La realidad escondida de la educación inclusiva en Cataluña

Tengo que decir que yo, personalmente, siempre he tenido serias dudas sobre la efectividad del decreto en las aulas y en el día a día de toda la comunidad educativa, quizás porque lo que veo y el terreno que piso diariamente, por la tarea que desarrollo como directora de la Fundación Gerard, no es accesible a todo el mundo o porque es más fácil para algunos cerrar los ojos ante una realidad que, seamos claros, es muy incómoda.

No me considero una persona amargada –¡todo el contrario!–, pero reconozco que vivo continuamente indignada y que mi indignación parece no tener límites, porque la realidad la supera con creces día en día.

Pero hay una parte de esta realidad que sólo la conocemos unos cuantos: los que la sufren directamente –familias y alumnos–, los que acompañamos y defendemos a los anteriores –jurídic, técnica y moralmente–, y sus principales responsables. Y esta realidad nunca trasciende, sino que queda escondida entre las cuatro paredes de la sala de un juzgado, o de la sala de reuniones de un equipo de orientación, de inspección educativa o de algún cargo del Departament. Es aquello de… “¡si las paredes hablaran!”. Muchas veces he pensado en empezar a levantar las alfombras, de hacer visible algo que os escandalizaría a la mayor parte, pero comprenderéis que esto no siempre es posible, ni siquiera recomendable, por todo lo que está en juego, en especial en relación con los niños afectados. Hoy, sin embargo, haré una pequeña excepción y quien sabe si no será el comienzo de una nueva vía que pueda ayudar a asear y redirigir las inercias segregadoras que, a pesar de muchos esfuerzos, todavía habitan nuestro sistema educativo.

Además, quién sabe, quizás me ayudará a vaciar parte de la indignación que me acompaña, por aquello de que es bueno desfogarse. Bueno, iré al grano y sin tapujos, como se suele decir.

No sé si sabéis que cuando una familia demanda al Departament d’Ensenyament por vulneración del derecho fundamental de su hijo/a a una educación inclusiva –y aquí los motivos pueden ser variados: desde la escolarización en un centro de educación especial, la restricción de su régimen de inclusión en los mismos centros ordinarios porque da clase en una aula separada de la de su grupo de referencia, o porque no tenga los apoyos o la respuesta educativa que necesita–, el equipo jurídico del Departament prepara su defensa, sí, la del Departament, con el único objetivo de no perder el procedimiento.

Es bastante surrealista que nuestro Departament d’Ensenyament –porque es nuestro y no de ellos– cierre filas, no por la educación inclusiva, sino en contra de ella. En ninguna de las demandas que en los últimos años hemos participado como Fundación, en ninguna de ellas, se ha dirigido nadie del Departament a nosotros o a la familia para reconducir la situación, puesto que las demandas, por si no lo sabéis, hasta el último momento se pueden retirar. De esta forma se podría ahorrar el mal trago que supone para la familia escuchar todo aquello que dicen los inspectores, orientadores y maestros –perfectamente alineados con la estrategia tomada por los letrados que pagamos entre todos nosotros–, declaraciones que, estoy completamente segura, no serían capaces de decir públicamente y que, cómo he dicho antes, tienen el objetivo de ganar el procedimiento sea como fuere.

Algunas de estas manifestaciones que yo personalmente he oído o leído –y a la vez sufrido en primera persona–, son, por ejemplo, que “los centros de educación especial son inclusivos porque llevan a los niños de vez en cuando a hacer actividades fuera del centro”; que las USEE (ahora SIEI) son aulas donde dos profesionales atienden entre seis y ocho alumnos con diversidad funcional pero que son inclusivas porque están dentro de los centros ordinarios”; que las vetlladores (cuidadoras) son profesionales que están especializadas”; que es cierto que los padres tienen que estar conformes con el dictamen de modalidad especial, que si no lo están no se les puede obligar pero… que “la inspección puede hacer entonces un informe”; que “la escolarización en un centro de educación especial es necesaria en determinados casos porque permite lograr relaciones con iguales con los cuales compartir intereses similares, a la vez que poder beneficiarse de la atención especializada intensiva y multidisciplinar”; que “si no se proporcionan los recursos en el aula ordinaria a un alumno que los necesita, no es por una cuestión económica, sino de concepto”…

Y yo me pregunto: ¿a qué concepto se refieren? ¿Al hecho que para ellos, determinados alumnos, por sus características, no pueden ser junto con sus iguales? ¿Es este el concepto? ¿A la discriminación la llaman ahora cuestión de concepto? Además, una de las cosas que más me impacta es que los representantes del Departament que participan en un procedimiento judicial nunca reconocen que el sistema ha actuado mal, ni siquiera cuando un alumno lleva cuatro o más cursos sin haber recibido los apoyos que necesitaba, ni cuando debido a una clara intervención inadecuada su desarrollo ha quedado comprometido, ni cuando los profesionales han incumplido de forma flagrante la normativa que regula las evaluaciones, los planes individualizados, etc.

Otra cosa que me conmueve es la utilización de elementos que contienen una carga emocional y de alarma social, como por ejemplo, comportamientos disruptivos que describen y explican siempre desde el locus causal del mismo alumno, o quejas otras familias –las cuales incluso en grupos de whatsapp ponen verde/al niño o la niña que es diferente; grupos en los cuales, en algunos casos, incluso participan maestros!–, quejas y comportamientos que después utilizan en las mismas vistas judiciales para transmitir una imagen negativa del niño o de la niña ante el magistrado/ada.

Para el Departament, dentro de las cuatro paredes de la sala de un juzgado, el problema es siempre el mismo alumno, su trastorno, su diagnóstico, que es agresivo, que no es autónomo, o que está muy lejos de sus compañeros… Todavía recuerdo a una maestra que llevaba una carpeta con informes escolares de diferentes alumnos para mostrarlos al juez, y demostrarle aquello que hacían éstos en comparación con lo que hacía el alumno objeto del procedimiento, que tenía un Plan Individualizado y adaptaciones muy significativas. Recuerdo como recalcó que el alumno sólo reconocía el 1, el 2 y el 3, mientras que sus compañeros ya multiplicaban y dividían. Todo esto no es ficción, es muy real y, si me permitís la expresión, es vergonzante e indigno de nuestros representantes, los mismos que ondean la bandera inclusiva a los cuatro vientos.

Son también los mismos que niegan recursos a determinados alumnos alegando que se trata de medidas intensivas que sólo se pueden proporcionar en centros de educación especial, pero que por otro lado firman convenios con asociaciones privadas, que permiten que profesionales especialistas acompañen a los niños y niñas con diversidad funcional dentro del aula; profesionales que son pagados por las mismas familias o por las asociaciones. En todo caso, estamos ante un tipo de privatización de ajustes razonables –aprovechando la desesperación de los padres y madres que evidentemente hacen todo lo que pueden y más por sus hijos–, y de la utilización de estos convenios no para el interés general, sino de sólo unos pocos que, afortunadamente para ellos, lo pueden pagar.

Son los mismos que, en reuniones a puerta cerrada, te dicen por ejemplo que los SIEI (apoyos intensivos para la educación inclusiva) no son aulas, sino apoyos. Y yo me digo a mí misma que no es posible que no sepan que estos recursos funcionan, en la realidad, como aulas de segregación. Porque –no nos engañemos– el planteamiento de estos recursos intensivos, a los cuales se adjudican de forma predeterminada dos profesionales para seis u ocho alumnos, y mediante el cual los centros habilitan y dotan de materiales ciertas aulas separadas de las de referencia, no puede derivar más que en un modelo segregador, dado que es totalmente contrario al mandato de la Convención de la ONU –artículo 24 sobre el derecho a la educación inclusiva–, sobre el hecho de que los ajustes tienen que ser individuales y que la educación de los alumnos se tiene que realizar de forma conjunta, con sus iguales.

Y quizás que lo deje aquí, creo que por hoy es suficiente. Quizás escribiré un segundo capítulo, y un tercero, quien sabe. O quizás no. Lo que sí que tengo claro es que, de vez en cuando, es una cuestión de higiene personal y moral hacer visible aquello que no llega a la mayoría de la gente. Os deseo a todos y todas unas muy buenas reflexiones, y que me acompañáis en mi indignación, que eso también es saludable.

Sueño con el día en que nuestro Departamento, ante la demanda de una familia por vulneración del derecho de su hijo/a a la educación inclusiva, se ponga de su lado y le diga: “Tenéis razón”.