenible”, ha espetado la alcaldesa, que ha pedido de nuevo la formación de un gobierno en Catalunya para agilizar las políticas. “Ojalá haya gobierno pronto”.
Llevar los desahucios al despacho del ministro
La crítica hacia otro administraciones en materia de políticas de vivienda no sólo se ha dirigido a la Generalitat, también el Gobierno central ha escaldado de la rueda de prensa de Colau. La intervención en favor de la vivienda de la alcaldesa ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Barcelona mientras en Madrid, en el Congreso, se discutía en términos opuestos. Este martes se producirá la aprobación de una nueva “medida por el desahucio exprés”. Así ha tildado la alcaldesa el cambio legislativo que tienen previsto el PP, Cs y el PDeCAT mediante el cambio de la ley 1/2000.
Por este motivo, la alcaldesa ha puesto sobre la mesa la posibilidad de llevar los desahucios al despacho del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. “Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y después que lo gestionamos los ayuntamientos. Si el Gobierno del PP persiste en esta línea tendremos que hacer que lleguen los desahucios hasta el despacho del ministro”, ha dicho Colau.
A la crítica del Gobierno de Barcelona también se han sumado entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Vía redes sociales, la PAH ha tachado la ley de “cambio social antivivienda”. La plataforma ha acusado al PDeCAT –la propuesta para la modificación de la ley es del grupo independentista– de “criminalizar a las familias vulnerables”.
Catalunya Plural, 2024 
