El Partido Socialista de Catalunya (PSC) lleva mañana al pleno del Ayuntamiento de Barcelona una proposición para elaborar una ordenanza contra la prostitución que obligará a todos los partidos políticos a posicionarse, como ya ha pasado en otras ciudades de todo el Estado. La finalidad de la misma es, según presenta el escrito, redactar una ordenanza “contra la prostitución” y dar alternativas para que las mujeres “puedan salir de la prostitución”. Pero en la práctica, no nos engañemos, una norma específica contra la prostitución es una norma contra las personas, en especial las mujeres, que la ejercen. Y es la manera más efectiva de sumirse en la clandestinidad, perseguirlas, invisibilizarlas y aumentar el estigma de puta con el que ya cargan.
De hecho, la propuesta que nos presenta el PSC en Barcelona es engañosa por varias razones. Nos quieren hacer creer que una ordenanza que sólo sanciona con multas administrativas puede luchar contra el tráfico de seres humanos y la prostitución. El estudio del grupo de investigación Antígona concluye, tras analizar el impacto de las ordenanzas municipales sobre la prostitución en todo el estado en los últimos 15 años, que estas han fracasado. Antígona muestra el terrible impacto que tienen en la vida de las mujeres, la falta de efectividad para reducir la actividad en la calle, y la revictimización hacia las mujeres en situación de tráfico. Hace poco en un artículo, Paula Sánchez, del Colectivo Hetaira, explicaba en el mismo sentido que las ordenanzas “dificultan el trabajo de detección de las víctimas de trata de seres humanos, que dificilmente consideraran a los cuerpos de seguridad como aliados”.
Nos engaña cuando nos propone abordar el tráfico y la prostitución con las mismas herramientas, servicios, actuaciones y coordinación entre actores. No estamos hablando de la misma realidad y no lo podemos abordar de la misma manera: el primero es una forma de explotación donde alguien fuerza a alguien a ejercer la prostitución, el segundo es una ocupación en la que un/a por diferentes motivos puede decidir dedicarse pero que desgraciadamente no cuenta con los derechos laborales que requeriría. Nunca podrás acabar con la prostitución y el tráfico de la misma manera. Y el tráfico además es una grave vulneración de derechos humanos que requiere de actuaciones y herramientas muy potentes para hacerles frente. Hemos puesto todos los esfuerzos para mejorar la detección y el acompañamiento de víctimas de tráfico. Hemos creado una Unidad contra la Trata de Seres Humanos con especialistas en el tema que en su primer año de funcionamiento atendió a 109 unidades familiares, de las que el 91,74% sufría tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Los principales objetivos de la Unidad son garantizar los derechos de las potenciales víctimas de la trata, impulsando una atención integral y de reparación del daño; coordinarse con el resto de actores especializados en la lucha contra el tráfico de seres humanos y, además, hacer una labor de concienciación y asesoramiento al personal municipal y a la ciudadanía.
La propuesta que hacen los socialistas esconde otra falsedad. Nos dicen que para acabar con el tráfico hay que acabar con la prostitución. Pero entonces ante el tráfico de personas para explotación laboral, por ejemplo, en el textil, ¿por qué no pedimos prohibir los talleres del textil?, o ante el tráfico por trasplante, ¿por qué no prohibimos los transplantes? En estos casos optamos por defender la contratación digna en un caso y para regular de forma estricta como se debe hacer los transplantes en el segundo. Lo que nos esconden pues es que en la prostitución se está haciendo un juicio moral en vez de defender el derecho de las mujeres a decidir y dar cobertura y seguridad jurídica.
Nos engaña también cuando dice que puede multar proxenetas y clientes, cuando ya hay una Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que establece las multas a los clientes por demanda de prostitución y un Código Penal que recoge y tipifica la pena en el delito de proxenetismo. Una ordenanza municipal en este sentido no puede hacer nada.
El PSC nos engaña cuando se quiere presentar como una opción política coherente en su posición contra la prostitución. De hecho, han promovido la regulación de algunas formas concretas de trabajo sexual. Aquí hay que recordar que en Catalunya, en 2009 con la ley 11/2009 del 6 de julio quedan regulados por ley y con el voto favorable del PSC los locales de alterne, barras americanas o sex-shops. A partir de entonces, todos ellos requieren de licencia municipal, no pueden tener contigüidad con viviendas residenciales, centros docentes, equipamientos asistenciales o sedes de instituciones públicas. Es entonces con esta ley aprobada por el PSC que esta actividad está regulada en toda Catalunya y sus municipios. Qué paradoja.
Por último, nos engaña cuando dice que su intención es “ayudar a las mujeres prostituidas”. No quiero obviar que esta expresión intencionada quiere infantilizar y sacar agencia a las mujeres presentándolas como objetos sin capacidad de decisión. Y recordar la vez que fueron los propios socialistas quienes redactaron la Ordenanza del Civismo que ya perseguía a mujeres y clientes. No quieren proteger, ni ayudar, ni encontrar alternativas. Quieren criminalizar y aumentar el estigma con el que estas mujeres cargan diariamente. La propuesta socialista apuesta, una vez más, por la vía punitiva de la persecución de sus clientes, a que el movimiento de trabajadoras sexuales ha denunciado cientos de veces como una práctica con impacto directo en su precariedad y clandestinidad, por no decir que además penaliza la forma más precaria de ejercer la prostitución, que suele ser la de la calle.
En nuestra ciudad no queremos que se persiga a las personas que ejercen el trabajo sexual, no queremos que sigan siendo estigmatizadas, no queremos que se haga ver que las irán a salvar de nada cuando en realidad no se las escucha ni se las tiene en cuenta. Cuando dijimos que defenderíamos los derechos de las mujeres, queríamos decir de todas las mujeres.
Las mujeres que ejercen la prostitución son nuestras vecinas, en ningún caso se puede hacer una ordenanza que las infantilice y las perjudique. Son mujeres con voz, no las haremos clandestinas ni las excluiremos. Al contrario, seguiremos trabajando para garantizar sus derechos.
Catalunya Plural, 2024 
